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Unidos Podemos propone gastar 24.500 millones más este año para acabar con el "déficit social"

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El desencuentro entre el PP y Ciudadanos y el PNV tiene los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 paralizados. Pero Unidos Podemos presentó este lunes su propia propuesta económica para este año, un documento en el que la coalición morada plantea aumentar el gasto público en 24.550 millones de euros que se verían compensados, según el plan, por un incremento de los ingresos de 14.805 millones, procedentes fundamentalmente de una reforma fiscal, el destope de las cotizaciones a la Seguridad Social y la ralentización de las políticas de reducción del déficit público.

La presentación del documento es la primera gran acción de la coalición desde que anunció que su línea estratégica para 2018 sería la de tratar de poner las políticas sociales de nuevo en el centro de su discurso. De los más de 24.500 millones que Unidos Podemos propone como aumento del gasto público para este año –en comparación a los PGE de 2017–, el grueso (20.000 millones) serviría para financiar un total de 15 medidas sociales "para poner el crecimiento al servicio del verdadero progreso social". De entre ellas, las dos más gravosas serían la implantación de una ayuda para familias por debajo del umbral de la pobreza con niños y dependientes a su cargo (dotada con 3.100 millones de euros) y el establecimiento de la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años (que costaría 3.000 millones de euros en 2018).

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Además, se plantea aumentar en 2.500 millones de euros la financiación de la Ley de Dependencia para "poner fin al limbo de la dependencia", explica Unidos Podemos, que asegura que con esa cantidad podría ofrecerse asistencia a los 320.000 beneficiarios que tienen la ayuda reconocida pero no la reciben. Una cantidad similar (2.200 millones de euros) serviría, según las cuentas de la coalición, para elevar las pensiones públicas de acuerdo a la subida del IPC, para evitar que éstas pierdan poder adquisitivo. Y estas medidas se acompañarían de un plan de empleo juvenil (1.100 millones), la primera fase de rehabilitación de viviendas para la "eficiencia energética" (1.300 millones), la convocatoria de 20.000 plazas de empleo público (800 millones) o un plan de alquiler de viviendas de grandes propietarios que las tengan desocupadas (700 millones de euros).

Por el lado de los ingresos, la mayor parte del incremento provendría del destope de las cotizaciones de la Seguridad Social, una medida que permitiría a la institución recaudar 7.250 millones más en 2018, según los cálculos de Unidos Podemos. Además, la reforma fiscal de la coalición –que plantea subir los impuestos medioambientales, implantar un "impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas" y otro tributo a los beneficios de la banca, cambios en el IRPF o la reducción del IVA en los suministros y los productos de primera necesidad– generaría un incremento de 4.745 millones en comparación con los PGE del pasado año, calcula Unidos Podemos.

Por otra parte, la idea de Unidos Podemos es aminorar el ritmo de reducción del déficit para conseguir más margen presupuestario. El objetivo marcado por la UE para 2017 fue del 3,1%, y para 2018 el compromiso que ha asumido el Gobierno con la Comisión Europea es llevarlo al 2,2%. No obstante, Bruselas permite a los Estados miembros tener un desequilibrio en sus cuentas públicas de hasta el 3%, por lo que la coalición morada apuesta por dejar de reducir déficit dado que España ya estaría en los márgenes establecidos por las instituciones. En el escenario previsto por Unidos Podemos para 2018, el déficit se mantendría en el 3%: el gasto público se elevaría hasta el 42,3% del PIB (los PGE actuales lo dejan en el 40,6%) mientras los ingresos del Estado ascenderían al 39,3% del PIB (ahora mismo están en el 38,4%).

El desencuentro entre el PP y Ciudadanos y el PNV tiene los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 paralizados. Pero Unidos Podemos presentó este lunes su propia propuesta económica para este año, un documento en el que la coalición morada plantea aumentar el gasto público en 24.550 millones de euros que se verían compensados, según el plan, por un incremento de los ingresos de 14.805 millones, procedentes fundamentalmente de una reforma fiscal, el destope de las cotizaciones a la Seguridad Social y la ralentización de las políticas de reducción del déficit público.

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