Wikileaks filtra los planes de liberalización salvaje del transporte que negocian en secreto las potencias mundiales

¡Nada cambia! A pesar de la crisis financiera y medioambiental, que ponen de manifiesto fracasos más que evidentes, pese a las críticas de personalidades políticas, de asociaciones, de la sociedad civil, no dan su brazo a torcer: la liberalización de todo lo liberalizable sigue presente en sus planesliberalizable. Al menos, eso es lo que se desprende de los nuevos documentos publicados por Wikileaks, relativos al acuerdo sobre servicios, que se negocia en estos momentos (Acuerdo en Comercio de Servicios, Trade in Services Agreement o TISA) publicados en colaboración con Mediapart y otros 12 medios de comunicación y organizaciones internacionales. Los “buenos amigos de los servicios”, como se hacen llamar, continúan sus conversaciones subrepticias para ir un poco más allá en la degradación de las normas y de los derechos sociales y medioambientales, en el debilitamiento de los Estados, frente al poder del dinero.

Sin WikiLeaks, TISA nunca habría salido a la luz. Nadie habría tenido conocimiento de las negociaciones subrepticias de este tratado, que se desprende del Acuerdo Trasatlántico de Comercio (Tafta o Ttip), discutido en las mismas condiciones de opacidad. Así las cosas, los parlamentarios podrían haber descubierto, un buen día, un tratado que debían aprobar en bloque, sin posibilidad de enmienda o de someterlo a debate alguno. Tampoco habrían podido tener acceso a los trabajos y a los documentos de trabajo que se están utilizando para la redacción del texto, dado que toda la documentación tendrá la consideración de “secreto de defensa” o, más exactamente, de "secreto comercial” durante cinco años, a contar desde la adopción del tratado.

En junio de 2014, WikiLeaks reveló el contenido de las negociaciones secretas –llevadas a cabo por responsables de una veintena de países, con Estados Unidos, Europa, Australia y Canadá a la cabeza– sobre los servicios financieros. Desde entonces, el site periódicamente hace públicas las diferentes etapas por las que pasan las negociaciones, relativas a otros aspectos como los servicios informáticos, los trasportes marítimos, las telecomunicaciones. En julio de 2015, nuevos documentos ponían de manifiesto la voluntad de desmantelar los servicios públicos. Ahora, WikiLeaks desvela los anteproyectos sobre energía y transportes, negociados en otoño de 2014. Los documentos se pueden consultar en Wikileaks.

La publicación de estos documentos, que se produce cuando se está celebrando en París la cumbre del clima COP21, supone un edificante ejemplo del doble discurso. Mientras los dirigentes políticos de todos los países defienden al unísono la necesidad de adoptar un crecimiento verde, de luchar contra el cambio climático, otros responsables de los mismos países negocian entre bambalinas para tratar de arrancar el mayor número posible de concesiones, para dinamitar las reglas medioambientales “contrarias a la gran liberalización comercial". La asociación Public Services International, que trabaja conjuntamente con WikiLeaks en el acuerdo TISA, también ha subrayado la existencia de este doble juego. “Mientras los jefes del Estado se disponen a firmar un acuerdo internacional en París contra el cambio climático, sus negociadores se dan cita en Ginebra para elaborar secretamente un nuevo acuerdo comercial que permitirá aumentar las prospecciones de energías fósiles y que perjudicará todavía más al clima”, indica en un comunicado hecho público al mismo tiempo que los documentos de WikiLeaks.

Porque, ante todo, se trata ante todo de un gran negocio. Cuando se lee el proyecto TISA, dirigido a acabar con las barreras reglamentarias, entre otras, en los servicios energéticos, el texto parece escrito expresamente para gigantes como Bechtel, Halliburton, Schlumberger, Veolia o Engie (antigua GDF-Suez), en lugar de dirigirse a empresas innovadoras que trabajan en el sector de las renovables.

Noruega e Islandia no lo dudaron. Ambos países, muy implicados en la energía y en la transición energéticas, han hecho una propuesta común en el marco de las negociaciones secretas. Ésta, publicada por WikiLeaks, revela la intención general de las negociaciones: la pérdida total de la soberanía de los Estados en materia energética para dejar paso a los “especialistas”, los gigantes del sector.

Mientras abogan por la supresión de barreras contra la introducción de una mayor competencia en los servicios, ambos países insisten en que “cada parte [en los textos de TISA ya no se habla de Estados] conserva el derecho a regular e introducir o mantener medidas relativas a los servicios energéticos con el fin de responder a los objetivos legítimos de política nacional”. ¿Se ha planteado la limitación del poder de los Estados en este campo para que ambos Estados se vean impelidos a recordar sus derechos? La explicación que han dado los dos países en un argumentario, que viene a completar el proyecto y publicado también por WikiLeaks, hace sospechar lo peor: “El derecho de las partes a regular los servicios y a introducir nuevas regulaciones para responder a objetivos políticos nacionales es particularmente pertinente en lo que respecta a los servicios energéticos”, señalan ambos países.

