Una empresa que amenaza con cortar el agua a 80 familias, unos vecinos organizados para exigir que la gestión del líquido elemento siga en manos municipales y un consistorio que se niega a dar marcha atrás en un convenio que en su día prometió no firmar. Son tan sólo algunos de los elementos de la protesta que mantienen los habitantes de la localidad madrileña de Rascafría, organizados en la Plataforma Ciudadana Rascafría-Oteruelo para la denuncia y anulación del Convenio con el Canal de Isabel II.
El motivo del enconado enfrentamiento que mantienen la Plataforma y el equipo de Gobierno es la firma, en junio de 2012, de un convenio entre el Ayuntamiento de Rascafría y el Canal de Isabel II por el cual se cede la gestión de los recursos hídricos del municipio a la empresa durante 50 años. La alcaldesa, la socialista Ana García, celebró una consulta en la que participó un tercio de los vecinos y de la cual finalmente salió elegida la opción de que el Canal gestionase el agua. Sin embargo, según informó el diario El País, los vecinos se quejan de que las preguntas estaban redactadas de “forma liosa” y mal explicadas.
Hasta entonces, el consistorio de la localidad –situada en la Sierra de Guadarrama y muy cercana al Embalse de Pinilla y al río Lozoya– gestionaba de forma directa el agua, lo que redundaba en que los vecinos del pueblo tan sólo tuviesen que abonar 45 euros al año para disfrutar de suministro ilimitado, cantidad que se incrementaba para el que tuviera parcela en 0,30 céntimos por metro cuadrado y que, en el caso de las tiendas, era de 250 euros.
La facilidad de acceso al agua, junto a la falta de contadores, provocaban un consumo disparatado: según cálculos del Ayuntamiento, un vecino de Rascafría utilizaba de media 1.000 litros de agua al día, mientras que en España la media es de 160 litros diarios. No obstante, según relata Lis Aguirre, portavoz de la Plataforma, parte de este consumo estaba ocasionado por la existencia de averías y fugas que no se detectaban precisamente porque no había contadores instalados.
En este sentido, la alcaldesa señala que el sistema anterior a la firma del convenio era insostenible, y elogia las ventajas del acuerdo con el Canal, entre las que destacan la instalación de contadores de forma gratuita y el proyecto de renovar la renovación de la red de alcantarillado, así como que la empresa condonará la deuda que mantiene Rascafría por la depuración de sus aguas.
No obstante, los vecinos no se oponen a la colocación de aparatos de medición, ya que los consideran, al igual que el consistorio, necesarios. Lo que la Plataforma denuncia es que el acuerdo que ha firmado el Ayuntamiento con el Canal de Isabel II supone la privatización de la gestión del agua. Y lo argumentan recordando que es la empresa Canal de Isabel II Gestión –que hoy por hoy es 100% pública, pero de la cual la Comunidad de Madrid plantea vender el 49% a capital privado en un futuro– la que, según la propia web del ente público, "tiene como cometido la prestación de los servicios de abastecimiento, saneamiento y reutilización, incluyendo la atención a los usuarios y la actividad comercial". Es decir, que en el futuro y de seguir adelante el convenio, el agua de Rascafría estaría gestionada en parte por manos privadas.
La gestión del agua, más barata en manos municipales
Pero además, la Plataforma afirma que los costes que supondrá el acuerdo con el Canal suponen una desventaja económica con respecto a la gestión municipal directa. Y la diferencia no es precisamente pequeña: según Aguirre, que el Ayuntamiento administre los recursos hídricos del pueblo es aproximadamente un 40% más barato.
En cifras globales, la Plataforma estima que la cantidad total que abonarían en sus facturas todos los vecinos al cabo de un año sería de unos 400.000 euros con la gestión del Canal; ésta cifra –que se pagaría igualmente en función a lo que indicase el contador y que supondría que el recibo de cada vecino se multiplicase "tres o cuatro veces" con respecto a las antiguas tasas, una cifra sensiblemente menor que con las tarifas del Canal– se vería reducida a algo más de 200.000 euros si el que gestionase el agua fuese el consistorio.
