Pensiones: el pacto que sí interesa a Rajoy

Con los partidos políticos quedó claro. No hay opción a pacto global. Sólo acuerdos puntuales. Igual de claro quedó este jueves con los agentes

sociales: sólo acuerdos concretos. Da igual que se lo pidan algunos de sus barones. El Gobierno no está por un pacto global. Argumenta que sabe lo que tiene que hacer y que si los socialistas han rechazado pactar en materia de desahucios o preferentes ha sido porque no quieren compartir el coste de la crisis.

Ahora, la estrategia de Mariano Rajoy es pedir el acuerdo en temas concretos. Uno de ellos, clave para el PP es el de las pensiones.

Se trata de un tema delicado. Gran parte del electorado del PP tiene más de 55 años y el Gobierno teme los efectos que pueda tener, no sólo entre sus votantes, sino también en la calle, esta reforma.

Por ello, insisten en que los partidos tienen una oportunidad de oro de mostrar que están por el acuerdo. Y recuerdan que no se tratará de "la reforma unilateral del Ejecutivo", sino de un tema para el que el Gobierno ha convocado a "un grupo de expertos independientes".

Informe bajo escrutinio

Los 12 sabios que la integran mantendrán hoy la cuarta, y en principio última, reunión previstasabios. De ahí tendrá que salir el informe sobre el factor de sostenibilidad –el mecanismo de ajuste automático de las pensiones– que el Gobierno remitirá a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo antes del próximo día 31. También lo recibirán la patronal y los sindicatos, que han formado otro grupo de trabajo sobre Seguridad Social con dos asuntos en la agenda: la reforma de la cotización del trabajo a tiempo parcial, recientemente anulado por el Tribunal Constitucional, y el citado factor de sostenibilidad.

El primer obstáculo para el consenso será, precisamente, el informe de los expertos. De lo que ha trascendido de los debates del comité, se sabe que al factor de sostenibilidad se le pretende añadirun “factor de coyuntura”, que vincularía la cuantía de las pensiones no sólo a la esperanza de vida sino también al PIB y los salarios, para adecuarlas al ciclo económico. Y el actual es de recesión. Según la última actualización del Gobierno, la previsión de caída del PIB para este año es del 1,3%. El único sentido de ese hipotético mecanismo de ajuste sería conseguir un recorte inmediato de la cuantía de las pensiones. Según la ley 27/2011, la hasta ahora última reforma de las pensiones, el factor de sostenibilidad no debería aplicarse hasta 2027.

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Un factor de ese tipo no contará con el respaldo de los sindicatos, tampoco de los partidos de la izquierda. Unos y otros repiten que la ley 27/2011, fruto del consenso con la patronal y los sindicatos, y refrendada en el Pacto de Toledo, garantiza de forma suficiente la sostenibilidad del sistema, y que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social –63.000 millones de euros– permite solventar los problemas ligados a la coyuntura: la reducción de los cotizantes por efecto del paro y, por tanto, de los ingresos del sistema.

Menos aprobación aún recibirá de la oposición y los sindicatos cualquier intento de acercamiento a los planteamientos que defienden la mayor parte de los 12 sabios del comité: las llamadas cuentas nocionales o individuales y el recurso a los fondos privados para completar una pensión que se prevé menguante por culpa del envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y la reducción de la población ocupada por efecto de una crisis que se adivina muy larga.

Pero tampoco hay que despreciar las presiones de Bruselas, que no dejan de mencionar el sistema de pensiones como una de las reformas imprescindibles entre las que exige al Gobierno. De hecho, el propio presidente, Mariano Rajoy, destacó ayer, tras reunirse con los responsables de CEOE, CCOO y UGT en La Moncloa, que se trata de una “reforma estructural de primer orden”, para después destacar el significativo volumen, 14.000 millones de euros, del déficit con que acabará este año la Seguridad Social según las previsiones del Ejecutivo, un 1,4%. Y el ajuste del déficit público es el primer objetivo de la política económica que Rajoy no quiere cambiar.