Los nombres de los empresarios Alfonso García Pozuelo y Joaquín Molpeceres no son desconocidos para la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. En concreto, para Manuel Morocho, el investigador del caso Gürtel, que les ha situado como supuestos donantes del PP. En el último informe que ha entregado al juzgado de la Audiencia Nacional que indaga en la supuesta contabilidad opaca del partido conservador, el inspector solicita que se requiera a otro juzgado del mismo tribunal, el encargado del caso Tándem, los dosieres que el comisario jubilado José Manuel Villarejo guardaba en su domicilio sobre los presidentes de las empresas Constructora Hispánica, S.A. y Licuas, S.A.
En el informe, al que ha tenido acceso infoLibre, la UDEF quiere examinar los "archivos documentales conteniendo dosieres sobre las empresas Constructora Hispánica, S.A. y Licuas, S.A. con información mercantil y de vinculaciones, cuyos presidentes Alfonso García Pozuelo y Joaquín Molpeceres Sánchez, respectivamente, constan como aportantes de dinero en metálico a la cuenta analítica de ingresos por donativos y su aplicación en concepto de gastos". Estos documentos le fueron incautados a Villarejo en el registro de su domicilio cuando fue detenido en noviembre de 2017.
Ambos empresarios aparecieron vinculados con las donaciones que el extesorero del PP Luis Bárcenas iba anotando en la contabilidad opaca del partido. A raíz del levantamiento del secreto de sumario de la pieza 7 del caso Tándem, la relativa a la operación Kitchen, la UDEF ha tenido conocimiento de información que sería relevante para su investigación sobre la caja B, pieza desgajada del caso Gürtel que es la única de la macrocausa de corrupción que continúa abierta. En concreto, el Juzgado Central de Instrucción número 5 que hasta hace sólo un par de días dirigía José de la Mata –acaba de dejar el puesto al haber sido designado representante de España en Eurojust– sigue indagando en la posible financiación irregular del PP a través de donaciones de empresarios a cambio de adjudicaciones de contratos públicos.
De hecho, García-Pozuelo ya confesó el pago de comisiones millonarias a cambio de obras públicas y fue condenado a dos años de cárcel sustituibles por una multa por los delitos de cohecho y prevaricación continuada, una pena que no le obligaba a entrar en la cárcel. Fue en 2015, cuando admitió haber abonado 4,1 millones de euros entre 2002 y 2004 al cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa.
Además de los dosieres sobre Constructora Hispánica y Licuas, la Policía Nacional pide al Juzgado Central 5 –que asumirá el magistrado Santiago Pedraz hasta que se designe a un nuevo titular– que solicite todas las pruebas recabadas en torno a la operación Kitchen operación Kitchen, ya que este operativo parapolicial ajeno al control judicial se habría puesto en marcha en 2013 para sustraer a Bárcenas información sensible que se habría llevado del partido y que podría comprometer a sus dirigentes, documentación que podría estar relacionada con la caja B.
Dinero oculto de Bárcenas
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Entre esa información sustraída, los investigadores de la caja B quieren también acceder a datos que podrían contener la ubicación de patrimonio oculto del extesorero del PP, por lo que reclaman los interrogatorios practicados en 2019 al que fuera chófer de Bárcenas y confidente policial, Sergio Ríos, y de los comisarios imputados José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño. Este último le dijo al juez Manuel García Castellón que el objetivo de Kitchen era identificar a posibles testaferros de Bárcenas y que informó al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez de que había descubierto que el extesorero disponía de fondos en Cracovia (Polonia) y las Antillas Holandesas.
Los investigadores de la UDEF ven acreditado que la Kitchen, en la que participaron altos mandos policiales como el ex director adjunto operativo Eugenio Pino, aparte de Villarejo y García Castaño, se llevó a cabo "extramuros del procedimiento judicial eludiendo el control judicial que corresponde de manera exclusiva y excluyente al juez de instrucción", y que tuvo éxito. Según el informe, de 40 páginas, existe una "relación directa" entre el espionaje a Bárcenas y la investigación de la caja B , "tanto desde el punto de vista temporal por cuanto su planteamiento, ejecución y finalización son coincidentes, como en cuanto al sujeto, puesto que la persona de Luis Bárcenas y su entorno constituyen el elemento subjetivo en torno al cual se construye la investigación".
La UDEF destaca que entre ambas investigaciones hay un "elemento objetivo de esclarecimiento de unos hechos subyacentes" que son los llamados papeles de Bárcenas, documentación que habría sido la finalidad última de la operación Kitchen. Operativo que no se puso en conocimiento del juez del Central 5, que era el que investigaba esa supuesta caja B del PP, y de la propia unidad policial que se encargaba de las indagaciones desde el principio, todo ello para "impedir su incorporación al procedimiento judicial".
Los nombres de los empresarios Alfonso García Pozuelo y Joaquín Molpeceres no son desconocidos para la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. En concreto, para Manuel Morocho, el investigador del caso Gürtel, que les ha situado como supuestos donantes del PP. En el último informe que ha entregado al juzgado de la Audiencia Nacional que indaga en la supuesta contabilidad opaca del partido conservador, el inspector solicita que se requiera a otro juzgado del mismo tribunal, el encargado del caso Tándem, los dosieres que el comisario jubilado José Manuel Villarejo guardaba en su domicilio sobre los presidentes de las empresas Constructora Hispánica, S.A. y Licuas, S.A.