Funcionarios ‘abonados’ por la fuerza a Intereconomía

Intereconomía era, hasta la tarde de este jueves, el único medio de comunicación al que la gran mayoría de los empleados públicos de la Junta de Castilla y León podía acceder a través de Internet, tal y como denunció la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU), que este viernes presentará una escrito ante el presidente autonómico, Juan Vicente Herrera, para pedir explicaciones. Tras ponerse en contacto infoLibre en la mañana de ayer con portavoces autorizados de la Junta para que explicasen por qué apostaban por esta web ultraconservadora, horas después se “subsanó ese error” eliminando a intereconomia.com de esa lista. Un hecho similar ocurrió en 2010. Tras trascender a la opinión pública que esa web era el único medio informativo al que podían acceder los funcionarios castellanoleoneses, el Gobierno autonómico anuló el acceso a la página.

La Junta de Castilla y León restringe el acceso a la red a la mayoría de sus empleados a través de un servicio de intranet que divide las páginas en dos listados: listado de categorías denegadas y listado de acceso básico. En el primero se encuentran aquellas de acceso prohibido como son las páginas de contenido pornográfico, de juegos de azar, P2P o de piratería informática. En el segundo, en el que se encuentran las páginas en las sí se puede navegar libremente, además de recoger categorías genéricas como páginas de Salud, de Educación o de Arte/Cultura, incluye una categoría final de Otras páginas. En este último apartado sólo había un medio de comunicación abierto para todos los empleados públicos de la Junta: Intereconomía.

Miguel Álvarez, trabajador del cuerpo de inspectores de la Junta y miembro de PLADEPU, explica que la inmensa mayoría de los empleados públicos de la Junta accede a la red a través de Intranet excepto altos cargos como algunos jefes de sección. Asimismo, asegura que la decisión de otorgar el acceso libre a Internet es "arbitraria", un hecho que confirman fuentes de la Junta, que explican que es el secretario general de cada consejería quien decide qué personas tienen acceso a la red, según las “necesidades” que conlleva cada puesto de trabajo. Ante esta situación, Álvarez denuncia que Intereconomía era hasta este jueves el único medio abierto para todos, “desde el conserje al director general”,y se pregunta: “¿Quién toma la decisión de restringir o admitir páginas?”.

"No se le tiene que moldear desde la Administración"

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Fuentes de la Junta de Castilla y León declararon en un primer momento a infoLibre que se trataba de un "listado antiguo", pero no desmintieron que estuviera en vigor. Sin embargo, a mitad de la tarde de este jueves, la Junta anunció que “ya se había subsanado el error” tras “revisar y depurar la lista” y eliminó a Intereconomía del listado ya que desde la Junta, según declararon, “no hay intención de primar a un medio de comunicación sobre otro”.

Lo cierto, no obstante, es que éste no es el primer “error” del Gobierno regional relacionado con Intereconomía. Tal y como explica Miguel Álvarez, en 2010 ya se eliminó el sitio del mismo listado tras una denuncia similar. Sin embargo, el dominio volvió a aparecer en la lista de acceso básico sin que Álvarez y PLADEPU sepan quién y cuándo lo decidió.

La Plataforma en Defensa de lo Público presentará este viernes una denuncia para pedir explicaciones ya que creen que “al empleado público no se le tiene que intentar moldear ideológicamente desde la Administración, al facilitarle en exclusiva un único medio de información”. Álvarez considera que pese a la rectificación de este jueves, la Junta debe explicar lo que en su opinión era una situación “sectaria y anacrónica”. La Plataforma, junto a sindicatos y otros empleados públicos, lleva más de un año concentrándose todos los viernes en Burgos en lo que llaman Viernes de negro para protestar contra los recortes de gasto público. Este movimiento se formó de manera espontánea por los empleados públicos con la participación de los sindicatos y el Comité de Empresa en Burgos y de la Plataforma en Defensa de lo Público.