La crisis del petróleo de 1973, una grieta en el modelo económico franquista que se extendió hasta la democracia

Los países de la OPEP impusieron en 1973 una significativa subida de los precios del petróleo como represalia por la Guerra del Yom Kippur. Se desencadenó así una crisis económica para los países importadores del crudo, cuya industria energética dependía en gran parte de este producto. En España, la crisis puso de manifiesto las profundas vulnerabilidades del sistema fiscal y financiero, que llevaban décadas agrietando el panorama económico del país.

¿Qué pasó?

Una brevísima guerra, de apenas tres semanas de duración, desató una de las mayores crisis económicas y energéticas del mundo. Se trata de la conocida como Guerra del Yom Kippur (6 de agosto de 1973 — 24 de octubre de 1973). El Yom Kippur es la festividad judía del perdón, una de las fechas más sagradas del año para esta religión, y ese fue el día en que Siria y Egipto, junto a una coalición de países islámicos, decidieron atacar Israel. La respuesta fue inmediata y desmesurada: con el apoyo militar y económico de Estados Unidos, Israel no tardó en diezmar las fuerzas árabes y acabar con el conflicto.

A modo de represalia, los Estados de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), entre los que se encontraban Arabia Saudí, Irán e Irak, entre otros, impusieron una increíble subida del precio del petróleo, del que dependían todas las naciones occidentales, empezando por Estados Unidos. Se acabó así con la "edad de oro" en la que medio mundo había tenido acceso al combustible a precios muy bajos. El barril de crudo costaba unos 1,8 dólares antes de la guerra. A finales de año, alcanzó los 3,39 dólares y para 1974 ya costaba 11,6 dólares.

¿Cómo se desarrolló la crisis?

La crisis del petróleo llegó a España en unos años de máxima incertidumbre política y social —en el tramo final del franquismo—, pero también en un contexto económico vulnerable. Los economistas coinciden en señalar que la economía española ya arrastraba graves problemas desde los años del desarrollo. En un estudio realizado en plena segunda ola de la crisis petrolera, se analizan buena parte de esas cuestiones. Para entender las decisiones que se tomaron con respecto a la subida del precio del petróleo, es necesario exponer las más importantes.

La dictadura franquista se había asentado sobre un modelo autárquico que había socavado hasta el extremo la economía del país. A partir de los años sesenta se implantaron unos objetivos de aperturismo que se desarrollaron a través del Plan de Estabilización de 1959. Gracias a las medidas económicas de los tecnócratas —los economistas del Opus Dei que entraron entonces al gabinete franquista— España vivió un desarrollo "milagroso", pero asentado en profundos errores estructurales.

Se estimularon aquellas actividades que producían ganancias fáciles, porque movían grandes cantidades de capital y generaban una sensación de aumento del modelo de vida que daba buena imagen al régimen. A largo plazo, ese bienestar no era real y, además, se ayudaron de la inflación para generar un modelo de negocio altamente especulativo. Por otro lado, la apuesta por cierto tipo de industria promovió la migración de los campos a la ciudad, que no tenía suficiente trabajo para tanta mano de obra, mientras que las zonas agrícolas no se modernizaron y quedaron en buena parte desiertas y olvidadas. La concentración del desarrollo en la zona noreste del país (entre Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia) solo benefició a los núcleos urbanos y gran parte de la población que había quedado desempleada se vio obligada a emigrar a otros países europeos. Además, la inversión industrial estaba condicionada por intereses políticos, lo que a su vez propició crisis como la del caso Matesa. A esta situación, se le suman algunos problemas que venimos acusando todavía en la actualidad, como la falta de inversión en investigación científica.

En consecuencia, el desarrollismo franquista logró un crecimiento económico espectacular a costa del sector primario, de miles de emigrantes trabajadores y a través de cambios que no modificaron los fallos estructurales. Por ello, cuando llegó la crisis del petróleo en 1973 —en el momento en que debía implantarse la última oleada de medidas del Plan de Estabilización— tampoco supo afrontarla de forma eficaz.

El precio del crudo aumentó de los 3 dólares por barril en octubre de 1973, a casi 12 dólares en enero de 1974, lo que supuso un aumento de unos 2.500 millones de dólares de la inversión total en este producto. En España, cuyo consumo energético dependía en casi un 70% del petróleo, esta subida iba a tener consecuencias devastadoras. El Gobierno se planteó entonces aliviar parte de la carga financiera de los consumidores, y redujo los impuestos sobre el petróleo, asumiendo así parte del nuevo coste. De esta forma, el precio al usuario solo aumentó en un 20%, mientras que los ingresos del Estado por fuel disminuyeron un 35%. No obstante, el turismo y la exportación sufrieron importantes pérdidas, ya que el resto de países europeos sí habían dejado que los consumidores asumieran la subida del crudo.

Como consecuencia, España crecía mucho más rápido que sus vecinos europeos, pero también acumulaba una deuda exterior de más de 4.000 millones de dólares, un importante déficit de Estado y medio millón de parados. Además, la inflación se había impuesto como tendencia al alza en el país y, para 1976, ya alcanzaba una subida del 20% anual.

Por su parte, el turismo se había convertido en una de las principales fuentes de ingresos en España: entre 1951 y 1973 se pasó de 0,7 a 31,6 millones de turistas. Tras la crisis, el turismo se resintió, aunque siguió creciendo. Una investigación de 2015, afirma que “para los ciudadanos con rentas altas, medias e, incluso, media-bajas, el turismo fue más un bien de primera necesidad que de lujo”, aunque con cambios en sus rutinas: “ganaron terreno los destinos turísticos más cercanos y el transporte por carretera, especialmente el realizado en autobús”.

Esta es la situación económica que se encontró la democracia en sus primeros momentos, mientras pugnaba por hacerse hueco entre las instituciones franquistas y sacar adelante la nueva Constitución. Para ello, el Gobierno de Adolfo Suárez llegó a un acuerdo con los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados y, en octubre de 1977, se firmaron los Pactos de la Moncloa. En ellos, se convinieron ciertas medidas económicas a corto plazo y algunos cambios que pretendían ser estructurales —reforma del sistema fiscal y financiero, regulación legal de las relaciones laborales—. Gracias a ello, consiguen reducir la inflación un 10% y acabar con el déficit por cuenta corriente.

¿Cómo se informó de ello?

La situación económica del país no fue debatida en los medios de comunicación con verdadera libertad hasta el comienzo de la democracia. No obstante, es inevitable que se informara de esa subida de precios, que ocupó portadas durante meses. El diario ABC, por ejemplo, llegó a publicar multitud de reportajes sobre la posible recesión económica que se adivinaba en el horizonte o sobre la “fiebre del oro negro” a la que sucumbió Estados Unidos en busca de petróleo dentro de sus fronteras.

La perspectiva de la época no era muy distinta de la que tenemos en la actualidad. Los principales periódicos se lanzaron al análisis de las causas y consecuencias derivadas de la crisis del petróleo. Ya se conocían las deficiencias económicas del aperturismo franquista y, además, se achacaba la causa de la crisis a un incremento constante del uso de petróleo, mientras que el consumo de otros combustibles se estancaba.

¿Qué consecuencias tuvo?

La economía de una mayoría de potencias occidentales experimentaba una buena época cuando estalló la crisis del petróleo. Su respuesta, en general caracterizada por una relajación fiscal, culminó en una importante caída del PIB entre 1974 y 1975. Con la siguiente oleada de subidas del precio del crudo en 1980, la mayoría de países europeos no consiguió retomar la estabilidad económica hasta 1983. En el caso de España, donde las medidas del Gobierno pasaron por asumir buena parte de los costes del crudo, la caída de la economía fue menos acusada en los primeros años. Sin embargo, se acumuló un déficit interior y exterior considerable, así como una tendencia a la inflación que marcaría el curso de los años siguientes.

Sin duda, la consecuencia más importante para nuestro país fue la firma de los Pactos de Moncloa en 1977, que prometían una renovación de los sistemas fiscal y financiero del país. Según los académicos, las fuerzas políticas llegaron a un acuerdo por su propia “inevitabilidad”, ya que se encontraron con que “no existían diagnósticos ni remedios alternativos al programa propuesto”.

Las medidas planteadas se basaban en la aplicación de una política “basada en el control de la cantidad de dinero” y unos presupuestos que limitaran el déficit público. También se acordó una reforma tributaria “acorde con los principios de suficiencia, equidad y flexibilidad”, la imposición de un tipo de cambio “realista” y una nueva política de rentas que se basara en el “crecimiento de los salarios en función de la inflación”, y “una reducción de la cuotas de la seguridad social sobre las nóminas salariales”.

El acuerdo fue un éxito político, ya que abría las puertas a un modelo de gobierno democrático y apoyado en el consenso, un valor del que se enorgullecía el proceso de la Transición. Sin embargo, no se moldeó un plan para solucionar la desindustrialización hasta los cambios moderados que introdujo la Ley de 1982 sobre medidas de reconversión industrial.

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¿Qué aprendimos?

En 1980, los precios del petróleo vuelven a subir: de unos 13 dólares por barril a finales de 1979 a 26 dólares en enero de 1980 y 37 dólares a finales de año. Esta vez, el Estado deja que sean los consumidores quienes lleven el peso de la subida, de modo que para 1982, la economía entra en recuperación. La inflación, aunque controlada en torno al 7% anual, era mucho mayor que la media europea, por lo que resultaba imposible equilibrar la balanza de pagos exterior. Quienes habían emigrado a Europa en busca de trabajo regresaban ahora para encontrarse el panorama laboral español igual de estancado. El paro alcanzó una cota máxima del 22% y no mejoró hasta que el crecimiento económico no alcanzó el 3%, casi a mediados de década.

Como hemos visto, la crisis del petróleo sirvió para desenmascarar muchos de los problemas económicos que el país llevaba décadas arrastrando y las políticas de Estado simplemente se dedicaban a paliar. Algunos de los problemas estructurales, como la tendencia a la inflación, la dependencia del empleo sobre el crecimiento económico o la falta de inversión en la investigación científica han seguido lastrando el desarrollo de España en los años siguientes. Mientras que el segundo problema se acusó especialmente al saltar la crisis económica de 2008, la falta de inversión científica ha sido más que discutida en los últimos meses por la crisis del coronavirus.