La Comunidad de Madrid tendrá finalmente presupuestos. Ejecutivo regional y extrema derecha han suscrito este martes un acuerdo para que las primeras cuentas públicas de la ‘era Ayuso’ terminen llegando a buen puerto. El pacto en sí no tiene un impacto significativo a nivel económico sobre el proyecto de 23.000 millones puesto sobre la mesa hace un mes por el Gobierno regional –supone un incremento de la inversión de algo más de 78 millones–. Pero eso no le resta importancia. Sobre todo a nivel político. Primero, porque es la consumación de la alianza que se venía tejiendo entre conservadores y ultras. Segundo, porque permite al PP acabar con dos años en blanco a nivel presupuestario en su principal bastión autonómico. Y tercero, porque abre la puerta a las banderas ideológicas de Vox en las cuentas públicas.
Tras dos meses de tiras y aflojas y más de una decena de reuniones entre ambas partes, ambas formaciones han anunciado la fumata blanca por separado. Primero, la ultraderecha. Una hora más tarde, el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty. A pesar de la ausencia de una fotografía conjunta, los dos partidos se han esforzado en agradecerse mutuamente el trabajo realizado. "No recoge todas las aspiraciones que tiene Vox, pero es un acuerdo razonable", ha señalado el portavoz adjunto de la extrema derecha, Íñigo Henríquez de Luna. Y lo es, precisamente, porque el pacto "profundiza en las líneas programáticas e ideológicas" que la formación ultra "siempre ha defendido".
1-Lupa sobre los menores no acompañados
Desde que entró en las instituciones, Vox se ha esforzado por poner en la diana a los menores extranjeros no acompañados. "El español de a pie tiene derecho a caminar con tranquilidad por sus barrios sin tener miedo a ser atracado o asaltado por una manada de menas", señalaba hace un par de años la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, quien no ha dudado en reclamar en repetidas ocasiones el cierre de los centros que se encargan de acoger a estos chavales. Un señalamiento público que, incluso, se llevó a cabo durante la campaña electoral del 4M en el Metro de Madrid, a través de aquel infame cartel que llegó a contar con el beneplácito de la justicia.
"Necesitaríamos más recursos para que ellos tengan oportunidades para formarse e integrarse", respondía la presidenta regional ante aquella imagen colocada en el suburbano. Ahora, su Ejecutivo se ha comprometido con los ultras a realizar una auditoría que abarque "todos los aspectos" relacionados con "los servicios y subvenciones asociados a los menas –la expresión que se utiliza desde la extrema derecha para despersonalizar a todos estos muchachos y muchachas–". La fiscalización debe iniciarse en los tres primeros meses de 2022. Y, calculan, costará a las arcas públicas unos 50.000 euros.
2-Subvenciones con el ojo puesto en el feminismo
Algunas de las banderas ideológicas de la ultraderecha que han quedado recogidas en el acuerdo de este martes ya aparecían reflejadas en el borrador de pacto que el anterior Ejecutivo de coalición –PP y Ciudadanos– estuvo a punto de cerrar con Vox antes de que la moción de censura en Murcia precipitase un adelanto electoral en la capital. Así, aquel documento, revelado por la Cadena Ser, ya contemplaba llevar a cabo el análisis anterior, aunque recogiendo también un refuerzo de la seguridad alrededor de los centros de menores no acompañados. Y, además, ponía el acento en las ayudas otorgadas por la administración regional.
Un asunto que queda plasmado en el nuevo acuerdo. "El Gobierno realizará auditorías de todas las subvenciones concedidas en los últimos cuatro años, con el objeto de comprobar el impacto de las mismas en la actividad subvencionada y los resultados conseguidos", recoge el documento, que sitúa el coste de esta medida en los 200.000 euros. Aunque el texto contempla la revisión de todas las ayudas, lo cierto es que la ultraderecha se ha esforzado en poner en cuestión especialmente aquellas que van a parar a sindicatos o a cuestiones relacionadas con el feminismo, la violencia machista o el movimiento LGTBI. "Saben ustedes que nosotros estamos comprometidos a acabar con los que llamamos chiringuitos", ha deslizado Monasterio en rueda de prensa.
3-Diez millones menos de gasto político
La reducción de lo que llaman "grasa del sistema" siempre ha sido otra de las exigencias de la extrema derecha desde el comienzo de la legislatura. Es algo que el Gobierno de Ayuso ha tenido claro en todo momento. Y a lo que ha recurrido desde el primer momento para tratar de mantener contentos a sus socios preferentes. En algunos casos, con decisiones palpables, como la eliminación de los comisionados de Bienestar Animal y Revitalización de Municipios Rurales. En otros, con acuerdos que ni siquiera dependen de ellos mismos, como el recorte en el número de diputados de la Asamblea de Madrid para el que se necesita a parte del bloque de izquierdas en la Cámara de Vallecas.
De ahí que uno de los puntos del pacto presupuestario verse sobre la reducción de los gastos de estructura y funcionamiento de la administración regional. El documento sólo recoge el compromiso de disminuir la partida de gastos de promoción, de contratos de estructura administrativa y de arrendamientos. Sobre la fusión o supresión de órganos o entes, únicamente contempla analizar su viabilidad. Con esta medida, el ahorro estimado es de 10 millones de euros, frente a los 45 millones que se contemplaban en el borrador en el que participó Ciudadanos, cuando la dimensión del Ejecutivo de coalición era entonces mayor que la actual.
