Alberto Núñez Feijóo se quedó a cuatro escaños de ser investido presidente del Gobierno el pasado septiembre. Cuatro escaños que buscó encarecidamente, incluso entre las filas del PSOE, pero que no encontró por ninguna parte. Tras ser primera fuerza en las elecciones del 23J, el líder del PP asumió la responsabilidad de formar gobierno. Miró en primer lugar hacia el PNV, ya que los nacionalistas vascos apoyaron los últimos Presupuestos del expresidente Mariano Rajoy, pero no tardaron ni 24 horas en cerrarle la puerta. Después, algunos dirigentes del PP pusieron el foco en Junts, lo que provocó malestar en el seno del partido por ser la formación de Carles Puigdemont, al que siempre definen como un “prófugo de la justicia”.
La investidura fallida de Feijóo dio paso a la de Sánchez, que sí logró los apoyos. Sin embargo, el líder del PP sigue sosteniendo no está en Moncloa porque él no quiere, argumentando que Junts hubiera dado sus votos al PP a cambio de la amnistía. Lo volvió a repetir en una entrevista en Antena3 este jueves, donde también defendió que no tiene reservas a los acuerdos con los de Puigdemont “dentro de la Constitución" y reconoció contactos con el partido independentista para tratar de conseguir su apoyo.
El líder del PP también busca encauzar la relación con el PNV. Durante su discurso en la gala de los periodistas parlamentarios celebrada el pasado miércoles —en la que recibió el premio a senador del año— bromeó al afirmar que le había faltado "hablar euskera en la intimidad" para llegar a ser presidente, en referencia a la famosa frase del expresidente Aznar sobre el catalán. Una disposición que contrasta con el tono duro exhibido en los últimos meses, cuando llegó a pronosticar un declive electoral para los nacionalistas vascos por culpa de sus acuerdos con el PSOE, lo que afirmó acabará dando paso una hegemonía de EH Bildu en el País Vasco.
Ahora, un mes después de que Sánchez consiguiera la investidura por mayoría absoluta con el apoyo de Sumar, ERC, EH Bildu, BNG, Coalición Canaria, PNV y Junts, Feijóo quiere que los dos últimos le ayuden a tumbar algunos proyectos del Gobierno y no descarta que le den su apoyo para realizar una moción de censura contra Sánchez en algún momento de la legislatura. Con todo, el líder del PP se da tiempo. Considera que todavía no es el momento para plantear ese debate porque la legislatura acaba de arrancar y reconoce que ambos partidos estarán vinculados al PSOE durante un tiempo.
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Si hay un rasgo que caracteriza a Junts es su imprevisibilidad. No hay que dar por sentada una posición de antemano —eran muchos los analistas que afirmaban, contundentes, que nunca votarían a favor de la investidura de Pedro Sánchez—, porque su acción política está dominada por la reivindicación nacional y la rivalidad con ERC. No está instalado en el no a todo, pero las posibilidades de rechazo se multiplican cuando se cruza la variable nacional, es decir, cuando la política sobre la que se debe decidir puede ser interpretada como una invasión de las competencias autonómicas.
Situar a Junts en el mismo punto del eje ideológico que el PP –o Vox– en cuestiones económicas o sociales, más allá de coincidencias puntuales, no casa con los hechos. Por ejemplo, la formación llegó a votar en 2020 junto a ERC, la CUP y los comuns la ley de regulación del precio del alquiler, una posición que contrasta con la de la derecha a escala nacional. La pasada legislatura la formación liderada por Míriam Nogueras en Madrid votó a favor de la revalorización de las pensiones conforme al IPC, del Ingreso Mínimo Vital, del impuesto a la banca y las energéticas, de la ley del sólo sí es sí, de la ley de eutanasia y de la reforma de la ley del aborto y la ley trans, entre otras.
En el caso del PNV, su papel esta legislatura tampoco se entiende sin la pugna que mantienen con EH Bildu por asumir la defensa de los intereses de Euskadi en el Congreso. Con las autonómicas a la vuelta de la esquina y la izquierda abertzale ganando posiciones frente a los peunevistas, los de Andoni Ortuzar buscan maximizar las ganancias que les pueda propiciar dar apoyo al Ejecutivo en minoría del PSOE y Sumar.
