Unanimidad en el Senado. La Cámara alta expresó este martes su voluntad por terminar con el sistema de voto rogado. Todos los grupos han aprobado una moción pidiendo la derogación del mecanismo impuesto en el año 2011 por el PSOE. Lo hacen con el objetivo de "facilitar la participación electoral desde el extranjero", para lo que plantean el estudio de una circunscripción nueva formada por este tipo de sufragio.
La iniciativa ha sido registrada por Unidos Podemos, tras negociar con el resto de formaciones las condiciones de su respaldo. La moción incluye una primera parte con varias iniciativas a debatir en la subcomisión creada en el Congreso para reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. En una segunda parte, además, el Senado insta al Gobierno a mejorar la asistencia sanitaria y social que reciben los emigrantes españoles a su regreso, y a estudiar medidas para facilitar "el retorno voluntario", con "especial atención a la nueva emigración derivada de la crisis" y buscando medidas específicas para que vuelva "el talento científico y profesional".
Marea Granate, el principal colectivo que ha reivindicado la derogación del voto rogado, celebra la decisión del Senado sin dejar de lado un atisbo evidente de cautela. "Nos gustaría tener un optimismo flagrante, pero vamos con cuidado", reconoce Berta Burguete, miembro de la plataforma, en conversación con infoLibre. Valora el pronunciamiento de la Cámara alta como "un primer paso", y aunque recalca que "todavía queda mucho trabajo", entiende que "se ve la luz al final del túnel".
Pese a la labor constante del colectivo desde su creación en el año 2013, Marea Granate no ha mantenido conversaciones con Unidos Podemos para definir la propuesta que el grupo ha presentado en el Senado y que finalmente ha recibido apoyo unánime. De hecho, continúa Burguete, el movimiento se siente "bastante frustrado" en lo que respecta al diálogo con los partidos. Ha tenido "contactos puntuales, sin poder discutir a fondo las demandas, con PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos", pero espera "establecer un canal de comunicación más serio" próximamente.
Respecto a la visión del colectivo de cara a la derogación definitiva del voto rogado, Burguete subraya que "lo positivo es que en este momento no hay una mayoría", algo que permite "negociar y conversar" con la oposición. En esta tarea, Marea Granate se reivindica como piedra angular. Burguete considera que el movimiento cuenta con "el mayor conocimiento de la realidad del voto exterior", producto de la suma entre el estudio de la ley y los testimonios que han recogido a lo largo de los años.
La agonía del voto exterior
La Junta Electoral Central reconoció, en noviembre de 2015, ser "consciente de las dificultades que plantea el ejercicio del derecho de sufragio de los españoles residentes en el exterior en los términos recogidos en la legislación vigente". Dificultades que han quedado evidenciadas con la caída de la participación: "El cambio de envío de papeletas de oficio a voto rogado ha hecho caer la participación del 30% al 6%", recalca Burguete.
Se trata de una realidad que la Junta Electoral ya había pronosticado antes de la reforma de la ley hace seis años. El sistema de voto rogado para emigrantes ya estaba implantado para las elecciones locales y, según recoge un informe del propio organismo del año 2009, en las elecciones donde no había que solicitar el voto la participación desde el exterior era de 31,88% mientras que en las municipales era de un 5,75%. Tal y como recoge la plataforma Marea Granate, dicho informe señalaba que ampliar el voto rogado a todos los tipos de comicios tendría "otros inconvenientes que también deben ser tenidos en cuenta: supone una vuelta atrás de la reforma implantada en 1995, recibirá la crítica de los afectados y quizás provocará una disminución de la participación electoral".
Las elecciones del 2011, una vez puesto en marcha el mecanismo de voto rogado, construyeron los cimientos de una tendencia que no ha cesado: la participación de españoles en el extranjero cayó hasta el 4,95%. Las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 terminaron con un 37% de los emigrantes españoles recibiendo tarde las papeletas, y sólo el 4,7% pudo ejercer su derecho al voto, la participación más baja en tres décadas. La escena se repitió el 26 de junio, cuando el 29% de los residentes en el extranjero que los pidieron no recibieron los documentos a tiempo, y la participación fue del 6,3%.
En las elecciones europeas de 2014, de las 1.692.618 personas inscritas en el censo CERA, 62.002 solicitaron el voto pero sólo 34.310 ejercieron finalmente el derecho a elegir a sus representantes en el Parlamento Europeo, es decir, el 2%.
En septiembre de 2016, los comicios vascos y gallegos también fueron una odisea para el voto exterior. De las 446.270 personas inscritas como residentes ausentes en Galicia, únicamente 19.700 rogaron el voto, y de ellas sólo 10.777 remitieron su sufragio. Es decir, únicamente el 4,4% de los gallegos en el extranjero pudo ejercer su derecho a voto. En el caso de los vascos, el porcentaje fue del 6,8%.
Trabas burocráticas y económicas
Con la modificación de la ley electoral realizada en 2011 se introdujo un nuevo requisito para los españoles residentes en el extranjero: la obligación de notificar su intención de votar antes de cada elección. Solo así pueden recibir, antes del día del sufragio, la documentación que les permite hacerlo ya sea por correo o en urna en los consulados.
Marea Granate denuncia que los problemas para ejercer el derecho al voto empiezan en la inscripción en el censo. "La mayoría de las inscripciones deben hacerse en persona, pero el problema es que cuando puedes hacerlo a distancia, como es el caso de San Francisco, te piden que envíes por correo la documentación con el pasaporte o el DNI originales, lo que supone quedarte indocumentado", destaca la plataforma, que insiste en que "no todo el mundo tiene el consulado al lado o tiene la capacidad de hacer un viaje".
Último intento en el Congreso para suprimir el voto rogado antes de las elecciones de mayo
A los obstáculos burocráticos y la escasa duración de los plazos se le añaden las trabas económicas. Los electores que viven fuera de España de forma temporal –censo ERTA– y que sólo cuentan con la opción de votar desde el extranjero por correo, tienen que pagar por votar. Una vez rogado el voto y recibidas las papeletas, deben enviarlas a la Junta Electoral Provincial en la que están inscritos en España, adelantando también el pago del envío. Para conseguir la devolución de ese dinero deben incluir el cupón de solicitud de reembolso junto al resto de documentación, pero en gran parte de los casos el importe nunca les es devuelto.
El real decreto que regula los procesos electorales establece que los residentes ausentes –los dados de alta en el CERA– que viven en países con los que Correos y Telégrafos no ha establecido acuerdos específicos deben "satisfacer los gastos de franqueo y certificado que correspondan, pudiendo solicitar el reintegro de tales gastos, cumplimentando las indicaciones del impreso destinado a posibilitar el reintegro". En esta norma, no obstante, no existe ninguna referencia a los residentes temporales, que son los que tienen que pagar en todos los casos el coste del envío de sus papeletas a España.
Revertir la situación pasa necesariamente por la derogación del voto rogado, pero "sin volver al escenario previo", resuelve Burguete, quien considera que debe existir "control del DNI y otras medidas para evitar el fraude sin volver al modelo anterior".
Unanimidad en el Senado. La Cámara alta expresó este martes su voluntad por terminar con el sistema de voto rogado. Todos los grupos han aprobado una moción pidiendo la derogación del mecanismo impuesto en el año 2011 por el PSOE. Lo hacen con el objetivo de "facilitar la participación electoral desde el extranjero", para lo que plantean el estudio de una circunscripción nueva formada por este tipo de sufragio.