El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica este martes su estadística anual sobre violencia doméstica y de género. La principal conclusión del organismo tiene que ver con un incremento del 7,9% respecto a las víctimas, siempre teniendo en cuenta que los casos estudiados son aquellos que se encuentran en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género, donde constan todas las víctimas y denunciados en base a las órdenes de protección o medidas cautelares dictadas. El incremento que experimenta el registro a nivel estatal se reproduce, a rasgos generales, en las comunidades autónomas. Pero con diferencias sustanciales entre ellas.
La estadística del INE refleja una brecha territorial sostenida en el tiempo. Las comunidades con mayor número de víctimas inscritas por violencia de género en 2018 fueron Andalucía (7.047) y la Comunitat Valenciana (4.794), mientras que en el extremo opuesto se posicionaron Melilla (62) y Ceuta (65). Para apreciar las desigualdades territoriales conviene establecer una comparativa en términos relativos. El propio INE desgrana los resultados en tasas de cada mil mujeres entre la población de catorce años o más. Y en ese escenario, las mayores tasas se registaron el pasado año en La Rioja (2,4), Comunitat Valenciana (2,2) y Murcia (2,2). Por el contrario, País Vasco (0,8), Cataluña (1,0) y Galicia (1,0) se consolidan como las comunidades con menores tasas de víctimas de violencia en base a las órdenes de protección impuestas.
Una mirada a años anteriores revela una tendencia que no experimenta grandes cambios. Hay tres comunidades que se disputan, año tras año, los primeros puestos: Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía. Al otro lado de la balanza, otras tres se consolidan como los territorios con una tasa menor de víctimas con órdenes de protección. Son Euskadi, Cataluña y Galicia. En 2017, las tres primeras comunidades registraron una tasa del 1,9 todas ellas, mientras que en las otras tres las cifras se redujeron a 0,7, 0,8 y 1, respectivamente. Las mismas cifras se repitieron en 2016 y en 2015, sin apenas cambios.
Las órdenes de protección
Los expertos consultados por este diario maniobran con cautela al interpretar los datos. En primer lugar, recuerdan, el instrumento que emplea el INE es en sí explicativo. El registro al que se refiere en organismo y en base al que confecciona la estadística "recoge actividad judicial" porque "explota los datos relativos a las órdenes de protección", recuerda Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres. Por tanto, agrega, es necesario considerar el hecho de que esa territorialización "recoge un sesgo, la propia concesión de órdenes". Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, insiste también en que la tasa tiene "esa pequeña trampa" y es que no está midiendo una realidad en negativo –la violencia de género–, sino la respuesta positiva –las órdenes de protección– a esa realidad.
Partiendo de esa base, Soleto recuerda que "hay determinados tipos de partidos judiciales donde se producen diferencias inexplicables". De acuerdo al último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un 69% de las órdenes de protección solicitadas por las víctimas son adoptadas en todo el territorio estatal. Pero existen determinadas comunidades que no alcanzan esa frontera y otras que la sobrepasan con creces. El cruce resultante de tales datos y la estadística del INE vendría a arrojar algo de luz al asunto. Por ejemplo, Cataluña es la comunidad que menos medidas de protección concede (51%), pero también País Vasco (62%) y Galicia (67%) se encuentran por debajo de la media. Por encima, La Rioja lidera el listado (91%) y también la Comunitat Valenciana (84%), Andalucía (77%) y Murcia (71%) van un paso por delante de la tendencia general.
Esta reflexión la comparte también Altamira Gonzalo, vicepresidenta de Themis Mujeres Juristas. En conversación con infoLibre, la letrada recuerda que existen comunidades donde tradicionalmente se conceden más órdenes de protección que en otras. Al final, sostiene, las medidas de protección "dependen mucho de los juzgados de un sitio y de otro", porque cada uno opera con criterios muy determinados. La concesión de órdenes también está condicionada a la existencia de "juzgados especializados o de guardia, que conceden un porcentaje inferior".
