El sector de las residencias de mayores está cada vez más controlado en España por un grupo de empresas privadas en manos de fondos de inversión y de multimillonarios españoles y franceses. También la Iglesia católica gestiona cientos de residencias, sobre todo a través de congregaciones de monjas. Las fundaciones y asociaciones no religiosas y las cooperativas tienen un papel muy limitado, con una única excepción: Gestión de Servicios Residenciales (GSR), una cooperativa del grupo vasco Mondragón que cuando comenzó la pandemia se encargaba de 19 geriátricos. De ellos, 14 estaban en Euskadi y tres en Navarra.
Los datos de fallecidos en las residencias de ambas comunidades durante la primera ola de la pandemia, obtenidos por infoLibre a través de los portales de transparencia de los cuatro territorios forales, muestran que GSR fue precisamente el grupo que mejor resistió tanto en Euskadi como en Navarra.
En marzo y abril de 2020 fallecieron unas 20.000 personas mayores que vivían en residencias. Muchas de ellas, especialmente en Madrid y Cataluña, después de que se les negase la derivación a un hospital y perdiesen la vida en los propios centros sin recibir una atención médica adecuada. En mayo de aquel año, infoLibre solicitó a las 16 comunidades autónomas y las tres diputaciones forales vascas con competencias sobre la materia los datos de fallecidos desglosados por residencias. Como informó ayer este periódico, los datos oficiales de 14 comunidades autónomas confirman que la hecatombe en los geriátricos se concentró en los grandes grupos privados.
GSR representa la otra cara de la moneda. En Euskadi gestionaba en aquel momento 14 residencias, que en total disponían de 818 plazas. En diez centros no falleció ninguna persona con covid o síntomas compatibles, en un geriátrico murieron cuatro (Debagoiena en la localidad guipuzcoana de Aretxabaleta) y en otros tres se registró un deceso en cada uno. En Navarra GSR se encargaba de tres centros con 179 plazas, de los que dos no tuvieron ninguna víctima mortal, mientras que en el tercero falleció una persona. En ambas comunidades, si se comparan los porcentajes de residentes fallecidos con el número de plazas gestionadas, GSR tuvo los mejores datos.
En Euskadi y Navarra también se cumplió la misma pauta que en el resto de España: la catástrofe se concentró en los principales grupos privados. En el primer caso el protagonismo negativo fue de DomusVi, en cuyos centros murieron 90 personas, el 13,7% de todas las que perdieron la vida en Euskadi (653 en total) a pesar de que sólo gestionaba el 6,4% de las plazas residenciales (1.197 en números absolutos). En el segundo fue de Amavir, que sumó 83 víctimas mortales en Navarra (20,6% del total), comunidad donde contaba con 639 plazas (10,9% del total).
También fueron muy negativos los datos de Caser en Euskadi, con 70 fallecidos (10,7% del total) en los tres territorios, donde explotaba 812 camas (4,3% del total).
En el conjunto de Euskadi fallecieron 653 personas mayores en los dos primeros meses de pandemia. La comunidad disponía de 18.715 plazas residenciales, de forma que la tasa de mortalidad se situó en el 3,5%. Mucho más alta fue en Navarra, con 403 muertes en una comunidad que contaba con 5.835 camas, de forma que esa tasa alcanzó el 6,9% (en realidad en ambos territorios fue algo menor puesto que, aunque la ocupación era altísima, no todos los centros estaban llenos al cien por cien).
En cuanto al análisis sobre el impacto según el tipo de gestión, pública o privada, ambas comunidades muestran resultados diferentes. Euskadi es una de las cuatro de España donde el sector público tuvo peores resultados, ya que en sus centros se produjeron el 27,8% del total de fallecimientos a pesar de que tenían sólo el 15,5% de las plazas. En Navarra, en cambio, la afectación fue menor en el sector público, en cuyas residencias se registraron el 14,1% de las muertes totales aunque disponían del 16,9% de las camas. De las 14 comunidades autónomas que han facilitado la información a infoLibre, sólo en Extremadura, Euskadi, Castilla-La Mancha y Cataluña fue mayor el impacto en los geriátricos públicos.
En cuanto a residencias concretas especialmente golpeadas por el virus, destaca la Casa de Misericordia en Pamplona, donde 65 residentes perdieron la vida durante los dos primeros meses de pandemia con covid o con síntomas compatibles. Solo hay ocho geriátricos, de los 3.949 que estaban operativos en las 14 comunidades autónomas, donde el número de decesos fue mayor.
Hay que destacar que la Casa de Misericordia, con 575 camas, es la tercera residencia más grande de España. Sus resultados durante la primera ola constituyen el enésimo ejemplo de cómo el tamaño fue un elemento relevante en la incidencia del covid, pese a que las patronales del sector se empeñen en negar la evidencia. En esta misma línea se puede señalar otro hecho: 16 de los 17 centros de GSR en Euskadi y Navarra contaban con menos de cien plazas.
También fueron tremendas las cifras en dos geriátricos de Amavir en Pamplona: 38 muertos en el centro de Oblatas y 35 en el de Argaray.
En Euskadi la peor residencia fue Alto del Prado, explotada por Caser, con 32 decesos en los dos primeros meses de pandemia.
A continuación, infoLibre detalla los datos en cada uno de los tres territorios forales vascos, que son los que tienen en dicha comunidad autónoma las competencias en materia de residencias.
ÁLAVA
Álava tenía 56 residencias operativas cuando llegó la pandemia y en 33 de ellas (58,9% del total) no se produjo ningún fallecimiento de personas con covid o con síntomas compatibles en marzo y abril de 2020. Un porcentaje que es inferior a la media de España (62,6%) y de Euskadi (67,6%). Álava tenía 2.807 plazas residenciales y en ese periodo fallecieron 179 personas mayores. La tasa de mortalidad en relación con el número de camas fue, por tanto, del 6,37%.
