Queremos saber quién hace negocio con la sanidad

La verdad se defiende con datos. La opacidad suele servir para ocultar mentiras o intereses espúrios. Con simples datos se demuestra la falacia de que la sanidad pública en España es insostenible, y con datos se comprueba que detrás del eufemismo de la 'externalización' de los servicios sanitarios lo que hay es un negocio privado a costa del erario público.

Afirmar que el gasto público sanitario no se puede sostener es faltar a la verdad. Los últimos datos oficiales de Eurostat (fuente de referencia homogénea aunque de una lentitud comparable a la de nuestro Tribunal de Cuentas), correspondientes a 2008, indican que el gasto en sanidad pública por habitante y año asciende a 1.492 euros. Estamos en la parte media baja de la tabla y gastamos per cápita bastante menos que franceses, daneses, suecos, alemanes, belgas, austriacos... Lo mismo ocurre si se mide el porcentaje del PIB dedicado a la sanidad pública, que en España supone el 6,25%, también por debajo de lo que la cuota de su riqueza anual que nuestros principales socios y vecinos gastan en atención sanitaria pública.

Es por tanto el Gobierno de turno quien establece sus prioridades y la distribución de los Presupuestos, de modo que sería un buen ejercicio de higiene democrática que los programas electorales anticiparan con el mayor detalle posible las grandes cifras presupuestarias de quien aspira a ejercer el poder. Dedicar más o menos porcentaje del dinero de todos a la sanidad o a la defensa o a sostener organizaciones religiosas no es una cuestión de sostenibilidad sino de ideología. Tampoco vale recurrir al tópico de que el resto de los europeos pagan más impuestos. Con todos los matices y apellidos técnicos que se quieran poner, la presión fiscal es más baja en España y lo ha sido tanto en épocas de crecimiento como de recesión. Por cierto con una carga del esfuerzo fiscal mayor en las rentas del trabajo que en las del capital.

Mejorar la gestión

¿Se puede gestionar mejor la sanidad pública? Por supuesto. Esa debería ser una de las mayores responsabilidades de un Gobierno nacional y una obligación prioritaria de los de las comunidades autónomas, que tienen transferidas las políticas sanitarias. Es factible y deseable ahorrar costes superfluos y mejorar la eficacia, como en cualquier otra administración pública, incluso desde la convicción de que un hospital público no tiene como objetivo ser negocio. Pero no se sostiene tampoco con datos la reiterada afirmación de que la gestión privada de la sanidad pública es más eficiente. La propia Organización Mundial de la Salud analizó en su día decenas de modelos de gestión privada en distintos países y concluyó que son más caros: porque los costes financieros son mayores, porque hay que añadir el reparto de dividendos de los accionistas y, sobre todo, por el coste que suponen los rescates de los hospitales cuando quiebran o amenazan con quebrar. Es lo que ha ocurrido en varias ocasiones con el modelo Alzira de Valencia que pretenden extender las autoridades del PP.

Los capítulos de mayor ahorro en la gestión privada proceden fundamentalmente de reducir personal y salarios y de recortar servicios, lo cual repercute de forma inmediata en la calidad de la atención sanitaria y en la salud de los ciudadanos, como señalan sindicatos y asociaciones de médicos especialistas. Los datos son tan contundentes que estas mismas organizaciones profesionales sólo se explican el deterioro al que se está sometiendo la sanidad pública como una estrategia de los Gobiernos del PP para justificar una galopante privatización que esconde intereses exclusivamente económicos.

Uno de los principales beneficiarios de este proceso privatizador es el grupo Capio, que gestiona ya 28 hospitales y centros de salud en cuatro comunidades autónomas, con una plantilla de 9.000 empleados y contratos vigentes con gobiernos regionales por periodos de entre diez y treinta años. Es propiedad de CVC Capital Partners, uno de los cinco mayores fondos de inversión del mundo, es decir gente que no acostumbra invertir en nada que no contemple un beneficio lo más rápido y seguro posible. Hasta ahora, el entramado de sociedades que figuran como propietarias de Capio se perdía en Luxemburgo. La investigación de infoLibre ha localizado a las cinco filiales de CVC que finalmente dominan Capio en las islas Caimán, el archipiélago caribeño que sigue funcionando como paraíso fiscal pese a las presiones y acuerdos internacionales.

Transparencia con el dinero público

Las fórmulas jurídicas y societarias elegidas sugieren que detrás de Capio (como de casi todos los grandes negocios) hay accionistas concretos, personas físicas y jurídicas. Pero en este punto se produce quizás el segundo mayor escándalo de la mal llamada 'externalización' de la sanidad madrileña. Capio funciona con una opacidad absoluta. Reconoce que el 75% de sus ingresos procede del dinero público, es decir de los acuerdos firmados con los gobiernos regionales. Pero considera como “información reservada” la composición accionarial  de la empresa. Cabe deducir que resultará “peligroso para la salud” financiera de Capio que los contribuyentes conozcamos quiénes son sus verdaderos propietarios y cuáles son sus beneficios reales y bonus de ejecutivos si los hubiere.

La transparencia absoluta no sólo debe exigirse a todas las instituciones públicas (incluída la corona) sino también a toda empresa cuya principal fuente de ingresos son los impuestos de los ciudadanos. Muy especialmente cuando funcionan con el mullido colchón de que el Estado saldrá a su rescate si entran en pérdidas millonarias.