El reloj marca las 13:24 horas en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid. Fuera, decenas de cámaras y micrófonos se mantienen en guardia. Dentro, en una sala de las dependencias judiciales, Alberto Luceño. El empresario está frente al juez Adolfo Carretero. Es su primera declaración en la causa en la que se investiga el cobro de más de cinco millones de euros en comisiones al calor de varios contratos suscritos por el Ayuntamiento de Madrid para la compra de material sanitario durante lo más duro de la pandemia. Como puede, el comisionista trata de explicar al juez el origen y la validez de los distintos documentos con los que trató de justificar ante su sucursal bancaria el dinero que percibió en su momento desde Malasia. Mientras, presidiendo la sala, Carretero le aprieta en el interrogatorio.
–¿Usted que le dio [al banco]?
–El documento de reconocimiento de comisiones, la firma de agente exclusivo...
–¿Ninguno es falso?
–Ninguno es falso.
–¿Y por qué dice el fiscal que es falso?
–Eso no lo sé. Sólo ha habido una errata en una fecha.
–Una errata en una fecha.
Tanto en el caso de Medina como en el de Luceño, el juez instructor fue especialmente incisivo en todo lo relativo a la vinculación de ambos comisionistas con Leno, la empresa radicada en Malasia a la que el consistorio de la capital adjudicó los contratos para la compra de mascarillas, guantes y pruebas de diagnóstico rápido. Al fin y al cabo, entre los diferentes delitos que la Fiscalía Anticorrupción imputa a ambos comisionistas se encuentra el de falsedad documental. El Ministerio Público no se cree, y así lo manifiesta en su querella, que el que llevó las riendas de la operación fuera "agente exclusivo de ninguna empresa malaya". Ni tampoco que los documentos que aristócrata y empresario aportaron ante sus bancos sean "auténticos".
Siete minutos. Ese fue el tiempo que Carretero tardó en poner el foco en la relación comercial de Medina con la firma malaya. Lo hizo justo después de preguntarle por la manera en la que entró en contacto con el consistorio de la capital. "Dice usted que en el ámbito sanitario no tiene ninguna experiencia", arranca el juez. "No", responde el investigado. "¿Conoce a la empresa Leno en Malasia? ¿Ha ido allí, a Malasia?", continuó el magistrado. "No la conozco de nada", respondió el aristócrata. Es, en ese momento, cuando Carretero redobla la presión sobre el hijo de Naty Abascal y el duque de Feria: "¿Y entonces por qué hay unos documentos que dicen que usted es agente exclusivo de Leno?". Visiblemente nervioso, el comisionista trata de defenderse: "Eso, de alguna manera, por decirle algo, es protocolario".
"En Asia sobre todo, cuando estás haciendo alguna operación con ellos, sí te hacen firmar estos documentos para acreditar que estás colaborando con ellos...", continúa Medina. Pero el juez le interrumpe y pone sobre la mesa el nombre del representante legal de la compañía. Confirma que el investigado tiene poca vinculación con el empresario malayo. Y continúa: "Con San Chin Choon nunca habló, pero tiene un documento firmado con él...". El magistrado parece sorprendido por el hecho de que el investigado no sepa "nada de nada" –como llega a decir en otro de los momentos de la grabación– de la compañía pero, al mismo tiempo, aparezca mencionado en algunos de los papeles que el Ministerio Público considera falsos como "agente exclusivo" de la misma.
Los documentos bajo la lupa judicial se encuentran aportados al sumario. Y, en ellos, se reconoce supuestamente a Luceño y Medina como agente "único y exclusivo" y "socio", respectivamente, en la adquisición y abastecimiento de productos cárnicos congelados, lo que incluye ave, vacuno, cerdo y cordero. "Otras commodities pueden incluir azúcar, soja, leche, aceite, entre otros productos agrícolas, o productos de protección sanitaria", recoge uno de ellos. Hay varias cosas que llaman la atención a Anticorrupción. Como que estén fechados mucho antes de la pandemia, a pesar de que la relación de Medina con la firma antes del covid había sido nula. O que en la cabecera incluyan las señas del FBI y la Interpol. "Me parece que es muy sólido por el tema de engaño", dijo al respecto Luceño sobre uno de los documentos, elaborado por él mismo y que lleva el encabezado de la Cámara de Comercio Internacional.
Pero no solo eso. Al Ministerio Público también le chirría lo de "agentes exclusivos". No le encaja que Medina y Luceño entregasen a sus bancos documentos exactamente iguales –en relación al texto y los supuestos encargos– pero en los que se hacía referencia a personas distintas: mientras que el del aristócrata les incluía a ambos como agentes, el del empresario hacía mención a él mismo y a un tal Chan Beng Kay. "¿Cómo puedo decir un día que mis agentes exclusivos para el pollo, la carne congelada, la soja y los productos sanitarios son Chan Beng Kay y Luceño y el mismo día decir que para los mismos productos mis agentes exclusivos son Luceño y Medina?", se preguntaba el fiscal durante la declaración que tomó al empresario en las diligencias previas de investigación.
