No se conocen todavía todos los detalles de la misión de la Comisión Europea (CE) que analizará el conflicto de Gibraltar. Tampoco siquiera las fechas precisas. Pero sí que tendrá cierta singularidad y que no es fácil hallar un precedente exacto en la historia de la Unión. Porque, como reconocen tanto fuentes de la CE como del Ministerio de Asuntos Exteriores español, se trata de una misión "bastante ad hoc", "muy particular", a la que se dará forma para intentar ayudar en un contencioso también bastante aislado como es de la Roca, la única colonia que todavía existe en Europa.
El viernes pasado, David Cameron, el primer ministro británico, reclamó al presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, que envíe un grupo de "observadores" a la Verja. El lunes, el jefe del Ejecutivo comunitario conversó telefónicamente con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y este le invitó a que envíe una misión que evalúe el conflicto bajo un "enfoque global". La CE aceptó el planteamiento de España y prometió que la delegación pisaría la Península "tan pronto como sea posible" para estudiar "in situ las cuestiones relacionadas con el control y el movimiento de personas y bienes en la frontera". El martes, Bruselas adelantó que además del control fronterizo –el punto caliente para Londres, el que más le indigna por las largas colas en los accesos a la Roca–, se examinarían temas como el contrabando, el blanqueo de dinero, el fraude fiscal y, de forma independiente, el vertido de los bloques de hormigón al mar –la raíz de la escalada de tensión–.
La misión, tal y como avanzó el portavoz comunitario Olivier Bailly, estará liderada por expertos de la Dirección General de Interior, dependiente de la comisaria de Interior, la sueca Cecilia Malström, y de la Dirección General de Aduanas, que cae bajo el mando del lituano Algirdas Semeta, comisario de Fiscalidad, Unión Aduanera, Estadística, Auditoría y Lucha contra el Fraude. Además, podrían participar técnicos de la Oficina Europea Antifraude (OLAF), según añadieron fuentes comunitarias. "La misión será conducida por los servicios de la comisaria Malström, porque para nosotros es un tema esencialmente de control de fronteras, y también en asociación con los servicios del comisario Semeta, para cubrir la dimensión aduanera y también la lucha contra el tráfico de mercancías", dijo Bailly. Al tiempo, también están "vinculadas" las autoridades de España y del Reino Unido. La composición de la delegación o sus puntos de trabajo serán perfilados en las sucesivas negociaciones que vaya entablando la CE con los Gobiernos de ambos países, según precisaron fuentes del Ejecutivo de la UE a infoLibre.
La naturaleza de esta misión, en la que están implicados los equipos de dos comisarios –Interior y Fiscalidad–, en la que se evalúan aspectos fronterizos y aduaneros, hace que tanto fuentes de la CE como del Ministerio de Asuntos Exteriores español apunten que se trata de una delegación "bastante ad hoc", para la que no existen antecedentes claros ni exactos.
El ejemplo de Dinamarca y las aduanas
La Comisión Europea desarrolla, básicamente, tres tipos de misiones técnicas. Una, las denominadas fact finding missions, se envían "en respuesta a quejas de ciudadanos sobre problemas con fronteras internas". El ejemplo más cercano fue la comitiva de especialistas que Bruselas envió a Dinamarca, para reunirse con las autoridades del país, y que visitó las fronteras con Alemania y Suecia en julio de 2011. El conflicto había emergido por la decisión del Gobierno de coalición de derecha de reforzar los controles de acceso. El plan, criticado por la oposición, por la CE y por otros países, decayó en octubre de ese año, en cuanto llegó al poder el nuevo Ejecutivo danés, de centroizquierda, liderado por la socialdemócrata Helle Thorning-Schmidt. La Comisión no había tenido tiempo incluso de difundir un informe de legalidad del proyecto.
Una segunda categoría son las evaluaciones de controles en las fronteras (Schengen evaluation mechanism on the EU external borders), que son "regulares, continuas", y se centran en el examen del cumplimiento con el Tratado de Schengen, el acuerdo firmado por 26 países europeos –entre ellos España, pero no el Reino Unido– que supone la creación de un espacio común y la supresión de los controles en las fronteras interiores. El tercer tipo son las misiones de la Dirección General de Aduanas, delegaciones que visitan los Estados miembros de forma continua para ver que el Código Aduanero Europeo se aplica "de forma uniforme".
El resultado de estas misiones son informes con "recomendaciones" que emite la propia Comisión. "Si la Unión constata que la ley europea se infringe o no se aplica puede amenazar al país concernido con un procedimiento de infracción", explicaban ayer fuentes del Ejecutivo de los Veintiocho.
