Tanto el Defensor del Pueblo como las organizaciones de derechos humanos advirtieron de que la repatriación que se estaba llevando a cabo no cumplía con los requisitos legales. Pero el Ministerio del Interior hizo oídos sordos. Y siguió adelante con una operación cuya ilegalidad acaba de ser confirmada, año y medio después, por el Supremo. Para el Alto Tribunal, el proceso de expulsión de los menores que habían llegado a Ceuta en plena crisis diplomática con Marruecos vulneró sus derechos a la "integridad física y moral". Un sonoro varapalo al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska que abre la puerta al retorno de estos chavales y que complica el futuro judicial de dos exaltos cargos del Gobierno central y ceutí que se encuentran a la espera de juicio por estas expulsiones.
Los hechos se remontan a 2021. En mayo de aquel año, durante una crisis diplomática con Marruecos, se produjo en la ciudad autónoma una entrada de unas 12.000 personas, entre las que había un millar y medio de menores de edad. Esos jóvenes fueron alojados en instalaciones habilitadas para tal efecto. Y allí estuvieron durante tres meses, cuando funcionarios españoles se reunieron con sus homólogos marroquíes en la zona fronteriza entre ambos países. Entonces, convinieron el retorno de los muchachos a Marruecos. Lo hicieron "acudiendo como fundamento normativo" al acuerdo hispano-marroquí sobre cooperación en materia de prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su vuelta concertada.
De esta manera, los menores fueron enviados "en grupos de varias decenas" al país vecino. Una devolución que se produjo sin que se hiciera "ponderación alguna del interés de los menores, ni mucho menos una comprobación de sus circunstancias individuales". "La decisión acordando el retorno de un número elevado de menores no acompañados sin haber seguido ningún procedimiento constituye una expulsión colectiva de extranjeros; algo que es ilegal con arreglo al Protocolo nº4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos", apunta el Tribunal Supremo, que recuerda que el acuerdo con Marruecos no es suficiente para devolver sin más a estos menores y que se debe seguir el procedimiento fijado en la Ley y Reglamento de Extranjería.
Para Patricia Fernández, abogada de la Coordinadora de Barrios que ha llevado el caso, el fallo es una "buena noticia para los derechos de la infancia y los derechos en la frontera". Primero, porque "zanja las tentaciones de inaplicar la ley escudándose en una supuesta situación de excepcionalidad", algo que "ocurre mucho con la infancia migrante". Y segundo, porque deja claro que estos procedimientos "hay que llevarlos conforme a lo que marca la legislación". "Esta sentencia eleva el estándar de protección de los niños, obligando a la Administración a asegurarse de que el retorno es lo mejor para el menor y a abrir un expediente individualizado donde se les dé audiencia y se les permita recurrir la decisión", apunta en conversación telefónica con infoLibre.
El fallo, además, deja la puerta abierta al regreso de los más pequeños. La sentencia, al fin y al cabo, confirma la dictada en febrero de 2022 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Ceuta, en la que se ordenaba a la Delegación del Gobierno a adoptar "las medidas necesarias para el retorno de los menores de edad repatriados". Algo que desde la Coordinadora de Barrios ya están estudiando. "Hablaremos con todos los recurrentes afectados y analizaremos su situación. Y aquellos que estén en Marruecos y quieran regresar, pediremos su vuelta", apunta la abogada. Para ello, se solicitará la ejecución de la sentencia de primera instancia y el Estado tendrá que dispensar visados a los muchachos para facilitar su regreso.
Esta primera sentencia del Supremo gira alrededor de la expulsión de ocho menores de edad. Sin embargo, el Alto Tribunal aún tiene pendiente de resolver un segundo caso con otra docena de menores expulsados, todos ellos representados por Coordinadora de Barrios y la Fundación Raíces. Como en el anterior, en este procedimiento también cuentan con una sentencia de primera instancia en la que se consideraba que había que reparar la expulsión ilegal de los jóvenes adoptando "las medidas necesarias" para garantizar su "retorno". Todo parece indicar que el pronunciamiento del Supremo en este segundo procedimiento irá en la misma dirección que el primero, declarando también la ilegalidad de esta docena de expulsiones.
