Las leyes de violencia machista en la UE a examen: solo dos países tienen legislación específica

Países con legislaciones avanzadas como España o Suecia, rezagados como Bélgica y Francia y directamente suspensos como Dinamarca y Hungría. La violencia de género tiene, gracias al movimiento feminista y a la la mayor implicación de los partidos políticos, un peso cada vez mayor en los países de la Unión Europea. Sin embargo, los estados miembros no han avanzado de forma uniforme y, como en tantas materias, Europa también va, en violencia de género, a varias velocidades. Durante estos años, mientras algunos países se han implicado en redactar leyes concretas sobre violencia machista, separándola de la violencia doméstica (la que se produce dentro del hogar contra cualquier miembro) y reconociendo un delito específico cuando esta se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo, otros se han quedado atrás no incluyendo en sus legislaciones los cambios reclamados por el movimiento feminista.

Durante este año, de hecho, el principal avance en materia de lucha contra la violencia de género no ha tenido lugar en los países miembros, sino en la propia Unión Europea. El club comunitario aprobó en los primeros meses de 2024, con el final de la legislatura en el horizonte, dos directivas claves para proteger los derechos de las mujeres. Ambas legislaciones eran las primeras en los 30 años de existencia de la UE tal y como la conocemos que blindaban a nivel europeo materias como la trata de mujeres, la violencia de género o la violación.

La primera en acordarse, en el mes de enero, fue la reforma de la directiva contra la trata de personas, que había sido aprobada hace 12 años y se había quedado anticuada para las nuevas problemáticas. Con los cambios, la UE incluía la explotación por vientres de alquiler en la legislación y la criminalización de usuarios que consuman servicios sexuales a sabiendas de que los ofrecen víctimas de trata. 

Sin embargo, la directiva contra la violencia de género trajo mucha más polémica. Con ella, la Unión Europea reconocía por primera vez  a nivel comunitario delitos como la mutilación genital, el matrimonio forzoso o la difusión de imágenes sin consentimiento, pero a costa de dejar fuera algo tan prioritario para el Parlamento y para países como España como la tipificación de la violación basada en el consentimiento. La oposición de Francia y Alemania hizo que esa parte fundamental cayera, dejando en la legislación europea la definición del delito de violación previa a la aprobación de la ley del solo sí es sí en España. 

Solo dos leyes específicas a nivel europeo

La directiva, pese a que finalmente no se incluyera la figura del consentimiento, ha sido un avance histórico en el conjunto de la UE ya que sirve como paraguas a nivel comunitario para una materia en la que los países miembros tienen enormes diferencias. En el club comunitario, sólo dos miembros tienen leyes específicas sobre contra las mujeres, separando el delito de violencia doméstica del de género y, en su mayoría, también tienen la tipificación de violación basada en la fuerza y no en el consentimiento.

En este sentido, España es un país pionero. No solo ha impulsado de forma decisiva las negociaciones de la directiva europea, también cuenta con una de las legislaciones más avanzadas en cuanto a la protección de las mujeres. En nuestro país, desde hace años se separa la violencia de género de la doméstica, contando con una ley específica (la Ley Integral de Violencia de Género) y tipificando el delito de violación en base al consentimiento. Todo ello en línea con lo establecido por el Convenio de Estambul.

“Es difícil encontrar países que regulen la violencia de género tal y como la entendemos en España. Personalmente, creo que el legislador español fue valiente, porque el mensaje que quiso mandar fue que el ámbito del hogar no iba a permanecer en lo privado bajo la premisa de una malentendida intimidad de los hogares cuando las puertas se cierran. Nuestro legislador reconoció que las mayores vulneraciones de derechos humanos de mujeres y de niños sucedían en el lugar en el que más a salvo deberían sentirse”, explica sobre la legislación española Raquel Borges, profesora de Derecho Procesal en la Universidad de Valencia y experta en temas de género. 

El otro país que cuenta con una ley que reconoce una violencia específica contra las mujeres es Suecia. El país escandinavo cuenta en su legislación con un delito diferenciado de violencia de género que solo se aplica cuando la víctima es una mujer, algo que, según indica un informe del EIGE (Instituto Europeo de la Igualdad de Género), no es lo habitual en las leyes suecas. Además, Suecia también tiene, desde el año 2018, una ley que tipifica el delito de violación en función al consentimiento, tal y como lo hace la ley del solo sí es sí en España.

Decenas de definiciones

Pese a todo, los casos de nuestro país y de Suecia son la excepción y no la regla en los estados miembros de la Unión Europea. “Hoy en día no disponemos de un concepto unitario de violencia de género en la Unión y esto acarrea problemas de reconocimiento mutuo. Son múltiples los motivos: el hecho de que, en sus orígenes, la Unión nació con intereses monetarios; la invisibilización social de la violencia de género y la difícil armonización de conceptos penales de leyes son fruto del contexto de cada país”, señala Borges.

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En la mayoría de los estados miembros, la violencia de género queda equiparada, según el repositorio del Instituto EIGE, a la violencia doméstica. Entre ellos, están países como Bélgica, Bulgaria, Croacia, Francia, Países Bajos o Malta, que no tienen un delito específico separado. Sin embargo, otros países van aún más rezagados. Entre ellos está Dinamarca que no tiene en su Código Penal un apartado específico para la violencia de género en el ámbito de la pareja. Allí, el delito se persigue en base a párrafos generales relativos a violencia física, sexual o psicológica.

En cuanto a violencia sexual, Dinamarca tampoco aprueba. El país no tiene la violación tipificada en base al consentimiento, e informes de Amnistía Internacional denunciaban la alta impunidad de los violadores daneses. La organización recogía testimonios de víctimas que contaban las dificultades para denunciar y, sobre todo, para ser creídas. “El consentimiento es algo que la mujer manifiesta de forma individual y, normalmente, cuando hay relaciones sexuales, se trata de delitos que se cometen en la intimidad y por eso la palabra de la mujer es sustancial. Hay un viejo estereotipo que estuvo muy arraigado en las legislaciones que es el de la mujer mentirosa. Creo que todavía late en determinados dirigentes de los estados de la UE y eso puede presentar la posibilidad de presentar denuncias falsas”, explica Gloria Poyatos, magistrada de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Otros países en una situación similar son Alemania, el cual tampoco tiene una definición legal de violencia de género, Letonia, que no separa ni siquiera violencia doméstica de otros tipos de violencia o Hungría, donde la violencia dentro del ámbito de la pareja no es un delito en sí mismo sino un agravante. El país gobernado por Viktor Orbán es, junto con Polonia, uno de los lugares donde la igualdad entre hombres y mujeres está más comprometida. La herencia del anterior Ejecutivo conservador polaco aún sigue permeando pese a la victoria electoral de Donald Tusk en octubre de 2023. Tanto es así que el anterior gobierno de Mateusz Morawiecki fue condenado por el Consejo de Europa por “no estar previniendo y combatiendo la violencia contra las mujeres y las niñas” y por tener "unas leyes obsoletas y una cultura de impunidad y de culpar a la víctima", que hacían una "mezcla explosiva". Algo que se repite, todavía hoy en muchos otros países del viejo continente.