El juicio por la macrodemanda de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae) contra Caja MadridCaja Madrid por la supuesta estafa en la emisión de participaciones preferentes ha quedado este lunes visto para sentencia tras el informe final expuesto por las partes personadas en el proceso conducido por el Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid.
En una sala abarrotada por más de 200 preferentistas, la vista oral ha concluido en el salón de actos de los juzgados de Plaza de Castilla tras cuatro horas de audiencias. Tras concluir, los afectados se han desplazado a la sede de Bankia para manifestarse y exigir que se les devuelva el dinero.
Se trata del caso derivado de la demanda colectiva que interpuso Adicae junto a 2.143 personas2.143 personas afectadas por la presunta venta fraudulenta de participaciones preferentes.
En su informe de conclusiones, el abogado Antonio Castro ha solicitado al magistrado Teodoro Ladrón que dicte una sentencia estimatoria de la demanda de Adicae al estimar que ha quedado acreditado que Caja Madrid incurrió en "prácticas abusivas" y vulneró "gravemente" la normativa sectorial y la relativa a los derechos de los consumidores, ya que no se les informó de los riesgos de impago.
"Las deficiencias detectadas hace que en la emisión de participaciones no se superaran los controles de transparencia y abusividad", ha recalcado el letrado, quien ha insistido acto seguido en que la entidad bancaria sabía que el producto era "un bono basura" que iba a producir "fuertes impagos".
"Las agencias económicas dijeron que era un bono basura, pero la entidad dio instrucciones de que se dijera que el sistema financiero español era fuerte y que era un producto y rentable. La cúpula lo sabía, pero lo colocaron como un producto de interés. No se hizo el test de idoneidad, por lo que nunca se debería haber ofrecido este producto de riesgo y complejo", ha dicho.
De este modo, ha insistido en que Caja Madrid "no actuó de buena fe e incumplió diversas normativas. Todo ello, tiene como consecuencia para el letrado Antonio Castro, que se declare la nulidad del contrato y se proceda a la devolución de las cantidades entregadas por los usuarios que quisieron invertir sus ahorros en este producto "engañoso".
"No se observaron las reglas de transparencia y no se advirtió del riesgo de impagos", ha agregado. Seguidamente, se ha reafirmado en la idea de que la entidad ya sabía de los riesgos, pero iba más allá de la motivación en favor de los intereses de los consumidores.
"Su motivación era reforzar sus recursos propios", ha sentenciado el abogado, quien ha sido aplaudido por los preferentistas cuando ha concluido su exposición.
Caja Madrid se defiende
Por su parte, el abogado de Caja Madrid, Manuel García Villarrubia, se ha opuesto al argumento de que se trate de una demanda colectiva, así como el hecho del riesgo de participación futura que existía entonces cuando se comercializaron las participaciones.
"No existía ningún riesgo de participación futura, porque cambió la normativa. Por ello, no se ha dado el carácter de temporalidad que exige la demanda", ha destacado. Igualmente, ha señalado que las prácticas realizadas no se pueden integrar en el marco de las condiciones generales del contrato, ya que no constituyen prácticas abusivas.
"Carácter premeditado"
En uno de los recesos, el secretario general de Adicae, Fernando Herrero, ha subrayado que en el informe final de la asociación se haya destacado "un elemento clave con arreglo a las pruebas aportadas, que es el carácter premeditado de toda la operación de emisión de participaciones preferentes: la colocación indiscriminada entre cientos de miles de ahorradores".
A su juicio, se ha visto reforzada en la vista la idea de que "Caja Madrid sabía, cuando empezó a vender las preferentes, que su calificación había sido reducida y que ese producto que se estaba comercializando estaba a la altura de un bono basura".
A preguntas sobre los argumentos de la parte demandada, ha respondido que "Bankia trata de confundir al tribunal y reiterar argumentos ya dichos, como que no se puede enjuiciar de manera colectiva.
"Y que debe ser uno por uno. Esto ya se resolvió el 14 de julio y dijo que sí, porque era un fraude de carácter colectivo, algo determinado ya por la jurisprudencia", ha recalcado.
Audiencia previa
En la primera audiencia, que se celebró el pasado 14 de julio, el abogado de Adicae reclamó la nulidad de las condiciones generales que regían la contratación de este producto tras tacharlas de "abusivas".
Adicae solicita que haya un resarcimiento de carácter general, extendiéndose a todos los afectados. El colectivo ve los hechos como un "fraude masivo al ahorro".
Bankia ha devuelto su inversión durante los tres últimos años a más de 165.000 personas que invirtieron en instrumentos híbridos, principalmente participaciones preferentes emitidas por las cajas de ahorros.
Proceso de arbitraje
Los afectados por las preferentes comparecen en el Congreso: "Fue una estafa y es un expolio"
Según datos facilitados por la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri a Europa Press, el grueso de las devoluciones se realizó a través del proceso de arbitraje desarrollado por el banco en 2013. Por esta vía se retornó su dinero a más de 137.000 personas.
Además, el banco ha devuelto su inversión a 28.000 clientes de las antiguas cajas por la vía judicial. Como parte del rescate de la entidad, la Comisión Europea impuso a Bankia en 2013 que aplicara una quita a los inversores en preferentes y canjeara estos productos por nuevas acciones del banco.
Las acciones de Bankia llegaron a triplicar su valor entre mayo de 2013 y marzo de 2014, al pasar de 0,48 euros hasta rozar los 1,6 euros, lo que permitió a muchos inversores recuperar su inversión por dicha vía.
El juicio por la macrodemanda de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae) contra Caja MadridCaja Madrid por la supuesta estafa en la emisión de participaciones preferentes ha quedado este lunes visto para sentencia tras el informe final expuesto por las partes personadas en el proceso conducido por el Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid.