Ayuso alcanza un acuerdo con la ultraderecha para la aprobación de los presupuestos
El Ejecutivo madrileño alcanza con la ultraderecha un acuerdo para la aprobación de los primeros presupuestos de la era Ayuso. El pacto alcanzado, firmado por el consejero de Hacienda, Javier Ferdnández Lasquetty, y la líder de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, incluye 13 medidas. "Una por cada uno de nuestros diputados", ha remarcado la dirigente del partido ultra en rueda de prensa. Entre ellas, la realización de una auditoría del dinero destinado a los centros de menores no acompañados, la fiscalización de "todas las subvenciones concedidas en los últimos cuatro años" y la gratuidad de la enseñanza en las etapas educativas no obligatorias –infantil de cero a tres años, Bachillerato y FP–.
“Nos comprometemos a rechazar todas las enmiendas totales y parciales de la izquierda”, ha dicho Monasterio. "Agradecemos la disposición de la Comunidad de Madrid. No cumple todas las expectativas, pero es satisfactorio", ha continuado la dirigente de la extrema derecha, quien ha querido dejar claro que mientras Vox exista la izquierda debe perder "toda la esperanza" de "entrar en Madrid". "Es un acuerdo importante, muy positivo", ha apuntado el consejero de Hacienda, que ha explicado el acuerdo desde la Asamblea de Madrid. Lo ha hecho una hora después de la intervención de Monasterio desde la sede nacional del partido. Por el momento, no ha habido foto conjunta entre las dos partes.
El pacto entre los dos grupos, cerrado el lunes y suscrito a primera hora de este martes, incluye una partida presupuestaria de 62,5 millones de euros para iniciar el "proceso de gratuidad" de las etapas educativas no obligatorias. "El Gobierno propone incrementar el importe de los cheques/bonos educativos y el número de beneficiarios de las mismas", reza el documento.
Los fondos puestos sobre la mesa son solo el punto de partida. Según se detalla en el acuerdo, en cada ejercicio el Ejecutivo madrileño se compromete a incrementar un 33% las ayudas y beneficiarios en el caso de la educación infantil, mientras que en el resto de etapas contempladas –Bachillerato y FP– la subida será del 25% anual. El coste total esperado de todo el proyecto se cifra en algo más de 200 millones de euros. "Se espera incrementar en 18.090 familias el número de beneficiarios actuales", señala el documento, en el que también se pone un límite de renta para el acceso fijado en la "media del PIB per cápita de la Comunidad de Madrid".
El pacto, en el que también se plasma el recorte del 10% en el presupuesto de Telemadrid –un acuerdo que realmente se alcanzó hace ya un par de meses–, incluye además incrementar en 9 millones de euros la financiación prevista para el programa Primera Vivienda, que busca favorecer la emancipación de los jóvenes menores de 35 años que carecen de ahorro para acceder a una casa. Además, en materia de vivienda, también se contempla un aumento del suelo público a disposición de la iniciativa público-privada para aumentar la oferta de vivienda de alquiler a precio asequible.
A nivel social, el documento contempla incrementar en un millón de euros el apoyo a las familias con miembros que padecen Trastornos del Especto Autista, meter cinco millones al Plan de Cuidados Paliativos y en otro millón de euros adicional "la dotación económica para entidades que apoyan a mujeres adolescentes embarazadas". Además, recoge el compromiso del Gobierno de Ayuso de agilizar los pagos a proveedores y de personarse en los "asuntos relacionados con la seguridad de los madrileños".
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El Ejecutivo regional también se ha plegado a algunas de las exigencias más ideológicas de los ultras. Así, por ejemplo, el pacto contempla realizar a partir del próximo 1 de marzo una auditoría sobre los costes de los servicios y las subvenciones asociadas a los centros para menores extranjeros no acompañados. O fiscalizar todas las ayudas económicas concedidas durante los últimos cuatro años, sobre todo su "impacto" y los "resultados conseguidos". O llevar a cabo una reducción de la estructura y funcionamiento de la administración autonómica –gastos de promoción, de arrendamiento, fusión o supresión de órganos–,, con la que esperan ahorrar 10 millones de euros.
Pero no solo eso. "El Gobierno mantendrá el principio de igualdad en todas las convocatorias de ayudas o incentivos para el empleo, sin discriminación entre los potenciales perceptores. En aquellas convocatorias que obedezcan a requisitos o condiciones marcados por el Gobierno de la Nacional o la UE, como administraciones financiadoras, se estará a lo dispuesto en las respectivas normativas", recoge el documento. "Se respetará la igualdad de todos los madrileños. No se harán distinciones en las convocatorias por razones de raza, religión o sexo", ha sostenido al respecto Monasterio.
En total, para los presupuestos de 2022, el acuerdo contempla un desembolso extra de 78,75 millones. Una parte de ello se financiará con el ahorro que generan algunas de las medidas contempladas –17,4 millones de euros–. Los 61,3 millones de euros restantes irá "contra la partida de créditos centralizados, que se reserva para atender a las cuestiones que puedan ir surgiendo". "Ninguna partida de ninguna consejería bajará para poder financiar estas medidas", ha sentenciado el consejero de Hacienda.