Dicho esto, ¿qué contiene el proyecto elaborado por los grandes negociadores para que Noruega e Islandia hagan hincapié en recordar que “los compromisos alcanzados en materia de liberalización de los servicios energéticos no limitan en modo alguno la soberanía o los derechos de las partes sobre los recursos energéticos”? Ambos país puntualizan los derechos exclusivos que los países tienen derecho a conservar, en su opinión. Preconizan que los Estados mantienen derechos exclusivos “para determinar las zonas geográficas que pueden ser objeto de prospecciones, de desarrollo y de explotación de sus recursos energéticos, para determinar el ritmo al que estos recursos se reducen o explotan y sobre los impuestos, royalties o cualquier otro pago vinculado a estas exploraciones y explotaciones, para regular los aspectos medioambientales y sanitarios de estas explotaciones, para poder participar en proyectos de explotación y de exploración, entre otros, a través de las participaciones directas del Gobierno o a través de las empresas estatales”.

En el mundo de los servicios globalizados

La simple enumeración da escalofríos. ¿Se trata simple y llanamente de una precaución de juristas y abogado que consideran que es mejor decir las cosas que callárselas para evitar cualquier contestación futura? ¿Acaso los negociadores de TISA quieren ir mucho más lejos a la hora de cuestionar las prerrogativas de los Estados en estos ámbitos?

Las multinacionales ya no ocultan su voluntad por acabar con todas las obligaciones medioambientales y legislativas que les imponen los Estados, ya que suponen un obstáculo, según argumentan, para el desarrollo y la explotación de los recursos energéticos y mineros.

En las negociaciones sobre los transportes prevalece el objetivo de desregular el sector a toda costa, la contestación de cualquier poder estatal predominante. Los documentos publicados por Wikileaks sólo aluden a una única actividad relacionada con los transportes, el transporte por carretera. Se trata sin duda del ámbito que más interesa a los “buenos amigos de los servicios”.

En su opinión, no deben existir obstáculos a los grandes viajes por carretera. Algunos recomiendan que “las partes deben reconocer el papel esencial de las rutas internacionales para el transporte de bienes perecederos y que el transporte de dichas mercancías no pueden posponerse indebidamente por normas viarias, en particular por aquéllas que restringen los transportes determinados días”. De modo que, de adoptarse el texto, las restricciones de circulación para vehículos de mercancías, los fines de semana en Francia, una medida que muchas veces ya no se respecta, pasaría a ser ilegal.

En esta misma línea, las disposiciones para limitar el transporte por carretera, para hacer pagar el tránsito internacional, imponer el transporte combinado carretera-ferrocarril, como en Suiza, por ejemplo, también serían consideradas prácticas contrarias a la competencia y, por ende, juzgadas ilegales. “Las partes deben abolir y abstenerse a la hora de introducir el menor obstáculo administrativo y técnico que pueda suponer una restricción disfrazada o tener efectos discriminatorios sobre la libertad de servicios en el transporte internacional”, se propone. Con una cláusula así, es imposible que tengan en mente poner en marcha políticas dirigidas a limitar u organizar el transporte por carretera.

Pero la cosa no queda aquí. El proyecto prevé que los Estados no puedan imponer restricción alguna a las habilitaciones otorgadas a los conductores. Sugiere incluso que éstos renuncien a su control del territorio y delegue la concesión de permisos a otros. Propone que esta labor quede en manos de las asociaciones de transportes, que harían de intermediarios y se presentarían como garantes en la concesión de los permisos para sus miembros. Estas asociaciones podrían otorgar permisos anuales incluso plurianuales, en lugar de los Estados.

Bienvenidos al mundo de los servicios globalizados, de los trabajadores desplazados, sin derechos ni legislación que les ampara. “Si sale adelante el proyecto TISA, en el transporte por carretera asistiremos a lo que ha sucedido en otros sectores: va a servir para consolidar el poder de las multinacionales”, avisan Mac Urata y Sarah Finke, responsables de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, en una respuesta también publicada por Wikileaks. “La ITF cree que es importante que los Gobiernos promuevan políticas de transportes en consonancia con el nivel de desarrollo de los países. En principio, cada país debería basar sus políticas en objetivos y programas sociales y económicos […] No es el modo en que los campeones de TISA quieren organizar el mundo. Las consecuencias combinadas de las proposiciones de TISA supondrían importantes obstáculos para cualquier Estado deseoso de invertir y gestionar sus infraestructuras nacionales, por planificar sus desarrollos o defender normas sociales y sanitarias en la industria del transporte”, denuncian, antes de recordar la repercusión negativa para el sector de los conductores del Este, explotados e infrapagados. “Y por supuesto, este texto ha sido negociado en secreto, sin ser sometido a debate, sin que exista la posibilidad de incluir cláusulas medioambientales o sociales”, denuncian.

Así funciona el mundo de los “buenos amigos de los servicios”. Mientras los dirigentes políticos nacionales y europeos callan, guardan silencio sobre unas negociaciones tan opacas como el Tratado Trasatlántico. ¿Durante cuánto tiempo van a seguir ocultando su juego?

Traducción: Mariola Moreno

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