4-Una "igualdad" en el fomento del empleo poco explicada
El acuerdo no incluye nada sobre las leyes de género y LGTBI, cuya derogación exige la ultraderecha desde el mismo Pleno de investidura de Ayuso. En este sentido, ambos partidos han explicado que dicha cuestión se lleva al margen de la negociación presupuestaria. Y que, por tanto, continúan trabajando en ella. "Seguimos negociando", se ha encargado de apuntar el consejero de Hacienda. El Ejecutivo regional siempre ha rechazado eliminar totalmente estas normativas. Sin embargo, sí se ha mostrado dispuesto a estudiar una reforma de las mismas. Principalmente, en lo relativo a la inversión de la carga de la prueba.
Por el momento, la ultraderecha ha conseguido que en el pacto presupuestario se incluya un punto relativo a la "igualdad en el fomento del empleo". "El Gobierno mantendrá el principio de igualdad en todas las convocatorias de ayudas o incentivos para el empleo, sin discriminación entre los principales perceptores", recoge el documento. En rueda de prensa, los periodistas han tratado de conocer los efectos reales de dicha medida. Preguntas que el consejero de Hacienda se ha limitado a solventar con una simple lectura del párrafo en cuestión, sin aportar más detalles.
5-La gratuidad educativa deja de ser una "utopía"
Desde que arrancó la negociación de las cuentas públicas, los de Monasterio fijaron como una línea roja la gratuidad educativa en las etapas no obligatorias. Y fue uno de los puntos de roce entre ambas formaciones. "Tenemos en la educación una política que consigue que ninguna familia se quede sin estudiar por motivos económicos, pero no podemos regalarle a todo el mundo la educación porque no es sostenible el sistema, si no, créanme que lo haría", replicaba Ayuso a la bancada de Vox hace poco más de un mes, en una intervención en la que calificó la medida de "utopía".
Pero, al final, la ultraderecha ha logrado que el primer punto del pacto firmado sea justamente ese. Ambas formaciones han acordado que se pongan sobre la mesa para el próximo ejercicio 62,5 millones de euros adicionales para iniciar el "proceso de gratuidad" en educación infantil de cero a tres años, FP y Bachillerato. Los fondos extra son solo el punto de partida. En cada ejercicio, el Ejecutivo madrileño se compromete a incrementar un 33% las ayudas y beneficiarios para el primer ciclo, mientras que para los otros dos el incremento será del 25% anual. En el borrador elaborado antes de que se adelantasen elecciones, el compromiso era incrementar las ayudas un 50% cada ejercicio.
Ayuso alcanza un acuerdo con la ultraderecha para la aprobación de los presupuestos
Para el acceso a este respaldo de la administración, se ha fijado el límite de renta en la media del PIB per cápita en la región. "35.000 euros por cada miembro de la unidad familiar", según detallan fuentes de Hacienda. Es decir, que en el caso de una pareja con dos hijos podrán solicitar la ayuda tanto los hogares en los que entren 20.000 euros al año como aquellos en los que entren 140.000 anuales. En la última convocatoria de los cheques guardería, el límite de renta se fijó en los 25.000 euros per cápita, por lo que los ingresos máximos que entonces podía tener una pareja con dos niños para acceder a ellas no podían superar los 100.000 euros anuales.
6- Ayudas y más financiación frente al aborto y la eutanasia
"Nosotros somos defensores de la vida, desde la concepción a la muerte natural". Con estas palabras, la líder ultra en Madrid anunciaba, desde la sede nacional de la formación, el compromiso del Ejecutivo regional de aumentar en otro millón de euros "la dotación económica para entidades que apoyan a mujeres adolescentes embarazadas". Habrá que ver qué colectivos concretos se quedan con ese aumento. Hace solo un año, la extrema derecha en el Ayuntamiento de Madrid ya consiguió, a cambio de su apoyo presupuestario, que el equipo de gobierno local incluyese en sus cuentas una ayuda directa de 200.000 euros para la Fundación Madrina, un colectivo antiabortista al que Monasterio siempre ha estado muy vinculada y que trabaja con casos de este tipo.
Para Ayuso, el aborto debe ser "legal" y "seguro" a la par que "poco frecuente". Una línea argumental similar a la que ha mantenido en público en relación a la eutanasia. En este sentido, tanto Vox como la presidenta regional defienden que la mejor fórmula para que ninguna persona tome esta segunda decisión pasa por tener un buen sistema de cuidados paliativos. De ahí, que el acuerdo presupuestario incluya, justamente, un incremento de cinco millones de euros de la dotación del Plan de Cuidados Paliativos "con el fin de ampliar significativamente el número de beneficiarios del mismo".
La Comunidad de Madrid tendrá finalmente presupuestos. Ejecutivo regional y extrema derecha han suscrito este martes un acuerdo para que las primeras cuentas públicas de la ‘era Ayuso’ terminen llegando a buen puerto. El pacto en sí no tiene un impacto significativo a nivel económico sobre el proyecto de 23.000 millones puesto sobre la mesa hace un mes por el Gobierno regional –supone un incremento de la inversión de algo más de 78 millones–. Pero eso no le resta importancia. Sobre todo a nivel político. Primero, porque es la consumación de la alianza que se venía tejiendo entre conservadores y ultras. Segundo, porque permite al PP acabar con dos años en blanco a nivel presupuestario en su principal bastión autonómico. Y tercero, porque abre la puerta a las banderas ideológicas de Vox en las cuentas públicas.