En el verano de 2006, un accidente en la línea 1 del Metro de València dejaba 43 víctimas mortales y a otras 47 personas heridas. Con el PP al mando de la Generalitat Valenciana, el siniestro fue silenciado en los medios oficiales, Canal 9 y Ràdio 9, para no empañar la visita del Papa Benedicto XVI, que tuvo lugar días después del accidente. Comenzaba una larga lucha por parte de los familiares para depurar las responsabilidades políticas y penales de lo ocurrido.
¿Qué pasó?
Hace algo más de 14 años, el 3 de julio de 2006, un convoy de la red del Metro de València que transportaba a unas 150 personas descarriló en una curva a pocos metros de la estación de Jesús. Eran las 13.02 horas. El accidente causó 43 víctimas mortales, entre las que se encontraba el maquinista, y dejó 47 heridos. Ni un solo político ni técnico dimitió jamás por esta tragedia.
Canal Nou, la cadena pública de la Generalitat Valenciana, gobernada por el Partido Popular, no cambió la programación el día del accidente y siguió ofreciendo información sobre la visita de Benedicto XVI a la ciudad. Algunos trabajadores de la propia cadena denunciaron injerencias externas en la línea editorial.
¿Cómo se desarrolló la crisis?
Desde que ocurrió el accidente, el entonces president, Franciso Camps, se negó a recibir a las víctimas pese a insistir en que las llevaba "en el corazón". El relato ofrecido por los cargos políticos señalaba a un único culpable: el conductor del metro atravesó a 80 kilómetros por hora una zona con una velocidad límite de 40 kilómetros por hora. Pero los familiares de las víctimas descartaron el fallo humano como única causa del siniestro y apuntaron desde el principio a una falta de seguridad en la zona.
En la primera comisión para esclarecer el accidente, en agosto de 2006, el PP hizo uso de la mayoría absoluta para vetar comparecientes, censurar documentación y legitimar la versión de que el accidente fue "imprevisible e inevitable" y que la única causa fue la velocidad. El siniestro más grave de un suburbano en Europa se resolvió en cuatro días de comparecencias.
Según el informe de una segunda comisión, los principales responsables políticos fueron Francisco Camps, Víctor Campos (exvicepresidente encargado de gestionar las ayudas), Serafín Castellano (entonces portavoz del PP en las Corts) y el exdirector general José Vicente Dómine. También Juan Cotino, mano derecha de Camps, quien reconoció haber visitado al menos a 35 familias: posteriormente, algunas de ellas denunciaron que éste les ofrecía trabajo o becas para los hijos a cambio de no acudir a la Justicia.
¿Cómo se informó de ello?
En 2016, un informe de la Unió de Periodistes Valencians concluyó que Canal 9 manipuló las informaciones referentes al accidente ferroviario que ha sufrido la Comunitat Valenciana, al distorsionar y ocultar datos, restar importancia al asunto y no dar cabida ni a los familiares de las víctimas ni a posturas críticas. "Canal 9 dejó de ser un medio de comunicación al servicio de la sociedad valenciana para convertirse en un altavoz encargado de difundir la versión oficial marcada por Consell de la Generalitat" de entonces, en manos del PP y presidido por Francisco Camps, indicaba el documento.
Mientras la tragedia se sucedía cerca de la estación de Jesús, la noticia que ofrecían Canal 9 y Ràdio era la de los preparativos para la visita de Benedicto XVI a la ciudad, que tuvo lugar días después del siniestro, ocultado para no empañar el recibimiento del Papa.
En 2013, tras el anuncio del cierre de Canal 9 en 2013, los trabajadores tomaron el control de las emisiones y pidieron disculpas por ocultar el accidente del metro: "Canal 9 tuvo una actitud indigna para una televisión pública que debía estar al lado de sus ciudadanos. Las órdenes para silenciar esas voces, para no entrar en la investigación, para callar muchas cosas salieron del despacho del Palacio de la Generalitat".
El documental 0 responsables, enfocado en el siniestro, dedicó uno de sus capítulos a analizar la cobertura de Canal 9 con testimonios de trabajadores e imágenes de la televisión pública valenciana.
El punto de inflexión para reavivar la indignación popular llegó un 28 de abril de 2013, cuando el programa televisivo Salvados, de laSexta, entonces presentado por Jordi Évole, habló del accidente. Las concentraciones en la Plaza de la Virgen reclamando justicia pasaron de tener una asistencia media de 200 personas a 5.000. Las protestas multitudinarias continuaron hasta 2015, tras la victoria de la izquierda en los comicios autonómicos y municipales, momento en que la Asociación de Víctimas del Metro 3 de julio decidió dejar el caso en manos de esa victoria.
¿Qué consecuencias tuvo?
Pronto las familias afectadas se reunieron en la Asociación de Víctimas del Metro 3 de julio (AVM3J). Todos los días 3 de cada mes se juntaban en la Plaza de la Virgen, en València y desplegaban una pancarta con el número de víctimas.
Tras un periplo judicial en el que la causa llegó a archivarse hasta tres veces, el pasado enero, el Juzgado de lo Penal número 6 de València dictó una sentencia por la que condenó a cuatro exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) a un año y diez meses de prisión después de que las partes —Fiscalía, asociación de víctimas y defensa— alcanzasen un acuerdo.
El fallo confirmaba la tesis de la falta de seguridad: el exjefe de la Línea 1, Sebastián Argente; el exresponsable de Auditoría para la Seguridad y Circulación, Juan José Gimeno; el ex director adjunto de Explotación, Vicente Contreras; y el ex director técnico, Francisco García, omitieron sus obligaciones como miembros del Comité de Seguridad en la Circulación de FGV. "El Comité de Seguridad en la Circulación conocía las deficiencias de seguridad en el tramo subterráneo", recogía la sentencia. Así, la responsabilidad no fue del conductor, sino de la empresa.
Las víctimas celebraron el "final digno", pero, para Rosa Garrote, entonces presidenta de la AVM3J, a las víctimas les quedó una "espinita", la de que "no se han asumido las responsabilidades políticas".
Punto y final a 13 años de batalla judicial por el accidente del Metro de València
¿Qué cambió?
Con el cierre del capítulo judicial el pasado enero, se terminó la lucha de la asociación. "Este era el último capítulo abierto que nos quedaba. Creemos que se han cumplido los objetivos de la asociación y por eso el siguiente paso es disolverla y dar por terminada esta etapa", aseguraba Garrote.
Además de la condena, la lucha incansable de los familiares consiguió que la Comunitat Valenciana aprobase una Ley de Seguridad Ferroviaria, que incluiría una de las peticiones principales de las víctimas: la creación de una comisión independiente para analizar incidentes ferroviarios e investigar accidentes. Tras años de pugna por depurar responsabilidades, la gran preocupación de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de julio era que no volviera a repetirse un siniestro evitable que sucedió por una mala gestión y que se llevó 43 vidas por delante.
En el verano de 2006, un accidente en la línea 1 del Metro de València dejaba 43 víctimas mortales y a otras 47 personas heridas. Con el PP al mando de la Generalitat Valenciana, el siniestro fue silenciado en los medios oficiales, Canal 9 y Ràdio 9, para no empañar la visita del Papa Benedicto XVI, que tuvo lugar días después del accidente. Comenzaba una larga lucha por parte de los familiares para depurar las responsabilidades políticas y penales de lo ocurrido.