La UE negocia con 22 países el TiSA, un tratado que amenaza con privatizar los servicios públicos

"Cuando se habla de bajar las barreras al comercio en servicios, realmente se pretende desrregular los servicios para que haya más apertura a la competencia, y lo que pretenden tanto el TiSA como el capítulo de servicios del TTIP es ir mucho más allá de lo que las grandes empresas europeas y estadounidenses han conseguido a través de la Organización Mundial del Comercio". Así de contundente se mostró, en una entrevista con infoLibre, Melinda St. Louis, directora de campañas internacionales de Public Citizen, al ser preguntada por el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios, popularmente conocido con el nombre de TiSA por sus siglas en inglés (Trade in Services Agreement).

Un tratado del que no se esperan nuevos pasos hasta el próximo julio, cuando está previsto que se inicie una nueva ronda de negociación. El Pleno del Parlamento Europeo aprobó recientemente el informe Reding, un texto de recomendaciones para la negociación del TiSA redactado por la eurodiputada conservadora del PPE Viviane Reding. Tal y como ya sucedió el pasado mes de julio con el Tratado de Libre Comercio (TTIP, también por las siglas en inglés), la Eurocámara aprobó un documento con las recomendaciones que debe tener en cuenta la Comisión Europea a la hora de seguir negociando, en nombre de los 28 Estados miembros, otro de los conocidos como "tratados de nueva generación". El mandato, sin embargo, ya se lo había dado previamente el Consejo Europeo.

La resolución, que marca las líneas básicas en las que se irán desarrollando las conversaciones y que fue aprobada por 532 votos a favor –conservadores, socialdemócratas y liberales– frente a 131 en contra, no es vinculante jurídicamente pero es de importante cumplimiento teniendo en cuenta que el tratado definitivo tendrá que ser aprobado en última instancia por el Parlamento Europeo. "Si se hace caso a nuestras recomendaciones, TiSA podría dar más derechos a nuestros ciudadanos en casa y eliminará obstáculos para nuestras empresas en el extranjero. Si no, el Parlamento ejecutará su veto sin dudar", afirmó la excomisaria luxemburguesa.

"Con este paso se ha avalado una negociación a nuestras espaldas para ver qué servicios privatizan o qué derechos recortan en los próximos años", señala a infoLibre en conversación telefónica Marina Albiol, portavoz de IU en el Europarlamento, que añade que se ha avanzado en "el pack de tratados" elaborados "a medida de las grandes multinacionales". Unos textos que, a su parecer, son "antidemocráticos y neoliberales".

¿En qué consiste el TiSA?

Pero, ¿en qué consiste concretamente el Trade in Services Agreement? Ernest Urtasun, eurodiputado de ICV, lo explica: "Es un acuerdo plurilateral –a diferencia de los que está negociando la UE con Estados Unidos (TTIP) y Canadá (CETA), que son bilaterales– que están negociando más de una veintena de países de todo el mundo para impulsar la liberalización de servicios de todo tipo, desde la Sanidad a los servicios de prestación de agua...", señala. "Se busca establecer la inexistencia de regulación para que las compañías que operan servicios fuera del territorio nacional no tengan que acogerse a la normativa interna de cada uno de los Estados", añade en este sentido la diputada de Podemos Lola Sánchez.

En concreto, el acuerdo está siendo negociado por un total de 23 países, todos ellos miembros de la Organizacón Mundial del Comercio (OMC): Australia, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Costa Rica, EEUU, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, Mauricio, México, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Panamá, Perú, Suiza, Taiwán, Turquía y la Unión Europea –suponen un 70% del comercio mundial de servicios–. "Son Estados tan diferentes que va a ser complicado poner en común tantas posiciones", señala Sánchez. Sin embargo, está abierto a la entrada y salida de Estados. Así, en septiembre del año pasado, Uruguay se convirtió en el primer país en abandonar las negociaciones del Trade in Services Agreement.

Eliminación de las listas positivas

Los tratados internacionales sobre comercio no son una completa novedad. Ya en 1995 se aprobó el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios –GATS, por sus siglas en inglés–. La diferencia con el tratado que se está negociando actualmente radica en lo que los expertos consultados por este diario denominan "lista positiva". "Cada país elaboraba cada tres años una lista con los servicios que estaban liberalizados", concreta Urtasun. Sin embargo, en el caso del TiSA, es a la inversa. "Todo está liberalizado salvo que el Estado diga lo contrario", concreta el eurodiputado de ICV en conversación con infoLibre. Lola Sánchez alerta del peligro que supone este cambio: "Es fácilmente interpretable lo que un Estado ponga en esa lista", señala. "Además, esto supone que cualquier servicio que vaya apareciendo no será incluido de forma automática en la lista y podrá ser liberalizado en cuanto aparezca la necesidad", añade.

Otra de las diferencias de mayor tamaño con el anterior tratado son los servicios que son susceptibles de ser privatizados. Así, el texto final del GATS recoge en el artículo I que "el término 'servicios' comprende todo servicio de cualquier sector, excepto los servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales". De esta manera, los firmantes del acuerdo dejaban fuera cualquier servicio, como la educación o la sanidad, que no fuese prestado en condiciones de mercado. 

