Las víctimas 'olvidadas' del Valle de los Caídos

Con traje oscuro y corbata granate, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, compareció el pasado jueves ante los medios de comunicación en el Palacio de la Moncloa para hacer una declaración institucional sobre la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Durante su intervención, que arrancó una vez concluida la reinhumación en el cementerio de Mingorrubio, el líder del Ejecutivo celebró que se hubiera puesto fin de una vez por todas a la “afrenta moral” que suponía el “enaltecimiento de la figura de un dictador en un espacio público”. Pero también se acordó de los “miles de presos políticos” que con sus manos levantaron piedra a piedra el mausoleo y de los “casi 34.000 compatriotas” cuyos restos morales fueron inhumados en el complejo monumental, muchos de ellos “sin consentimiento o en el más absoluto desconocimiento de sus familias”. Una “infamia” que, dijo, “más pronto que tarde deberá ser también reparada”, como ya expuso en el año 2011 al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero la Comisión de Expertos sobre el Futuro del Valle de los Caídos.

El proyecto para levantar un megalómano mausoleo en plena sierra madrileña de Guadarrama arrancó cuando se cumplía un año del fin de la Guerra Civil con la aprobación del decreto de 1 de abril de 1940, en cuyo preámbulo ya quedaba claro el objetivo principal de la construcción: “La dimensión de nuestra Cruzada, los heroicos sacrificios que la victoria encierra y la trascendencia que ha tenido para el futuro de España esta epopeya, no pueden quedar perpetuados por los sencillos monumentos con los que suelen conmemorarse en villas y ciudades los hechos salientes de nuestra historia y los episodios gloriosos de nuestros hijos”. Aquel texto, rubricado por el propio Francisco Franco, declaraba “de urgente ejecución” las “obras necesarias” para levantar un “templo grandioso” con objeto de “perpetuar la memoria de los que cayeron en nuestra gloriosa Cruzada”. Un mausoleo erigido con piedras “que tengan la grandeza de los monumentos antiguos” y pensado para que “durante siglos” se rogase por todos aquellos que “cayeron en el camino de Dios y de la Patria”. Es decir, por los que respaldaron con su vida el golpe de Estado.

El mismo día en que se aprobó ese decreto, se llevó a cabo la inauguración de las obras. Allí, en Cuelgamuros, estaba Franco, acompañado por su Gobierno, varios generales –Andrés Saliquet, Eduardo Sáenz de Buruaga o José Millán Astray– y los embajadores de Alemania, Italia y Portugal. Sin embargo, su inauguración oficial no se produjo hasta 1959. Dos décadas en las que unos 20.000 presos políticos, según algunos historiadores, trabajaron a destajo y en las que se decidió trasladar al complejo monumental los restos de los fallecidos durante la Guerra Civil. Un asunto que se empieza a abordar seriamente en 1957 por el Consejo de Obras del Monumento a los Caídos. “En el acta de la reunión del Consejo de Obras número 85, que tuvo lugar el 30 de diciembre de 1957, se hacía mención por primera vez al traslado de restos hacia el Valle. En esta ocasión (así como en las siguientes) el Consejo se reunió en la sede del Ministerio de Gobernación, en el despacho del ministro, Camilo Alonso Vega”, explica la historiadora Queralt Solé i Barjau en su estudio Inhumados en el Valle de los Caídos. Los primeros traslados desde la provincia de Madrid.

“Sin distinción del campo en el que combatieran”in distinción del campo en el que combatieran

De la investigación se desprende que, en un primer momento, el monumento estaba pensado tanto para los que perecieron “en las filas del Ejército nacional” como para aquellos que “sucumbieron asesinados o ejecutados por las hordas marxistas” –orden ministerial del 11 de julio de 1946–. Sin embargo, ante el fracaso de la idea inicial, la dictadura terminó recurriendo también a los restos de republicanos para llenar las criptas de la Basílica de Cuelgamuros. Así, el 23 de mayo de 1958, cuando quedaba sólo un año para la inauguración, el entonces ministro de la Gobernación, Camilo Alonso Vega, envió una carta a los gobernadores civiles pidiéndoles que adoptasen “las medidas necesarias” para dar sepultura en el mausoleo “a quienes fueron sacrificados por dios y por España y a cuantos cayeron en nuestra cruzada, sin distinción del campo en el que combatieran”. Unos meses después, envió una nueva circular en la que especificaba que el traslado debía hacerse en cajas de 60 x 30 x 30 centímetros “para restos individuales identificados” o de 120 x 60 x 60 centímetros en el caso de “restos colectivos sin posible individualización”.