Víctimas y agresores extranjeros
La estadística del INE refleja, además, tanto a las víctimas como a sus agresores en función de su lugar de nacimiento. Atendiendo a esta característica, casi dos de cada tres víctimas de violencia de género nacieron en España, concretamente el 64,9%. En cuanto a los maltratadores, un total de 31.250 hombres fueron registrados como denunciados por violencia de género en los asuntos con orden de protección o medidas cautelares. De ellos, dos de cada tres, el 65,1%, habían nacido en suelo español.
De nuevo el INE ofrece la tasa por cada mil mujeres y hombres de catorce años en adelante. En ese sentido, la tasa de víctimas fue casi tres veces superior en las nacidas en el extranjero, con un total de 3,5, que en las nacidas en España, con una tasa de 1,2 por cada mil mujeres mayores de catorce años. Entre las víctimas nacidas en el extranjero, las africanas y americanas presentaron las tasas más elevadas (4,9 y 3,5), seguidas por las europeas (3,3) y las asiáticas (1,2).
En cuanto a los agresores, la tasa es también superior en los nacidos en el extranjero (3,8) que en los españoles (1,2). Entre los extranjeros, se repite la misma escala que afecta a las víctimas: los africanos lideran el listado (5,1), seguidos por los americanos (3,9), los europeos (3,4) y los asiáticos (1,5).
Soleto recalca la importancia de no perder de vista las cifras globales. "Es importante comparar los datos absolutos", dice, y ahí es donde inequívocamente la mayoría de víctimas y de agresores son de origen español. Partiendo de esa idea, añade Soleto, hay que tener en cuenta que la machista es una "violencia ideológica", de manera que es razonable que se reproduzca en mayor medida entre las culturas que "desprecian los derechos de las mujeres". Por otro lado, las mujeres migrantes habitualmente "están menos protegidas y son susceptibles de convertirse en víctimas".
Lorente sugiere repensar qué da lugar a la orden de protección y las circunstancias en las que se dicta. Por lo general, dicha medida se impone en los casos donde el riesgo es mayor. En ese contexto, ocurre que las mujeres extranjeras son más reacias a la denuncia, de manera que cabe suponer que deciden dar el paso cuando la situación se torna extrema.
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Por otro lado, y respecto a los agresores, Lorente recuerda que "se agrede y se mata por ser machista, no por ser extranjero". Y subraya que "en todos los rincones del planeta existe violencia contra las mujeres", aunque el grado de prevalencia varía, según la OMS, en cada región. De acuerdo al organismo internacional, la prevalencia de la violencia física o sexual contra las mujeres a manos de sus parejas es de un 25,4% en Europa, un 29,8% en América o un 36,6% en África. Por tanto existe "más machismo en un contexto o en otro".
Por otro lado, reflexiona Lorente, el tramo de edad de mayor violencia comprende los 25 y 45 años, precisamente la edad en la que la población migrante suele asentarse en un país para formar una familia o buscar trabajo. "Hay sobrerrepresentación de hombres extranjeros en la edad más violenta", afirma el exdelegado del Gobierno. Según los datos del INE a enero de 2019, los tramos de edad donde mayor población masculina extranjera se concentra está entre los 25 y los 49 años.
Un tercer factor a tener en cuenta es el relacional, remata Lorente, y tiene que ver con los lazos entre personas "del mismo origen, redes y espacios". En ese contexto, dice, "cuando el maltratador se siente cuestionado o rechazado por su pareja, se siente también más ridiculizado ante los suyos", algo similar a lo que ocurre en las zonas rurales, lo que "influye en la conducta violenta".
El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica este martes su estadística anual sobre violencia doméstica y de género. La principal conclusión del organismo tiene que ver con un incremento del 7,9% respecto a las víctimas, siempre teniendo en cuenta que los casos estudiados son aquellos que se encuentran en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género, donde constan todas las víctimas y denunciados en base a las órdenes de protección o medidas cautelares dictadas. El incremento que experimenta el registro a nivel estatal se reproduce, a rasgos generales, en las comunidades autónomas. Pero con diferencias sustanciales entre ellas.