El golpe (impune) del 10 de junio

Quizás el mayor escándalo que encierra el tamayazo es que se cumpla su décimo aniversario en la más absoluta impunidad. Aquel 10 de junio de 2003 la democracia fue forzada por la traición a los electores madrileños que ejecutaron dos diputados socialistas adscritos a la oscura corriente Renovadores por la Base. Impidieron que el candidato de su partido fuera proclamado presidente de la Comunidad de Madrid con el apoyo de Izquierda Unida y facilitaron el camino para que Esperanza Aguirre gobernara durante una década y se permitiera el lujo de retirarse nombrando a dedo a su delfín como sucesor. Pero la mayor violación de la democracia ha consistido en el bloqueo judicial a cualquier investigación a fondo de la trama económica y política que el 'tamayazo' ocultaba, ante el silencio casi absoluto de la mayor parte de los medios de comunicación.

Diez años después, las pesquisas del reportero Alexánder Sequén-Mónchez para tintaLibre, el mensual en papel de infoLibre, han permitido conocer documentos manuscritosdocumentos manuscritos del propio Eduardo Tamayo que arrojan nuevas luces sobre el caso; y el testimonio de María Teresa Sáez, callada hasta ahora, cuando decide proclamar que fue engañada y hasta "vendida"fue engañada y hasta "vendida" por Tamayo y por José Luis Balbás, el jefe e ideólogo de una organización sin ideología pero con muy claros intereses crematísticos, Renovadores por la Base. O más bien Renovadores por el Suelo, puesto que de eso se trataba: de una estrategia que protegiera los multimillonarios negocios inmobiliarios de empresarios ligados al Partido Popular. Las pruebas aportadas durante los últimos días desde estas páginas dibujan un entramado en el que figuran Balbás y Tamayo junto a Ricardo Romero de Tejada, entonces secretario general del PP madrileño, y cobra un mayor protagonismo el ex gerente de la Universidad Complutense y también empresario Dionisio Ramos.

¿Quiénes más en las filas del PP supieron de la preparación del golpe o lo alentaron? El propio Ramos ha reconocido a infoLibre que transmitió "a gente del PP que en el PSOE algunos no querían pactar con IU". En los papeles de Tamayo aparecen empresas y constructores, y datos de contratos y promociones inmobiliarias en municipios concretos. Cruces de intereses que conforman un croquis, negro sobre blanco, del mayor daño que la burbuja inmobiliaria hizo al sistema: pudo comprar y condicionar voluntades políticas.

No sorprende que Esperanza Aguirre siempre despachara el asunto con una gran sonrisa y mayor desprecio, como un "error de Simancas, Blanco y Rubalcaba", por no tener la habilidad de negociar con Balbás y Tamayo. Ella, por supuesto, no sabía nada previamente. "El que sí lo sabía -repite siempre- era Gallardón, desde la noche anterior" (maldita la gota que se desperdicie en esa guerra eterna entre Aguirre y Gallardón). Lo que sí debería seguir causando sorpresa e indignación desde un punto de vista democrático es el bloqueo judicial que entonces se decretó desde el poder aznarista, como relata con detalle el periodista Felipe Serrano en su libro 'El tamayazo, crónica de una traición', editado por Catarata 'El tamayazo, crónica de una traición' y que este mismo lunes se presenta en Madrid.

Los intentos de investigación 

En aquel junio de 2003 era Fiscal General del Estado Jesús Cardenal, tan fiel al Opus Dei como a José María Aznar, que lo eligió para el cargo. El primer paso por llevar el tamayazo al ámbito judicial lo dio Gaspar Llamazares como coordinador general de IU dos días después del golpe. Envió un escrito de dos folios al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que a la sazón era Mariano Fernández Bermejo, más tarde ministro de Justicia (cesado por ir de cacería con Garzón). En el escrito se resumían los hechos, "que afectan no sólo a una posible trama de corrupción económica en la Comunidad de Madrid sino también a la propia esencia de la democracia en España". Y se solicitaba la apertura de una investigación. Paralelamente, el PSOE interpuso ante la sala de lo penal del TSJM una querella contra, entre otros,  Balbás, Romero de Tejada y  los dos constructores (Bravo y Vázquez) que habían pagado el hotel donde se escondieron los diputados tránsfugas. Por último, la Fiscalía Anticorrupción encabezada por Carlos Jiménez Villarejo redacta un escrito de once folios en los que recoge indicios de posibles delitos y cita jurisprudencia del Tribunal Supremo. Con esa argumentación, pide oficialmente permiso a su superior, Jesús Cardenal (como es preceptivo) para abrir diligencias sobre el tamayazo.

¿Quién responde y establece el primer cortocircuito a la investigación? Lo hace Mariano Rajoy, a la sazón vicepresidente del Gobierno, que asegura al final del Consejo de Ministros del 20 de junio, en Moncloa, que "la querella socialista no tiene ni pies ni cabeza" y no ve "fundamentos jurídicos" para que la Fiscalía Anticorrupción investigue el tamayazo. Si no los ve Rajoy ni tampoco el ministro de Justicia, José María Michavila, mucho menos podía verlos el fiel Jesús Cardenal, que frena las posibles intenciones de Fernández Bermejo, por un lado, y ordena a la Fiscalía Anticorrupción esperar a que el TSJM resuelva sobre la querella presentada por el PSOE.

Por una vez (y sin que sirviera de precedente) el TSJM resuelve a una velocidad impresionante. El 3 de julio, la sala decide (por tres votos a uno) "inadmitir" la querella socialista, que considera mal fundamentada y sin aportación de indicios suficientes. El cuarto magistrado sí que ve indicios, elementos de "sospecha razonable", y firma un voto particular en el que defiende la necesidad de "dilucidar si ha existido una motivación económica [en el tamayazo] o se trata de un hipotético e improbable cúmulo de casualidades". El juez que sí quería admitir la querella, al menos para tomar declaración a los imputados, se llama Antonio Pedreira, y sería años después el primer instructor encargado de investigar la trama Gürtel.

El bloqueo total

Rafael Simancas: “Hay ya suficientes indicios para que la Justicia reabra el 'tamayazo”

Ver más

Cardenal se encarga de paralizar cualquier acción de las fiscalías y Rajoy, al día siguiente de conocerse el auto por el que el TSJM desestima la querella, aprovecha la rueda de prensa posterior al consejo de ministros para sentar cátedra jurídica: [el auto] "acredita la falta de indicios en una querella que no había por dónde cogerla". Y además considera "sospechosa" la insistencia socialista en que investigue el Fiscal Anticorrupción, por "ser pariente" de Trinidad Jiménez, candidata del PSOE a la alcaldía madrileña. 

El PSOE presenta un recurso de súplica ante el TSJM que también es desestimado. De nuevo Pedreira redacta un voto particular y su argumentación da en el clavo del entramado del tamayazo que dibujan los documentos desvelados estos días por infoLibre. Propone Pedreira que se investiguen los hechos no sólo por su posible carácter delictivo concreto sino "en un contexto social mucho más preocupante: el del urbanismo, que no puede ser entregado a la ley de la selva, del más poderoso, que intente hacer prevalecer sus miras especulativas (...) en detrimento del interés social y general".

Muy poco tiempo después, Fernández Bermejo fue apartado de la Fiscalía de Madrid y Jiménez Villarejo fue relevado en la Fiscalía Anticorrupción. En el "cúmulo de casualidades" antes citado, falta añadir la fecha del auto por el que se desestima el recurso para investigar el 'tamayazo': 18 de julio.