Las órdenes eran claras. Y se cumplieron. A día de hoy, cuatro décadas después de la muerte del dictador, siguen inhumadas en las criptas de la Basílica del Valle de los Caídos 33.847 personas, según los datos que en 2011 constaban en Patrimonio Nacional, procedentes de todas las provincias excepto Ourense, A Coruña y Santa Cruz de Tenerife. Un cuarto de ellas (8.931) llegaron de Madrid, a la que siguen por volumen Tarragona, Zaragoza y Teruel: 4.680, 4.607 y 4.413, respectivamente. Enterradas hasta ayer junto al dictador había tanto mujeres como hombres. En cuanto a las inhumaciones, según la información de Patrimonio Nacional, la mayoría –un 94%, 32.140– se produjeron durante los primeros diez años de vida del mausoleo (1959-1969). Sin embargo, también constan enterramientos en las criptas de Cuelgamuros tras la muerte de Franco: 1 en 1977, 304 en 1981 y 1 en 1983. El último en ser trasladado al mausoleo fue el catalán Juan Álvarez de Sisternes, quien fuera alcalde de Vilafranca del Penedès durante la dictadura de Primo de Rivera y que fue fusilado por el bando republicano en 1936.

Las complicadas identificaciones individuales

No es sencillo conocer con exactitud cuántos de los inhumados lucharon en cada bando de la guerra. Principalmente porque más de un tercio –12.410– de los que están allí enterrados no están identificados. Y ponerles nombre y apellidos en la actualidad a todos ellos no es tarea fácil. Algunas fuentes afirman que en el Valle hay 6.000 republicanos, mientras que otras elevan esa cifra hasta los 18.000.

En el año 2011, el médico forense Andrés Bedate realizó un estudio para el Ministerio de Justicia sobre la viabilidad de identificación en el enterramiento del Valle de los Caídos. Y los resultados no fueron muy esperanzadores. El informe recogía que se habían desarrollado “movimientos de restos óseos de unas capillas y/o criptas a otras diferentes” sin que fueran recogidos en los libros de registro iniciales o que la identificación individual de los restos óseos depositados quedaba “casi imposibilitada dado el estado de los columbarios observados y el esparcimiento de los restos por las criptas y/o capillas”. En resumen, “complejidad extrema” para poner nombres y apellidos.

Pocos meses después de que el forense culminase su estudio, la Comisión de Expertos sobre el Futuro del Valle de los Caídos puso sobre la mesa del entonces Gobierno socialista su informe sobre la resignificación de Cuelgamuros. Y, entre sus recomendaciones para reconvertir el complejo monumental en un lugar de memoria se incluía la “dignificación” del cementerio, para lo que se consideraba fundamental rescatar a todas las víctimas trasladadas al mausoleo sin el consentimiento de sus familiares “del hacinamiento de los restos” y del “anonimato”. “La Comisión considera indispensable que todos los aspectos relativos al desarrollo histórico del cementerio y los traslados de cadáveres sean investigados de manera rigurosa, documentando hasta donde sea posible la naturaleza voluntaria o forzosa del traslado en cada caso”, exponían los expertos, que recordaban la dificultad de una identificación individual de los restos. Además, señalaban que, “si fuera posible”, la satisfacción de las demandas de los familiares también exige evaluar previamente “los problemas legales” que se pueden plantear.

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Las familias no descansan

Ahora, tras el traslado del dictador al cementerio de Mingorrubio, el melón sobre el futuro de Cuelgamuros se ha abierto de nuevo. Y el presidente del Gobierno en funciones ya ha puesto sobre la mesa que “más pronto que tarde” deberá ser “reparada” la “infamia” de que haya en el mausoleo personas enterradas “sin consentimiento o en el más absoluto desconocimiento de sus familias”. Sería el segundo gran paso en materia memorialista en el complejo monumental y un movimiento histórico. Principalmente, porque hasta la fecha sólo se ha conseguido en una ocasión sacar del Valle de los Caídos los restos óseos de los allí inhumados. Tras un año de negociaciones con el Gobierno de la UCD, en febrero de 1980 hijos y nietos de represaliados por el franquismo consiguieron exhumar del mausoleo a 133 navarros que procedían de las fosas de Aberin, Arandigoyen, Ayegui, Cadreita, Pamplona, Milagro, Murillo, Ribaforada y Tudela. La Operación Retorno estuvo liderada políticamente por el alcalde de San Adrián, José Antonio Ruiz.

Desde entonces, ni un solo resto óseo ha abandonado la Basílica de Cuelgamuros. Y eso que los familiares siguen intentándolo sin descanso. En algunos casos, como los de la familia Lapeña, incluso con una sentencia favorable en la mano que les reconoce el derecho a dar “digna sepultura”. Una resolución judicial que, tres años después, todavía no se ha cumplido. Las negativas del prior del Valle de los Caídos y la eternización de los estudios encargados por Patrimonio Nacional han alargado el proceso. Junto a los Lapeña, otras trece familias aragonesas también han solicitado, con ayuda del abogado memorialista Eduardo Ranz, que se les reconozca el derecho a exhumar a sus seres queridos. Una de ellas es Mercedes Abril, que con sus 87 años de edad representa a la perfección la necesidad de actuar a la mayor brevedad posible para cumplir con las exigencias de verdad, justicia y reparación. “Por favor, demuestren capacidad y voluntad política para exhumar a los republicanos del Valle de los Caídos”, exigió por carta Abril a Pedro Sánchez en la reunión que mantuvo hace unos meses con colectivos memorialistas.