La Xunta decide mantener los ratios de personal de hace 30 años en las residencias de mayores

La Xunta culminaba en la primavera de 1996 el proceso de asunción de las competencias en materia de servicios sociales, que había compaginado con las de sanidad en el mismo ministerio encabezado por José Manuel Romay Beccaría con su principal discípulo político, Alberto Núñez Feijóo, como número dos. Fue entonces cuando el Gobierno gallego emitió por primera vez una orden para regular los requisitos mínimos de los centros de atención a personas mayores, desde las características de los edificios hasta el personal.

En este momento, han pasado casi treinta años desde que se emitió una norma para regular un área con muchas novedades durante todo este tiempo. Desde el evidente envejecimiento de la población gallega hasta cambios normativos tan relevantes como la ley de dependencia. Sin embargo, hasta ahora sólo se había modificado dos veces, en 2022 y 2023, para que afectara también a las viviendas colaborativas, un tipo de centro que no existía en 1996. Ahora llega la tercera modificación para ampliar los servicios de enfermería en las residencias, pero también mantener las proporciones generales de personal en los niveles de hace tres décadas.

Este 13 de diciembre, la Consellería de Política Social publicó una nueva orden en el Diario Oficial de Galicia (DOG) en la que alude a la "experiencia acumulada" desde 1996 al considerarla como "evidencia" para "conseguir una mejor atención a las personas que utilizan centros residenciales de atención a mayores". Es necesario "establecer una proporción de personal de enfermería en función del grado de dependencia de los usuarios". Hasta ahora, sólo las residencias con 40 plazas o más debían disponer de personal de enfermería –por una orden de 1996, con las antiguas denominaciones ATS o DUE– presente las 24 horas y, las demás, sólo con "presencia localizada".

A partir de ahora, todas las residencias mantendrán el requisito de "presencia localizada de personal médico" –es decir, que el médico no tiene que estar presente las 24 horas del día en la residencia, pero sí con posibilidad de acudir a él–. Pero, además, "deberán disponer de personal de enfermería" en distintas proporciones según el grado de dependencia de los residentes.

Para cada usuario sin grado de dependencia reconocido o en el nivel más bajo (el primero de una escala de tres) se exigirá una "tasa de 0,02" profesionales de enfermería por usuario, es decir, uno entre 50 o dos entre cien. En el caso de los grados II y III de dependencia, esa ratio se fija en "0,03 por persona usuaria", es decir, uno por cada 33 o 3 por cada 100 residentes.

Junto a estos nuevos ratios, Política Social mantiene la indicación general de que las residencias deberán "prestar una atención sanitaria integral a todos los residentes, mediante la prestación de servicios profesionales por sí mismas o de forma concertada". Aquella exigencia de 1996 se mantiene como estaba y además se mantiene inalterada la "ratio mínima de personal de atención directa en régimen de jornada completa", entendiendo por "atención directa" tanto al "personal gerocultor como al personal sanitario".

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En este contexto y pese a experiencias como la de la pandemia del covid-19, todavía bastará con tener 0,20 profesionales por usuario "en módulos dirigidos a la atención de personas con autonomía" y 0,35 " en módulos dirigidos a personas dependientes. Es decir, los mínimos exigidos por la Xunta seguirán fijados en 20 profesionales de atención directa por cada 100 usuarios que tengan autonomía o 35 profesionales a tiempo completo para atender a residentes dependientes.

Estas cifras suponen un alejamiento de los niveles de plantilla incluidos en el nuevo modelo de residencias negociado en 2022 entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, apoyado por varios representantes del sector pero rechazado por Ejecutivos como el gallego. Este nuevo modelo estableció un aumento progresivo de la ratio de personal de atención directa en las residencias de mayores, partiendo de 0,39 profesionales por usuario en 2023 y llegando a 0,51 en 2029.

En ese momento, como muestra el gráfico que acompaña estas líneas, la ratio general fijada por la Xunta para el personal de atención directa a los residentes considerados autónomos está ampliamente por debajo del nuevo modelo estatal. En el caso de los residentes en situación de dependencia, la ratio de la Xunta mejora la ratio estatal hasta 2025, pero a partir de entonces también será inferior.