El TiSA, en cambio y tal y como explica la eurodiputada de Podemos, "abre la puerta, en algunos casos casi a la fuerza, a la privatización de los servicios públicos", lo que en el día a día se verá traducido en una "pérdida de calidad". En concreto Sánchez pone el punto de mira en los monopolios estatales, como es el caso de Correos, que acabarán siendo "prohibidos de facto". "Las multinacionales consideran que son competencia desleal porque son empresas que no operan por el puro beneficio económico, con una legislación diferente hacia sus empleados, que gozan de ayudas públicas...", completa.

No hay vuelta atrás

Los tres eurodiputados alertan de la posibilidad de que en el tratado queden incluidas dos cláusulas preocupantes y que son "clave" en el TiSA: trinquete y standstillstandstill. La primera de ellas establece que, a partir de la firma del tratado, los servicios liberalizados en un Estado no podrán ser devueltos a manos públicas. La segunda, completa la jugada: "Todos los que se liberalicen a partir de este momento serán para siempre y no se podrá volver atrás", explica Urtasun. La Comisión Europea, por su parte, asegura en su página web que estos dos mecanismos no buscan privatizar los servicios públicos sino "que un país no puede reintroducir un obstáculo al comercio ya eliminado de forma unilateral en un ámbito en el que haya asumido un compromiso". "Nos preocupa que procesos de remunicipalización no se produzcan porque quede blindada la liberalización de determinados servicios", añade el europarlamentario de ICV.

A este respecto, el informe Reding aprobado el pasado enero dejó parcialmente cerrada la posibilidad de incluir estas dos cláusulas en las negociaciones gracias a una enmienda planteada desde el grupo de la Izquierda Unitaria europea –en el que, entre otros, están IU y Podemos en eurocámara–. En este sentido, aunque los eurodiputados consultados por este diario celebran esta decisión, ya que supone "una piedra muy grande en el camino" de la Comisión Europea a la hora de afrontar las negociaciones, se muestran cautos porque el texto no es vinculante jurídicamente y el organo ejecutivo de la UE no está obligado a respetarlo. "No sabemos hasta qué punto harán caso a lo aprobado en el Parlamento", explica Sánchez. La eurodiputada señala que los socialistas europeos "se comprometieron a tirar en el Europarlamento el texto final si no se incluye lo recogido en el informe".

Precariedad y recorte de derechos laborales

Otro de los muros que levantó la izquierda europea para la negociación del tratado fue en materia laboral. Así, quedó aprobada el pasado mes de enero una enmienda por la que los países firmantes del TiSA deberán ratificar los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –libertad sindical, negociación colectiva, sobre el trabajo forzoso y su abolición, sobre la edad mínima y la abolición del trabajo infantil, igualdad de remuneración y discriminación en materia de empleo y ocupación– . Este paso es importante a la hora de salvaguardar los derechos laborales, y más todavía si se tiene en cuenta que países como Estados Unidos sólo han ratificado dos de ellos.

El TiSA traerá en este sentido, según Albiol, "más precariedad laboral y facilitará que las multinacionales puedan desplazar a los trabajadores a su antojo, planteando que la empresa pueda decidir a qué legislación laboral se acogen". "Si en España tenemos un salario mínimo interprofesional, las compañías van a tener la posibilidad de saltarse esta normativa", completa la eurodiputada de Podemos, que explica que mientras una pequeña y mediana empresa "tendrá que seguir cumpliendo en nuestro territorio", una gran multinacional podrá "mandar trabajadores desde otro país y no tendrá que aplicar la normativa interna sobre el salario mínimo o las vacaciones pagadas".

Sánchez también hace referencia a la terminología utilizada. El tratado, en su opinión, convierte al "empleado" en un "prestador de servicios": "Ni en un solo momento del texto se hace referencia al empleado", añade. Por todo ello, los tres eurodiputados lamentan la decisión de tumbar la enmienda para considerar el TiSA como un tratado mixto y que se tenga que debatir en los diferentes países. "Este rechazo impide que los parlamentos nacionales puedan votar un tratado que va a invadir competencias estatales", finaliza la diputada de IU en el Parlamento Europeo. En este sentido, la europarlamentaria de Podemos lamenta que el PSOE votase en contra.

La amenaza del TTIP se extiende a los servicios públicos

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En el aire el tribunal de arbitraje

Otra de las cuestiones que todavía se tienen que dirimir en las negociaciones es si este tratado multilateral incluirá también un tribunal de arbitraje, en la línea del ICS –siglas en inglés del Sistema Judicial de Inversiones– que incluye el TTIP, un mecanismo gestionado por jueces encargado de resolver los conflictos entre empresas y Gobiernos al margen de la Justicia ordinaria. "Es una posibilidad que se está barajando, aunque no al nivel del tratado bilateral entre EEUU y la UE", puntualiza Sánchez, que añade que "las negociaciones en este sentido todavía no están muy avanzadas" y se tiene "muy poca información".

Unas negociaciones que se están desarrollando en completo secreto. "Los últimos documentos públicos que ha dado a conocer la Comisión Europea son los de posicionamiento", explica Urtasun, que critica que la única información que tienen son los documentos que desveló Wikileaks el pasado mes de junio y que ofreció en exclusiva el diario Público. "Si no se llegan a filtrar, ni son públicos ni accesibles a los diputados europeos, algo que es muy grave", afirma Urtasun. "Ni siquiera nos dicen cuándo ni dónde se realizan las reuniones", explica Sánchez, que añade que normalmente se enteran de estos datos un tiempo después "a puerta cerrada y sin público".