Al igual que sucede con Junts, no encaja en el eje tradicional de izquierda-derecha. La pasada legislatura votó a favor de la ley trans, de la ley del aborto, de la ley de eutanasia, de la de infancia, de la de memoria democrática y la de cambio climático, entre otras. En materia económica, los jeltzales apoyaron los ERTE ejecutados por el Gobierno durante la pandemia, el Ingreso Mínimo Vital, el tope al gas y la revalorización de las pensiones, entre otras cuestiones. Su límite, al igual que sucede con los independientitas catalanes, es la invasión competencial.
Hace un mes, las dos formaciones escenificaron su alianza —frente a la que mantienen ERC y Bildu—con una reunión entre el secretario general de Junts, Jordi Turull, y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar. La reunión se celebró pocos días después de que suscribieran con el PSOE acuerdos “de alto contenido político" y acordaron "trabajar en las Cortes de forma coordinada para el cumplimiento de los objetivos compartidos". Entre esas reivindicaciones comunes está la reclamación del "reconocimiento nacional" del País Vasco y Cataluña, y la reforma del modelo de Estado.
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La reforma laboral impulsada por el Ministerio de Trabajo, bajo la batuta de Yolanda Díaz, contó con el rechazo de los diputados de Junts y del PNV. ¿El argumento de ambos para el no? La primacía de los convenios catalanes y vascos sobre el estatal. La portavoz de Junts en el Congreso aseguró que la reforma era "un parche" que blanqueaba la reforma del PP. Y añadía: "El progreso laboral de Cataluña no puede depender en ningún caso de los tacticismos políticos y partidistas vestidos de partidos de izquierda españoles", señalaba Nogueras. Una crítica que parece salida de la izquierda. "La prevalencia de los convenios autonómicos es irrenunciable y urgente. Y no podemos mirar para otro lado”, alegó, por su parte, Aitor Esteban.
Ambas formaciones votaron también en contra de la Ley de Vivienda junto al PP, Vox, Cs y PdeCat. De nuevo, las razones alegadas no estaban tanto en el fondo del texto como en el supuesto ataque al "autogobierno". Por ejemplo, Nogueras criticaba a Pere Aragonès, president de la Generalitat, por el apoyo de ERC a la norma.Un argumento compartido por el PNV, que consideró la ley como un "ejemplo paradigmático de recentralizacion e invasión competencial". Es más, los peunevistas aseguraron que su propia ley autonómica era "más progresista" que la del Gobierno por reconocer el Derecho Subjetivo a la Vivienda.
Sucede otro tanto con los impuestos a la banca y a las eléctricas. Desde el PNV ya advirtieron de que si se hacen permanentes, tal y como está recogido en el acuerdo entre PSOE y Sumar, el Ejecutivo central que "respetar la autonomía del Concierto Económico vasco y el convenio navarro". Aun así, la formación aseguró que compartía el fondo de la iniciativa, pero no el diseño y el procedimiento legislativo. En el caso de normas como la Ley de Memoria Democrática, Junts votó en contra, de nuevo junto al PP, Vox y Cs. –ERC se abstuvo– porque no se reconoció a la "nación catalana" como "víctima del franquismo".
Alberto Núñez Feijóo se quedó a cuatro escaños de ser investido presidente del Gobierno el pasado septiembre. Cuatro escaños que buscó encarecidamente, incluso entre las filas del PSOE, pero que no encontró por ninguna parte. Tras ser primera fuerza en las elecciones del 23J, el líder del PP asumió la responsabilidad de formar gobierno. Miró en primer lugar hacia el PNV, ya que los nacionalistas vascos apoyaron los últimos Presupuestos del expresidente Mariano Rajoy, pero no tardaron ni 24 horas en cerrarle la puerta. Después, algunos dirigentes del PP pusieron el foco en Junts, lo que provocó malestar en el seno del partido por ser la formación de Carles Puigdemont, al que siempre definen como un “prófugo de la justicia”.