En territorio alavés el impacto fue mayor en los centros de gestión pública, que disponían del 27,22% de las plazas (764 en números absolutos) y registraron el 39,11% de los fallecimientos (70 personas). La mayor incidencia se registró en las residencias Zadorra (16 decesos) y Sallurtegui (12 muertes), ambas gestionadas por el Gobierno foral, y en el centro San Prudencio (14 fallecimientos), en manos del Ayuntamiento de Vitoria.
Los dos geriátricos donde se produjeron mayor número de muertes pertenecen, sin embargo, a grandes grupos privados. El peor en toda Álava fue Alto del Prado, de Caser, donde perdieron la vida 32 personas. Ese centro, con 183 camas y situado en Vitoria, es el más grande de la provincia.
La residencia San Martín, del grupo Sanitas y también localizada en Vitoria, fue con 19 decesos la segunda peor en todo el territorio foral.
El virus también causó estragos en el centro vitoriano Ariznabarra, titularidad del Gobierno foral pero que está gestionado por DomusVi, donde fallecieron 15 personas. Un hecho que ejemplifica otra de las pautas que se repiten en toda España: los malos datos registrados en muchas residencias de gestión indirecta, es decir, aquellas que han sido privatizadas por las Administraciones.
BIZKAIA
En Bizkaia estaban abiertas 154 residencias en la primavera de 2020, que contaban con 10.628 plazas. En marzo y abril fallecieron 301 personas con covid o síntomas compatibles. La tasa de mortalidad fue la más baja de los tres territorios forales vascos (2,83%). En 106 centros no se produjo ningún deceso, lo que equivale al 68,8% del total.
En cuanto a la afectación según el tipo de gestión, existe una proporción casi exacta entre fallecimientos y plazas gestionadas. El sector público se encargaba del 9,63% de las camas (1.024 en cifras absolutas) y tuvo el 9,30% de los decesos (28 personas).
Las peores cifras, con diferencia, se registraron en los centros de DomusVi, que disponía de 653 plazas y registró 54 fallecimientos. El geriátrico más afectado fue DomusVi Ribera, en Bilbao, con 21 decesos. En Sarrikue Aperribai fallecieron 12 personas, en Las Laceras 9 y en Arandia 8. Esos geriátricos están localizados en Galdakao, Balmaseda y Arrigorriaga, respectivamente. En Sarrikue Arbidea, en Bilbao, perdieron la vida 4 residentes.
También fueron muy negativos los datos en Caser, que explota dos geriátricos en la capital vizcaína, en los que murieron 29 personas (16 en la residencia Txurdinaga Gurena y 13 en la de Artxanda).
Los dos grupos privados más importantes en el territorio histórico son vascos. El principal es Vitalitas-Babesten, que gestiona 1.174 en total y registró 48 decesos. Sus peores datos fueron los de Gazteluondo, en Bilbao, y Egoitz Alai, en Bermeo, con diez defunciones en cada caso.
Mucho mejor fue el comportamiento en los seis centros de Igurco, que disponían de 786 plazas y donde fallecieron seis personas (cinco de ellas en Bilbozar).
GIPUZKOA
En Gipuzkoa existían 62 residencias con un total de 5.280 plazas. En los dos primeros meses de pandemia fallecieron 173 residentes, lo que situó la tasa de mortalidad en el 3,27%. En 45 centros no se produjo ningún deceso de personas con covid o síntomas compatibles, lo que supone que el virus no tuvo efectos mortales en el 72,5% de los geriátricos.
El análisis según el tipo de gestión muestra que Gipuzkoa es uno de los lugares de toda España donde peores datos registró el sector público en comparación con el privado. El 21,3% de las plazas estaban en centros gestionados por la Administración (1.125 en cifras absolutas) y en ellos se contabilizaron el 48,5% de los fallecimientos (84 personas). Los datos fueron especialmente negativos en tres residencias públicas: San José de Ordizia, con 25 muertes; Iturbide en Arrasate, con 24 decesos, y Yurreamendi en Tolosa, con 15 muertes. Las dos primeras fueron las más afectadas en todo el territorio foral.
Los datos oficiales de 14 comunidades prueban que la catástrofe de las residencias se concentró en los grandes grupos privados
En cuanto a los grupos privados, el peor también aquí fue DomusVi: con el 5,5% de las plazas gestionadas (294 camas) sufrió el 12,1% de los fallecimientos (21). Todas las muertes se registraron en el centro Berra, localizado en Donostia.
También perdieron la vida 21 personas en la residencia Santa Ana, en Zarautz, gestionada por una fundación del mismo nombre.
Los dos principales grupos privados en Gipuzkoa también son vascos. Matia Fundazioa gestionaba 694 camas y sufrió 22 decesos (11 en el centro Lamourous de Zumaia y otros 11 en el de Argixao de Zumarraga), mientras que Biharko se encargaba de 687 plazas y tuvo 6 fallecimientos (todas en el geriátrico Arangoiti de Beasain). Biharko fue el grupo con mejores datos en Gipuzkoa.
El sector de las residencias de mayores está cada vez más controlado en España por un grupo de empresas privadas en manos de fondos de inversión y de multimillonarios españoles y franceses. También la Iglesia católica gestiona cientos de residencias, sobre todo a través de congregaciones de monjas. Las fundaciones y asociaciones no religiosas y las cooperativas tienen un papel muy limitado, con una única excepción: Gestión de Servicios Residenciales (GSR), una cooperativa del grupo vasco Mondragón que cuando comenzó la pandemia se encargaba de 19 geriátricos. De ellos, 14 estaban en Euskadi y tres en Navarra.