Espacios violentos e ignorados por la política: el "sufrimiento oculto" que permanece en los CIE

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha denunciado este lunes el "internamiento muteado" de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), así como su "ausencia" del debate político durante el año 2023, según Europa Press.

Así se desprende de su informe de 2023 Internamiento "muteado". Personas cuyo sufrimiento queda oculto a la sociedad, que ha presentado este lunes en el Congreso de los Diputados. En él, el SJM aboga por la "supresión definitiva" de todos los CIE.

En este sentido, SJM señala en el documento que, en los últimos 15 años, viene constatando que, desde 1985, los CIE se encuentran "entre las herramientas más aflictivas y represivas de la política migratoria española (y europea), aunque no sea la más utilizada". "Parece que las cifras de los últimos 15 años muestran un recurso decreciente al internamiento hasta un umbral relativamente reducido: como si se quisiera ponerle sordina o, en el lenguaje digital, como si se quisiera dejar el internamiento 'muteado'", destaca.

En esta misma línea, el autor del informe y director de la asociación Claver-SJM, Josep Buades Fuster ha dicho que en el 2023 el internamiento estuvo "totalmente ausente" del debate político. Además, ha señalado que este año "tampoco es un asunto que haya ocupado ni las preguntas al gobierno, ni el interés legislativo".

"Tenemos cifras bajas, tenemos la ausencia del debate político en el Congreso y, cuando observábamos la elaboración del nuevo pacto europeo sobre inmigración y asilo, que fue aprobado en 2024, nos damos cuenta de que toda su atención se vuelca en lo que acontece en las fronteras, en lo que es el cruce ilegal de las fronteras y en formas de privación o de limitación de responsabilidad", ha subrayado.

Asimismo, el SJM indica en el informe que en 2023 estuvieron activos los CIE de Algeciras, Barcelona, Las Palmas, Murcia y Valencia; el de Madrid en la segunda quincena de diciembre, finalizadas las obras de reforma; y el de Tenerife permaneció inactivo todo el año por obras.

2.085 personas internas, de las que 64 eran mujeres

También refleja que fueron internadas en los CIE 2.085 personas, de las que 64 eran mujeres, una de ellas identificada como objeto de trata. Además, añade que se practicaron diez pruebas de determinación de la edad y que dos fueron identificados como menores. Del total, 877 personas solicitaron protección internacional.

"Entonces, si observábamos una tendencia muy satisfactoria a limitar al máximo el internamiento de mujeres, pues ahora vemos que se vuelve a ampliar", ha apuntado Buades sobre las mujeres internadas, que ha dicho que tienen "perfiles muy complejos".

Respecto a los internamientos, 1.488 tuvieron causa de expulsión (71,37%), 557 de devolución (26,71%) y 40 de salida obligatoria (1,92%). "Muchas personas internadas tenían procedimientos de expulsión "cualificados" por la posesión de antecedentes penales o policiales. En cualquier caso, la mayoría presentaba perfiles muy complejos, con arraigo", apunta.

En este sentido, Buades ha señalado que les da la "impresión" de que "hay más dificultad para devolver que para expulsar". "Que las políticas de los países de origen, a la hora de readmitir a sus nacionales, ponen más trabas cuando se trata de devoluciones que de expulsiones", ha afirmado.

En esta misma línea, expone que un 29,73% de las 3.091 expulsiones ejecutadas fueron desde CIE (919), así como un 33,67% de las 597 devoluciones y salidas obligatorias (201). Un 54,82% de las salidas de CIE fueron por ejecución de la repatriación forzosa (1.120), el 42,58% por libertad (870), y el 2,59% por otras causas (53).

"Las cifras transmiten la imagen de un internamiento con sordina: oculto por números que se mantienen relativamente bajos desde la pandemia, que trata de justificarse al aplicarse más frecuentemente a personas con antecedentes penales o policiales, pero que trunca trayectorias de arraigo, la vida familiar, y su carácter azaroso, injusto, en las personas con acuerdo de devolución", subraya SJM en el documento.

Asimismo, explica que, "aunque las cifras de internamiento relativamente bajas y la ausencia de noticias den a entender que reinó la calma, los policías de servicio advertían de un ambiente más hostil entre internos, que atribuían al aumento proporcional de quienes tenían antecedentes penales o policiales".

En el informe, SJM también cuenta que se produjo un caso de agresión entre internos "ligado a una mala práctica policial en el CIE de Algeciras". Además, precisa que fue "obstaculizada" y critica que "no fue debidamente investigada por el juzgado de control".

Por otro lado, ha denunciado que hay CIE en los que "siguen poniéndose trabas" a las visitas de las entidades de la sociedad civil, de la capellanía y a la orientación jurídica de Extranjería. "Sigue faltando privacidad en las consultas médicas y en las visitas", añade. En esta línea, recomienda reformar "cabalmente" los servicios médicos-sanitarios de los CIE, tanto en sus prácticas, como en el diseño que revelan los pliegos de prescripciones técnicas en los procedimientos de licitación.

"Nos siguen preocupando los casos para los que no procedería la medida del internamiento. Precisamente, porque son personas que sufren problemas graves de salud mental a los que el servicio médico-sanitario no puede hacer frente", ha apuntado en la presentación la abogada y coordinadora del equipo de visitas en el CIE de Valencia, María Morell.

En este sentido, Morell ha precisado que la detención "genera un daño psicológico a largo plazo, manteniéndose a menudo síntomas negativos como la sensación de inseguridad, de depresión, de ansiedad o incluso pensamientos intrusivos durante un largo periodo de tiempo tras su puesta en libertad". Por ello, ha recomendado un acompañamiento psicológico dentro del CIE y "avanzar en los determinantes sociales de la salud mental".

Quejas por "incidentes violentos" y "trato autoritario"

Por su parte, la voluntaria en el CIE de Aluche, Paloma Aguilera, ha denunciado que muchos de los internos se quejan de "incidentes violentos" y "trato autoritario" por parte de algunos funcionarios, en los que observan una "actitud muy provocativa y racista". "Les insultan y les pegan en las zonas que están sin cámaras", ha lamentado.

Igualmente, ha agregado que también han recibido quejas de internos cuando están en aislamiento tras una revuelta o pelea. "Uno refirió que le expulsaron con las manos atadas atrás durante toda la noche y no pudo dormir del dolor. También tuvo que dormir en el suelo por no haber suficientes camas de aislamiento", ha añadido.

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Por su parte, el portavoz del Grupo Plurinacional Sumar en la Cámara Baja, Enrique Santiago, ha destacado que los CIE, a juicio de su formación, "no deberían existir". "Desde nuestro punto de vista, no coincide ni con los tratados de derechos humanos en el ámbito internacional, ni con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ni por supuesto con la Constitución, esa es la posición que hemos tenido", ha apuntado.

Por otro lado, respecto a cuál es el motivo por el que se mantienen los CIE, Buades ha respondido que se trata de "cosmética política". "Es simplemente generar una sensación de seguridad, de confianza, porque hay personas privadas de libertad. Personas, instintivamente, percibidas como potenciales amenazas. ¿Amenazas a qué? Al bienestar, a la identidad, a lo que sea. Pero creo que esta es la razón principal, cosmética-política", ha asegurado.

Finalmente, ha explicado que para cerrar los CIE "sería cuestión de modificar la Ley de Extranjería, para eliminar esa medida cautelar". En todo caso, ha añadido que el informe se ha centrado "mucho más" en las modificaciones internas, ya que no considera que haya "un caldo de cultivo suficiente como para lanzar esa iniciativa".