Además, Aguirre explica que, según los cálculos de la Plataforma, en los primeros diez años con la nueva gestión municipal se podrían saldar todas las deudas del consistorio con el Canal y sufragar el precio de las obras pendientes, por lo que transcurrida una década podrían o bien bajarse las tarifas, o bien dedicar el excedente a la financiación de servicios municipales.
Tensión en el municipio
La posición de la Plataforma llegó el pasado jueves 30 de enero al Pleno municipal a través de una Iniciativa Popular que suscribieron con sus firmas 680 vecinos del municipio, lo que supone "más del 60% del total de los votantes" de Rascafría, como destaca Aguirre. No obstante, la medida no fue finalmente votada por el Ayuntamiento porque el equipo de Gobierno aseguró que carecía de alternativas concretas, una decisión que enfureció a los vecinos y que provocó ciertas escenas de tensión e insultos a la alcaldesa, actitudes de las que el colectivo vecinal se ha desmarcado.
Dada la situación, la alcaldesa anunció el pasado día 8 de febrero la creación de una mesa de diálogo entre el Ayuntamiento, la oposición, un representante de la Comunidad de Madrid y la Plataforma vecinal, que contará también con la presidenta de una urbanización del pueblo. Los vecinos han recibido esta noticia con alegría y han anunciado que aceptan la oferta, aunque se muestran "cautelosos" y han pedido en un comunicado que la decisión sobre la rescisión del Convenio y la vuelta a la gestión municipal se someta a una consulta popular, una posibilidad que no descarta el consistorio, que en otro comunicado ha hecho referencia a un "posible referéndum" para decidir entre la gestión municipal o la del Canal.
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Pero las protestas no se han circunscrito a acciones institucionales. Parte de los vecinos –unos 80, según la Plataforma– se han negado a pagar sus recibos del agua como forma de hacer presión ante lo que consideran un incumplimiento por parte del Canal de la Ordenanza Municipal Número 13, reguladora de la tasa por servicio municipal de aducción de agua, aprobada en noviembre de 2012. A estos vecinos se les ha llegado incluso a anunciar el corte del suministro, si bien finalmente no se ha producido ninguna desconexión porque los ciudadanos han tenido que ceder para evitar quedarse sin agua.
En su disposición final, la Ordenanza Municipal estipula que "la facturación individual por contador comenzará a realizarse por parte del Canal de Isabel II una vez estén completadas todas las obras de instalación de la totalidad de los mismos. Mientras tanto, el importe de la facturación será el mismo que se venía aplicando en la tasa hasta este momento vigente". La regla, según explica la portavoz de los vecinos, no se está cumpliendo, ya que a pesar de que hay ciudadanos que aún no tienen su medidor instalado, el Canal ya ha comenzado a cobrar las tarifas basándose en la información proporcionada por estos aparatos.
Ante esta situación, el pasado diciembre la Plataforma publicó un comunicado en el que manifestaba que "el impago es una acción pública colectiva y masiva en el municipio, y no la morosidad de uno o dos consumidores", así como que no buscaba un "ahorro privado y mezquino". Por el contrario, los vecinos aseguraban tener "la voluntad de pagar los recibos cuando se cumplan las condiciones recogidas en el Convenio y la Ordenanza Municipal", y pedían que se respetase la "equidad" a la hora de abonar las tarifas. En este sentido, Aguirre hace hincapié en que, más que una cuestión económica, lo que la Plataforma denuncia es la inacción de la alcaldesa a la hora de hacer cumplir las condiciones del acuerdo suscrito con el Canal.
Una empresa que amenaza con cortar el agua a 80 familias, unos vecinos organizados para exigir que la gestión del líquido elemento siga en manos municipales y un consistorio que se niega a dar marcha atrás en un convenio que en su día prometió no firmar. Son tan sólo algunos de los elementos de la protesta que mantienen los habitantes de la localidad madrileña de Rascafría, organizados en la Plataforma Ciudadana Rascafría-Oteruelo para la denuncia y anulación del Convenio con el Canal de Isabel II.