El expediente abierto por la Universidad de Málaga (UMA) a Íñigo Errejón, número dos de Podemos, por posible incumplimiento de contrato contiene una acusación que hasta ahora se desconocía. El instructor del expediente afirma en su informe, al que ha tenido acceso infoLibre, que para justificar su trabajo Errejón entregó "ficheros que tienen fecha de última modificación anterior al 17 de marzo de 2014, momento en que fue contratado".
Como ejemplo de esta acusación, el instructor, Enrique Caro Guerra, explica lo siguiente en su informe, firmado el pasado 2 de diciembre: "Véase la carpeta de 'datos provincia Andalucía no digitalizado' incluida en la carpeta 'situación vivienda vacía' que está a su vez incluida en la carpeta 'Datos Estadísticos'. Igualmente y en el mismo sentido, la circunstancia anterior se produce en archivos incluidos en las catorce subcarpetas incluidas a su vez en la carpeta denominada 'bibliografía'.
Por ello, el instructor considera "necesario y conveniente que especialistas del Servicio Central de Informática de la UMA pudieran emitir su parecer" sobre estos hechos. Como considera "necesario y conveniente" comprobar la inexistencia de bases de datos y bibliografía en Málaga, razón que Errejón alegó para trabajar desde Madrid.
El instructor del expediente argumenta en su informe, remitido a la rectora de la UMA, Adelaida de la Calle, su decisión de suspender provisionalmente de sus funciones a Errejón por dos "faltas disciplinarias". Por dos razones, por "no haber desarrollado su trabajo conforme a los términos y cláusulas" establecidas en su contrato como investigador, suscrito el 17 de marzo de 2014, y por "no haber solicitado la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas desarrolladas durante su vigencia".
Errejón firmó su contrato como miembro de un equipo investigador dirigido por Alberto Montero, para el desarrollo del proyecto de I+D+i denominado La vivienda en Andalucía: diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda, que financia la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, dependiente de la Consejería de Fomento (dirigida por Elena Cortés, de IU). El contrato era de 40 horas semanales, con un sueldo bruto mensual de 1.825 euros.
En relación al lugar físico desde donde Errejón realizó los trabajos del proyecto de investigación, se destaca en el expediente que la cláusula 5º del contrato firmado contempla la posibilidad de ejecutar trabajos en un "lugar distinto" al centro de trabajo habitual –la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la UMA– "sin que ello desvirtúe la naturaleza del presente contrato, ya que dichos trabajos serán necesarios e imprescindibles para el proyecto de investigación".
El propio Errejón comunicó al instructor, en su comparecencia del pasado 28 de noviembre, según recoge el informe, que habitualmente desarrolla su trabajo en Madrid, "en virtud de un permiso verbal del director del proyecto de investigación", Montero, miembro también de Podemos y de su Consejo Ciudadano (máximo órgano entre asambleas). Un dato que corroboró este mismo. El número dos de Pablo Iglesias relató que suele trabajar "en su domicilio, en bibliotecas públicas y en la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid".
¿Qué tareas tenía que hacer?
Montero, que también compareció ante Caro Guerra el mismo día, el 28 de noviembre, justificó la permanencia de Errejón en Madrid por "el acceso a bases de datos y bibliografía de la que se carece en Málaga, especialmente en lo que a datos no digitalizados sobre censos de vivienda se refiere, y por la posibilidad de contactar directamente con actores implicados en la defensa del derecho a la vivienda, y recabar de ellos información y propuestas que pudieran enriquecer el contenido final del proyecto de investigación".
En el informe facilitado por Montero al instructor, las tareas asignadas a Errejón en el periodo comprendido entre el 17 de marzo y el 16 de junio (el contrato se iba renovando cada tres meses) eran: escaneado, digitalización y elaboración de tablas de Excel; levantamiento de una base bibliográfica sobre la vivienda en España; concertar y celebrar con representantes de la sociedad civil y de los movimientos sociales antidesahucios y comenzar el análisis comparativo de las políticas públicas europeas en materia de tratamiento de las viviendas vacías.
En el siguiente trimestre, debía elaborar un informe sobre análisis comparativo de las políticas de tratamiento de las viviendas vacías en Europa y redactar junto al profesor de la Universidad de Sevilla Vicente Barragán un informe sobre los cambios en las dinámicas sociales en materia de hogar y familia. Por último, entre el 17 de septiembre y el 16 de diciembre, Errejón tenía que colaborar en la parte politológica del informe con el docente Jesús Abellán (de la Pablo de Olavide), elaborar dos informes (sobre políticas públicas comparadas y sobre imparto territorial por partidos judiciales de los desahucios en Andalucía) y un dossier final.
Montero entregó a Caro Guerra un pendrive con los trabajos hechos por Errejónpendrive . Y ahí el instructor aprecia esos ficheros con fecha de última modificación anterior al 17 de marzo de 2014. También que es "conveniente y necesario" verificar la inexistencia de bases de datos y bibliografía en Málaga. Asimismo, detecta que entre los archivos incluidos en el lápiz de memoria "no existen hojas de cálculo, en formato Excel", tarea que tenía que haber realizado.
