Oxfam denuncia que el IBEX 35 aumentó un 10% su presencia en paraísos fiscales en 2014

Dos informes del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y Oxfam Intermón denuncian que el número de filiales de las empresas del IBEX 35 en paraísos fiscales creció un 10%, pasando de 810 en 2013 a 891 en 2014.

Los informes de ambas organizaciones ofrecen datos esclarecedores sobre el papel de los paraísos fiscales en la economía española. El Observatorio de RSC y Oxfam hacen referencia al “cambio tributario” que propicia que los beneficios de las empresas obtenidos en el extranjero apenas contribuyan con impuestos, lo que fomentó que en 2015 los flujos de inversión hacia España desde estos paraísos hayan aumentado un 27,4% con respecto a 2014. El dato supone un 66% del total de la inversión que entra en nuestro país. El flujo desde nuestro país hacia estos territorios se ha contraído un 40% en 2015.

Denuncian que, si tributaran lo que les corresponde de no contar con estos paraísos fiscales, el impuesto de sociedades no habría visto reducida su recaudación un 49,5% de 2007 a 2015 –22.219 millones menos para las arcas públicas españolas, desvelan–. Con este dinero “se podría hacer frente 114 veces al compromiso que debería adquirir España en 2016 con la crisis de desplazados en Siria”, afirman en una nota de prensa.

El norteamericano estado de Delaware es el paraíso fiscal preferido del IBEX 35, con un 45,4% del total de las filiales, aclaran. Las organizaciones ofrecen un dato impactante: un solo edificio de una planta en esta jurisdicción tiene más empresas que todo el País Vasco (285.000 frente a 160.000). 

Los bancos españoles no rinden las suficientes cuentas con respecto a su responsabilidad fiscal, pese a que se han producido avances en transparencia, según Oxfam Intermón. Santander mantenía al cierre de 2014 235 filiales en diferentes paraísos fiscales, lo que representa una filial creada por semana y 53 más que en 2013, expone el informe de la ONG. En el caso del BBVA, aseguran que “sus filiales son 4,45 veces más rentables que la actividad global” y señalan que la entidad incorpora en el apartado de “otros” sus actividades en Holanda y Curaçao, “considerados paraísos fiscales”.

Además, la ONG analizó la exposición de los ayuntamientos de Madrid y Barcelona a contratistas con filiales en paraísos fiscales. El 45,5% de las principales empresas proveedoras del Consistorio madrileño entre 2010 y 2013 contaba con esta presencia en territorios con menor tributación, así como el 22,3% de las compañías relacionadas con el Ayuntamiento de Barcelona entre 2012 y 2015.

Sin información sobre derechos humanos

Con respecto al informe sobre RSC del observatorio, la organización critica la escasa información de las memorias de Responsabilidad Social Corporativa de las empresas del IBEX35 con respecto a derechos humanos, fiscalidad justa y responsable, gestión de la corrupción o puertas giratorias.

La doceava edición de este análisis ofrece algunos datos contundentes: solo cuatro empresas presentan información sobre los riesgos sobre los derechos humanos a los que se exponen y un 63% de ellas no informa sobre el control a sus proveedores en este ámbito. “Todo ello pese a que 32 de las 35 empresas del IBEX 35 están presentes en 20 países considerados de riesgo extremo” de vulneración de derechos humanos, advierten.

Además, el informe del Observatorio de RSC declara que solo 12 empresas de las analizadas hacen pública su lucha contra el blanqueo de capitales en su esfera de actividad, pese a que la mayoría se comprometen a luchar contra la corrupción.

Ley contra la evasión fiscal

Durante la presentación del informe la mañana del miércoles, representantes de ambas plataformas han analizado las conclusiones alcanzadas tras el estudio y han expuesto sus propuestas al respecto. Así, el coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, Orencio Vázquez, matizó que los informes no insinúan que las empresas estudiadas estén implicadas en evasión fiscal, pero subrayó la necesidad de que éstas emitan mayor información sobre su estrategia fiscal y se acojan a un código de buenas prácticas.

En este sentido, el responsable de fiscalidad en Oxfam Intermón, Miguel Alba Ruiz-Morales, ha señalado las recomendaciones que proponen desde la ONG en esta materia, fundamentada en la creación de una ley contra la evasión fiscal que el próximo Ejecutivo aplique durante los 100 primeros días de gobierno, "de forma urgente y prioritaria". La norma contemplaría, en primer lugar, la revisión exigente de la definición de paraísos fiscales, que incluya no sólo a aquellos territorios opacos, sino también los que tengan una tributación baja, que compitan fiscalmente con otros países y que den unos privilegios a empresas no residentes.

También proponen el establecimiento de mecanismos para que la contratación pública se pueda declarar libre de paraísos fiscales, así como la garantía de transparencia y rendición de cuentas por parte de empresas que puedan detallar su actividad fiscal en los países donde estén presentes, y también poder levantar el velo de opacidad  que existe en muchas estructuras a través de un registro de empresas y sociedades. 

Destacan, asismismo, la necesidad de una revisión exhaustiva de los diferentes incentivos a los que se acojen las empresas, para tener en cuenta únicamente a las que tengan un valor económico y social, y descartar las que no tengan una justificación. Finalmente, abogan por una reforma del sistema fiscal internacional para que haya un nuevo marco "más justo y donde todos los países se vean representados en igualdad de oportunidades".