El varapalo del Alto Tribunal al Ministerio del Interior tiene implicaciones, además, en otra causa abierta por la expulsión de 55 menores durante aquel verano de 2021. En este caso, en la vía penal. Se trata del procedimiento seguido en el Juzgado de Instrucción nº2 de Ceuta contra la exdelegada del Gobierno en la ciudad autónoma Salvadora Mateos y la exviceprisidenta del Ejecutivo ceutí Mabel Deu. La instructora ya ha dictado apertura de juicio oral contra ambas, que se enfrentan a una pena de entre doce y quince años de inhabilitación por un presunto delito continuado de prevaricación. En el auto de procesamiento, la jueza señalaba que con su "arbitrario proceder" ambas "hicieron absoluta dejación del deber de protección de los menores".
El asunto se encuentra, en estos momentos, a la espera de que se fije fecha de juicio en la Audiencia Provincial. Pero la sentencia del Supremo complica el futuro judicial de las dos exautoridades. "Afianza nuestra tesis y la de la Fiscalía", señala en conversación con este diario la abogada Núria González, de la Asociación para el Desarrollo Integral L’Escola, que ejerce como acusación popular. Básicamente, explica, porque la resolución deja claro que lo que se hizo fue totalmente ilegal. Con eso atado, ahora queda por amarrar el dolo: "Es decir, que se actuó así a sabiendas de la injusticia". "Yo no decido que los niños salgan, yo recibo una orden de la Secretaría de Estado", se defendió ante la jueza Mateos. "Me guié por los servicios jurídicos del Gobierno", dijo, por su parte, Deu en su declaración.
Marlaska y el "convencimiento pleno"
Veinticuatro horas después del varapalo judicial, el ministro Fernando Grande-Marlaska ha comparecido en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. Y antes de la sesión, no le ha quedado más remedio que pronunciarse sobre la dura sentencia en declaraciones a los medios. "Las autoridades competentes en la materia actuaron en todo momento con el convencimiento pleno de ajustarse al ordenamiento jurídico y siempre bajo el principio del interés superior del menor", ha deslizado Marlaska. En todo momento, el ministro ha utilizado la expresión "autoridades competentes", sin hacer referencia alguna a un Ministerio del Interior que llevó las riendas de las conversaciones con Marruecos que derivaron en la expulsión de los menores.
Hace tiempo que las polémicas se acumulan alrededor de Grande-Marlaska. Uno de los episodios más graves fue, sin duda, la muerte de más de dos decenas de personas aplastadas en el paso fronterizo que separa Nador (Marruecos) de la ciudad autónoma de Melilla en medio de una lluvia de botes de humo y gas lacrimógeno. Y a pesar de todo, el magistrado se ha mantenido en el puesto. Algo que resulta intolerable a ojos de la abogada de la Coordinadora de Barrios, es intolerable. "Es gravísimo que continúe al frente del Ministerio del Interior y muestra el profundo desprecio del denominado 'Gobierno más progresista de la historia' por los derechos humanos", señala Fernández. Y añade: "Que un tribunal diga que se vulneraron los derechos de los niños y que se actuó al margen de la ley debería ser motivo suficiente para cesarle o para que presentase su dimisión".
Tanto el Defensor del Pueblo como las organizaciones de derechos humanos advirtieron de que la repatriación que se estaba llevando a cabo no cumplía con los requisitos legales. Pero el Ministerio del Interior hizo oídos sordos. Y siguió adelante con una operación cuya ilegalidad acaba de ser confirmada, año y medio después, por el Supremo. Para el Alto Tribunal, el proceso de expulsión de los menores que habían llegado a Ceuta en plena crisis diplomática con Marruecos vulneró sus derechos a la "integridad física y moral". Un sonoro varapalo al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska que abre la puerta al retorno de estos chavales y que complica el futuro judicial de dos exaltos cargos del Gobierno central y ceutí que se encuentran a la espera de juicio por estas expulsiones.