Caro cree que la mayor parte de los trabajos asignados a Errejón "pueden desarrollarse en cualquier lugar y no necesariamente en Madrid, pudiendo en algunos de ellos estar justificado su desplazamiento a Sevilla", por encontrarse allí los profesores Barragán y Abellán. Recuerda la citada cláusula 5ª del contrato, que permite ejecutivar trabajos en un lugar diferente al de la Facultad de Estudios Sociales de la UMA, pero con "carácter ocasional y extraordinario y reversible". Y añade: si la presencia del número dos de Podemos en Madrid durante toda la vigencia del contrato hubiera sido "necesaria e imprescindible" para el proyecto como consecuencia de la ubicación de las bases de datos y bibliografía de la que se carece en Málaga y de la necesidad de contactar con colectivos, "esta circunstancia debería haber sido prevista en la convocatoria del preceptivo concurso, haciendo constar el correspondiente lugar de trabajo en Madrid".
No basta la autorización verbal
Caro considera que si esta circunstancia hubiera sido "sobrevenida", el cambio de adscripción del lugar de trabajo de Errejón, "el cual se ha producido de hecho, no puede resolverse con una mera autorización del investigador principal y responsable del proyecto, toda vez que el lugar de trabajo es un elemento básico de la convocatoria y del contrato de trabajo suscrito".
"Quien suscribe entiende que no puede modificarse mediante una simple autorización del investigador principal uno o algunos de los elementos esenciales de un acto administrativo y contractual dictado por el órgano competente para ello, que en este caso concreto es la vicerrectora de Investigación y Transferencia por delegación de la rectora de esta universidad", subraya el instructor. Este pone objeciones a la afirmación de Errejón de que el permiso de Montero "no tenía establecidos límites", una decisión que entrañaría "riesgos adicionales", como por ejemplo un accidente de trabajo.
En el caso de que se produzcan unas circunstancias sobrevenidas que determinen la necesidad de cambiar un elemento básico del contrato como es la ubicación del lugar del trabajo, el instructor considera que hay que actuar de acuerdo con el artículo 24. 2 Reglamento de Contratación de trabajos de carácter científico, técnico o artístico y de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación de la Universidad de Málaga.
Respecto a la incompatibilidad, el instructor indica que la ley de incompatibilidades establece que el ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las administraciones públicas requerirá el "previo reconocimiento de compatibilidad" y que quienes se hallen autorizados para el desempeño de un segundo puesto o actividad pública deberán instar el reconocimiento de compatibilidad con ambos.
Caro Guerra relata que Errejón, en su comparecencia del 28 de noviembre, declaró que había recibido otra remuneración económica de pagador distinto a la UMA, "en concepto de honorarios por la emisión de dos informes relacionados con las pasadas elecciones europeas, por importe total aproximado de 6.000 euros" –era el jefe de campaña de Podemos– y que no había solicitado a la universidad "autorización para poder compatibilizar el desarrollo del contrato con otro tipo de actividades remuneradas", circunstancia que fue ratificada por la vicerrectora de Investigación y Transferencia.
Propuesta de expediente disciplinario a Montero
Por todo ello, el instructor propone suspender provisionalmente de sus funciones a Errejón. Y plantea además la incoación de un expediente disciplinario al director del proyecto de investigación por considerar que pudieran ser susceptibles de calificarse como "faltas disciplinarias" dos hechos. Uno, haber permitido que Errejón no haya desarrollado su trabajo conforme a los términos y cláusulas establecidas en el contrato, y su "inobservancia" de lo dispuesto en los artículos 24. 2 y 25 del Reglamento de Contratación de trabajos de carácter científico, técnico o artístico y de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación de la Universidad de Málaga.
Adelaida de la Calle asumió el informe del instructor y, ayer jueves, anunció la suspensión de empleo y sueldo a Errejón y la apertura de expediente disciplinario, tanto a él como a Montero. El número dos de Podemos, contratado hasta el 16 de diciembre –él ya había pedido su desvinculación a la UMA al asumir la cartera dentro de la ejecutiva de Podemos– cuenta con diez días para presentar alegaciones contra la suspensión de trabajo y salario, y él y su director de proyecto disponen de un mes para presentar recurso de reposición ante la rectora o por la vía contencioso-administrativa. Si se demuestran los hechos denunciados, será el momento de aplicar las sanciones.
53% de ejecución
La controversia sobre el posible incumplimiento de contrato de Errejón le ha perseguido en las últimas semanas. La presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, ya dijo que al número dos de Podemos había que aplicarle "la misma vara de medir" que al resto de políticos y le advirtió de que si se demostraban los hechos, tendría que "devolver el dinero", propuesta que no figura en el informe del instructor.
Podemos, a su vez, atribuyó la polémica a una campaña "inquisitorial" contra su formación, e insinuó que las "presiones" de Díaz habrían sido claves en la instrucción del expediente. Ella negó la acusación. Preguntada este viernes en Sevilla, señaló que es "respetuosa con la autonomía de la universidad" y pidió que "todo el mundo sea ejemplar a la hora de gastar los recursos públicos que son de todos". La consejera de Fomento fue aún más dura: las "en democracia", las acusaciones "hay que demostrarlas". Errejón, por su parte, se felicitó ayer de que la UMA le reprochase un "error administrativo". Montero defendió que el revuelo responde a "una ofensiva de grupos políticos temerosos del ascenso" de Podemos.
Tras una reunión de seguimiento del proyecto, que debe concluir en junio de 2015, la Consejería de Fomento y Vivienda estimó el pasado 25 de noviembre en un 53% su grado de ejecución.
El expediente abierto por la Universidad de Málaga (UMA) a Íñigo Errejón, número dos de Podemos, por posible incumplimiento de contrato contiene una acusación que hasta ahora se desconocía. El instructor del expediente afirma en su informe, al que ha tenido acceso infoLibre, que para justificar su trabajo Errejón entregó "ficheros que tienen fecha de última modificación anterior al 17 de marzo de 2014, momento en que fue contratado".