Investigación de los bloques de cemento
La misión que se encargará del conflicto de Gibraltar "es una mezcla de la primera y la tercera categoría", ya que se ocupará de las fronteras internas (el Peñón, aunque no está en el espacio Schengen, pertenece a la UE) y también del paso de mercanías, para ver si se acopla al derecho comunitario. "Aun siendo esta una delegación particular, bastante ad hoc, los especialistas que se mandarán tienen la experiencia requerida", advertían desde la Comisión. En Exteriores completaban la explicación: "Es una misión técnica de evaluación, más o menos ad hoc, que realiza la CE en el marco de sus competencias para verlar por el cumplimiento de la normativa común". El departamento de José Manuel García-Margallo está "a la espera de que la Comisión determine aspectos concretos" para saber "qué ministerios" acompañan a las autoridades de Bruselas. Este periódico contactó con la Embajada del Reino Unido en Madrid, pero un portavoz oficial se remitió a lo dicho por el Foreign Office en los últimos días y por el propio Cameron. Según indicaron el pasado lunes a Efe fuentes oficiales del Ministerio británico de Exteriores, Londres "aplaudirá la implicación de Bruselas" en el contencioso con el Peñón.
Como están pendientes varios detalles, es difícil augurar una fecha precisa. Bruselas confía en que sea lo antes posible y se pueda adelantar el calendario inicialmente previsto (mediados de septiembre). Fuentes de la Comisión recalcaron que la labor del grupo de expertos no es "mediar", porque no se trata de un conflicto "internacional", por la misma razón que no se puede afirmar que sean "observadores" –así los llamó Cameron–. Su tarea es "ayudar, facilitar, aportar experiencia y conocimiento, y comprobar si se aplica la legislación comunitaria". "Siempre recalcamos que la solución vendrá del diálogo entre Londres y Madrid", remachan estas fuentes. En este caso, la CE tendrá igualmente la potestad de emitir un informe de recomendaciones y, si observa infracciones, mandará una notificación al Estado incumplidor y si este no responde, se le abre expediente sancionador, que puede acabar derivando en una multa incluso "millonaria". España también rechaza que se hable de "mediación".
De forma separada, sin que entre en el catálogo de asuntos que deba abordar la misión, Bruselas investigará el lanzamiento de bloques de cemento al mar con el que Gibraltar pretende crear una escollera artificial pero por el que Madrid ha "roto" su "relación de confianza" con el Peñón, según subrayó ayer García-Margallo. Ese análisis responde a una queja formal remitida el pasado 31 de julio por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, al Ejecutivo comunitario, en la que alertaba de que la acción "unilateral" de la colonia podía constituir una vulneración de la normativa medioambiental de la UE.
Memorándum confidencial, ya en Bruselas
Este anuncio del estudio del vertido de hormigón, el martes 20, coincidió con la entrega a la CE, por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, de un memorándum confidencial sobre Gibraltar. En él, según fuentes diplomáticas, se contienen todas las irregularidades que Madrid observa: el tráfico ilícito, el contrabando de tabaco, el incumplimiento de las normas medioambientales, la ruptura del acuerdo de pesca, el juego online, el blanqueo de capitales, el fraude fiscal... Todos ellos vueltos a citar por Margallo ayer. Con ese documento, que la Comisión ahora analizará, el Ejecutivo pretende armarse de argumentos frente a Londres y ante la comisión de verificación que se desplazará expresamente.
El texto aborda, pues, "todos los asuntos" en discordia, excepto la soberanía, porque esta queda fuera del ámbito de la UE y descansa en el diálogo bilateral con el Reino Unido y en foros internacionales. De hecho, según escribía el ministro el lunes en The Wall Street Journal, España no ha renunciado a reanudar las negociaciones sobre la titularidad del Peñón, "que han estado paradas mucho tiempo". El ministro informará de los siguientes pasos del Gabinete del PP en el Congreso el próximo 3 de septiembre, pero antes, previsiblemente el martes 27 de agosto, la Cámara debatirá sobre el contencioso en la última reunión de la Diputación Permanente antes del comienzo del nuevo periodo ordinario de sesiones.
No se conocen todavía todos los detalles de la misión de la Comisión Europea (CE) que analizará el conflicto de Gibraltar. Tampoco siquiera las fechas precisas. Pero sí que tendrá cierta singularidad y que no es fácil hallar un precedente exacto en la historia de la Unión. Porque, como reconocen tanto fuentes de la CE como del Ministerio de Asuntos Exteriores español, se trata de una misión "bastante ad hoc", "muy particular", a la que se dará forma para intentar ayudar en un contencioso también bastante aislado como es de la Roca, la única colonia que todavía existe en Europa.