La banca teme el reproche de la UE al negocio hipotecario

Un tribunal europeo, el de Justicia de la UE, va a decidir si el sistema hipotecario español abusó de un ciudadano marroquí que fue desahuciado en Barcelona en enero de 2011 aplicando un sistema que podría chocar frontalmente con los derechos de los consumidores que recoge la directiva europea 93/13/EEC. 

La banca espera la decisión entre la expectación y el temor porque puede sacudir hasta los cimientos al sistema financiero. Así lo reconocen fuentes del Gobierno, desde donde en los últimos meses se han impulsado modificaciones para suavizar la normativa de deshaucios, y fuentes de la entidades financieras, que prefieren mantenerse en el anonimato.

La cuestión que afecta al ciudadano marroquí fue planteada ante el Tribunal de Luxemburgo por el juez José María Fernández Seijo, del juzgado Mercantil de Barcelona. Fernández Seijo planteó una petición de decisión prejudicial para que las autoridades auropeas evalúen si hay derecho a que los bancos reclamen toda la deuda a quien deja de pagar la hipoteca y que apliquen intereses de demora de hasta el 18%. La abogada general de Tribunal de Justicia, Julianne Kokott, asumió los argumentos del juez español e instó al Tribunal a pronunciarse.

Pese a que desde la patronal bancaria, la AEB, se ha destacado que la abogada general no entró en el fondo del asunto, el temor de la banca es palpable. En febrero, recuerdan las fuentes consultadas, Moody's rebajó la calificación de las células hipotecarias de Banco Santander, BBVA, Caixabank, Bankinter, Banco Popular, Banesto y Unicaja Banco. Se había anunciado la paralización temporal de desahucios. Las cédulas hipotecarias, recuerdan las mismas fuentes, son prácticamente la única vía de financiación mediante emisiones que están utilizando los bancos. Por ello, sostienen, la decisión del Tribunal de Luxemburgo es muy delicada.

La banca mantiene lo expuesto en el Congreso por el directivo de la AEB, Javier Rodríguez Pellitero, al que la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, tildó de "criminal". Según explicó Pellitero, tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional han enjuiciado el procedimiento de ejecución hipotecaria y no han encontrado conflicto.

Doble garantía

En general, los bancos advierten de que si el Gobierno (a impulso o no de tribunales y organizaciones sociales) modifica el sistema de garantías hipotecarias (doble, personal e hipotecaria) o de procedimiento, las hipotecas pueden encarecerse. De alguna forma, es la idea que ha expuesto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy en el Congreso, al asumir que aceptar la dación en pago generalizada o la suspensión de las ejecuciones hipotecarias "podría dañar sin remedio las garantías hipotecarias y el acceso futuro de todas las familias a los préstamos hipotecarios".

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Las entidades financieras lo dicen e incluso lo escriben de forma más rotunda: "Rebajar las garantías en los contratos hipotecarios obligaría a las entidades a incorporar al precio del crédito el mayor riesgo asumido. Por tanto, se concederían menos créditos, más caros, por menor importe y se acortarían los plazos de amortización. Y lo que es más importante se encarecerían y endurecerían las condiciones para el 97% de las familias que atienden puntualmente el pago de su deuda. En otras palabras, los buenos pagadores serían los más perjudicados por un cambio legal en este sentido" recoge el documento base de la argumentación que utlizan los portavoces de las entidades.

Un argumento muy extendido es que el consumidor español está igual de protegido o más que el resto de los hipotecados de la UE. Desde todas las entidades, bancos o cajas, se subraya que hay mantener la cultura de pago del país, tan arraigada que en plena crisis, más del 96% de los deudores hipotecarios cumplen con sus compromisos.

Frente al argumentario bancario, las plataformas antidesahucios y organizaciones ciudadanas que han impulsado la recogida de millón y medio de firmas y la tramitación en el Congreso de una Iniciativa Legislativa Popular, hacen hincapié en la necesidad de paralizar los deshaucios y regular la dación en pago para acabar con los desequilibrios de un sistema, el hipotecario, que favorece a las entidades financieras y abusa de los consumidores.