"Medina dice que a San Chin Choon no lo conoce de nada"
En su comparecencia este lunes ante el juez, Luceño insistió en la validez de los papeles. "No hay ninguna falsedad en ningún documento", señala ante Carretero. Lo único, dice, "una errata en una fecha". "Es decir, que como se trabaja con borradores, yo se lo mando a una parte y a otra y se me olvidó cambiar la fecha", explica al instructor. Este fallo ya se lo comunicó al representante del Ministerio Público durante las pesquisas. En concreto, se refería a un contrato de confidencialidad en el que aparecía también la firma de Luis Medina. Un documento fechado en 2019, antes de que estallara la pandemia, pero que el investigado asegura que se hizo en plena crisis sanitaria.
El aristócrata también estuvo bien presente en el interrogatorio de Carretero a su exsocio.
–Ninguna falsedad en ningún documento. ¿Incluso las firmas son de San Chin Choon o de Medina? Medina dice que a San Chin Choon no lo conoce de nada –se escucha un ligero golpe en el audio–. Sin embargo, hay un documento de San Chin Choon en el que declara agente exclusivo a Medina.
–Porque se hace así en el comercio...
–Se hace así en el comercio...
–Me manda Luis la firma, yo se la mando a San Chin Choon, me la acepta y entonces esos documentos se presentan.
–De acuerdo, bueno.
Algunos minutos antes, el nombre del empresario malayo había salido a la palestra. "¿Usted tiene amistad con él?", cuestiona Carretero. "Bueno, amistad... Es una relación comercial", responde Luceño. "¿Y por qué este señor no quiere colaborar con la justicia española para nada, ni quiere testificar, ni quiere saber nada?", insiste el magistrado. "Yo me puse en contacto con él y me ha dicho que sí que va a declarar", contesta de nuevo el comisionista. "¡Ah, que va a declarar! Pues la noticia que tenemos nosotros a través de la comisión rogatoria es que se niega a testificar", desliza Carretero antes de pasar a preguntar sobre la fijación de precios en el marco de dichos contratos, sobre la comisión que percibieron o sobre la ocultación de la misma al consistorio. "No se lo dije, es normal", señala Luceño sobre esto último. "Será normal para usted", responde Carretero.
Agente exclusivo desde 2018 pero sin operaciones
Durante su declaración como investigado, el empresario también asegura que nunca ha estado en las instalaciones de Leno. Y que a Chin Choon lo vio una vez en China en una "reunión" de "operaciones de pollo, de soja y demás". Todo ello, a pesar de tener una relación comercial con Leno desde dos años antes de la pandemia, que no cristalizó en ninguna operación concreta hasta que llegaron los contratos sanitarios del Ayuntamiento de Madrid. Algo que sorprende al juez.
–¿Cuántas operaciones ha hecho usted antes de esta con Leno?
–Ninguna.
–Es agente exclusivo de Leno pero no ha hecho ninguna.
Luceño sostiene ante el juez que es "normal" llevarse una comisión del 47% en contratos sanitarios
–Sí, esto también es normal dentro del comercio internacional.
–Vale, es normal.
Un par de horas después de las comparecencias, Carretero retiraba a ambos los pasaportes y les imponía la obligación de comparecer cada quince días. Los "delitos", dice el juez, "son graves no solo por su enorme trascendencia pública", al ser cometidos "en la peor época de la pandemia", sino también porque "llevan aparejadas penas de 23 años de prisión, que supone la posibilidad de riesgo de fuga". En su decisión, el juez también valora el hecho de que se disponga "de un dinero ilícitamente obtenido y aún no controlado en la presente causa" y el riesgo existente de que el investigado pueda abandonar el país "para manipular pruebas con el pagador malayo de las comisiones, cuya colaboración con la justicia española hasta el momento es nula".
El reloj marca las 13:24 horas en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid. Fuera, decenas de cámaras y micrófonos se mantienen en guardia. Dentro, en una sala de las dependencias judiciales, Alberto Luceño. El empresario está frente al juez Adolfo Carretero. Es su primera declaración en la causa en la que se investiga el cobro de más de cinco millones de euros en comisiones al calor de varios contratos suscritos por el Ayuntamiento de Madrid para la compra de material sanitario durante lo más duro de la pandemia. Como puede, el comisionista trata de explicar al juez el origen y la validez de los distintos documentos con los que trató de justificar ante su sucursal bancaria el dinero que percibió en su momento desde Malasia. Mientras, presidiendo la sala, Carretero le aprieta en el interrogatorio.