La lucha contra los paraísos fiscales

En España se está produciendo una paradoja más que curiosa. El país vive una de las peores crisis económicas de su historia. Para evitar que la economía tuviera que ser rescatada como las de Grecia, Portugal o Irlanda, la Unión Europea ha impuesto al Gobierno español la reducción del déficit, que en buena medida se ha producido vía recortes en gastos sociales y aumento de impuestos. Sin embargo, y según desvela el Informe sobre la Responsabilidad Social Corporativa realizado por el Observatorio de la RSC, 33 de las 35 empresas que forman el índice Ibex 35 tenía presencia en territorios considerados paraísos fiscales en 2011. Resulta relevante que las actividades a las que se dedican estas sociedades no están relacionadas con la producción de bienes o la prestación de servicios, sino con actividades financieras de sociedades de cartera o sociedades holding, entre otras.

Asimismo, filiales de varias multinacionales asentadas en España han creado complicadas estructuras societarias que les facilitan pagar sus impuestos en países con menor carga fiscal, en lugar de pagarlas donde están desarrollando su actividad. Con estas prácticas se pueden dar circunstancias sangrantes. Compañías como Google, Apple o Amazón han trasladado la facturación de sus ventas a Irlanda, en el caso de las dos primeras, o Luxemburgo, como ha hecho Amazón. En ambos países el impuesto de sociedades es mucho menor que en España. Gracias a esta práctica, no solo pueden presentar pérdidas ficticias en España, sino que, al tener un tamaño pequeño, se acogen al régimen de pymes, por lo que no están obligadas a auditar sus cuentas ni a presentar informe de gestión, haciendo de esta manera aún más opaca su gestión.

Es difícil saber cuánto dinero ha salido de España hacia estas plazas, pero no resulta descabellado afirmar que, si ese dinero hubiera sido tributado, los recortes hubieran sido menores. Posiblemente, lo peor de todo es que todos los Gobiernos, no solo el español, se han preocupado más de exprimir al ciudadano vía impuestos y de recortar ayudas sociales que en poner en marcha todos los medios necesarios para perseguir el fraude fiscal con más eficacia, y eso a pesar de que solo en la Unión Europea el volumen anual de dinero defraudado asciende a un billón de euros.

Parece que, al menos sobre el papel, la comunidad internacional está decidida por primera vez a acabar con los paraísos fiscales y a poner coto a las actividades financieras que tantos recursos detraen.

En la reunión mantenida por el G20 en abril de 2009 en Londres se aprobó un documento de conclusiones que, en el apartado sobre Fortalecimiento de la supervisión y la regulación financieras se acordó “tomar medidas contra las jurisdicciones no cooperativas, incluidos los paraísos fiscales”, y mostraban su disposición a “desplegar sanciones para proteger nuestras finanzas públicas y nuestros sistemas financieros”. Al final del párrafo, los firmantes señalaban con toda pomposidad que “la era del secreto bancario se ha acabado”.

A pesar de las medidas incluidas en esta declaración, la llegada de lo que pueden ser medidas verdaderamente efectivas se ha producido este año, lo cual no quiere decir que no se haya hecho nada hasta ahora. Tras esta reunión, se han firmado cerca de 300 acuerdos fiscales para cumplir con las normas de la OCDE en materia de transparencia fiscal y el intercambio efectivo de información. Todos los países de la OCDE y del G-20 se han comprometido con estas normas. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes y se mantiene la polémica abierta en torno a los criterios que definen a un paraíso fiscal. Por ejemplo, para la organización Tax Justice Network el primer puesto del ranking de paraísos fiscales no lo ocupan las Islas Caimán o las Bahamas, sino Delaware, pequeño estado estadounidense situado en la costa este, donde tienen su sede la mitad de las compañías que cotizan en Wall Street, seguido de Luxemburgo, Suiza y la City de Londres. Otro de los aspectos controvertidos está vinculado con la eficacia de los acuerdos de intercambio automático de información, necesarios para salir de la lista negra de países considerados paraísos fiscales según la OCDE.

Por lo que respecta a la Unión Europea, ésta ya ha acabado con el secreto bancario en su territorio, salvo en Austria y Luxemburgo. Sobre este aspecto, una vanguardia de cinco países de la UE (Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y España), a los que se han añadido otros cuatro (Polonia, Holanda, Bégica, Rumanía) están formalizando acuerdos que posibilitan el intercambio de todos los datos fiscales de clientes por encima de 50.000 dólares, o bien retendrán el 30% a los intereses, dividendos y otros pagos por inversión.

En marzo de 2012, el Consejo Europeo pidió al Parlamento y a la Comisión que desarrollara medidas concretas para mejorar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión tributaria, incluso en relación con terceros países. En abril de ese año, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que se hacía eco de la urgente necesidad de actuar en este ámbito. En junio, la Comisión emitió una Comunicación en la que desgranaba las medidas que se deben adoptar para reforzar la lucha contra el fraude fiscal. En la misma, se abogaba por la revisión de la Directiva sobre la fiscalidad del ahorro y se hacía especial incidencia en el reforzamiento en el intercambio de información fiscal entre Estados miembro y de éstos con terceros países.

Ha sido en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada a finales del pasado mes de mayo donde se ha alcanzado el compromiso de revisar la directiva sobre fiscalidad del ahorro antes de que acabe el año. Uno de los principales pactos de la reunión ha sido que la UE se dotará de un sistema automático de intercambio de datos que evite fugas de impuestos. Esta medida incluye a extranjeros no residentes.

Otro de los temas tratados fue poner coto a las prácticas de empresas que declaran su actividad en países con baja fiscalidad para no pagar impuestos en los Estados en los que desarrollan su actividad, aunque en este aspecto no se llegaron a aprobar medidas concretas, más allá de que la Comisión presente antes de fin de año una propuesta de revisión de la Directiva sobre sociedades matrices y filiales.

El último gran empujón a la lucha contra los paraísos fiscales y la evasión fiscal internacional se ha dado en la reunión del G20 celebrada el pasado mes de septiembre en San Petersburgo. En este encuentro se fijó el principio de que las Haciendas de los distintos países se presten un intercambio de información de manera automática, sin necesidad de que exista un procedimiento administrativo previo o una acción judicial contra un evasor. Para poner esta media en marcha se ha fijado un calendario según el cual la OCDE debe presentar el próximo mes de febrero los detalles técnicos y, a finales de 2015, todos los miembros de G20 se intercambiarán datos por la vía rápida.

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La segunda gran decisión es lanzar una gran ofensiva fiscal contra la ingeniería fiscal de las multinacionales. El principio aprobado por el G20 fija que los beneficios de las empresas sean declarados ante el fisco donde se realiza la actividad que les reporta beneficios. Para lograr esto, el G20 ha adoptado las medidas incluidas en un informe presentado por la OCDE, las cuales deben adoptarse como muy tarde a final de 2015.

Desde el Observatorio de la RSC saludamos los avances que se están produciendo en la supresión de los paraísos fiscales y en el control de la fiscalidad de las multinacionales que tributan por sus beneficios en países con baja fiscalidad. No obstante, abogamos por que las medidas anunciadas por los diferentes foros internacionales vayan más allá de una mera declaración de intenciones. Se lo exige la ciudadanía y el sentido común.

* Andrés Lara es miembro del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa