Un poco de demagogia

Las elecciones se acercan y las declaraciones de los líderes políticos van subiendo de tono. Si todos acaban entrando al trapo y comienzan a expresar a quién le recuerda el otro, la cosa puede estar entretenida aunque, por jugosa desde el punto de vista mediático, eclipsará los mensajes esenciales que podrían distinguir a unos de otros.

Hay mucha faena pendiente y sería conveniente que los que lleguen a los puestos de la Administración de lo público, donde quiera que se produzca un cambio, saquen a la luz lo que tradicionalmente queda oculto en los cajones y cajas de seguridad de los despachos. Ese mensaje de borrón y cuenta nueva que se emite siempre desde la tribuna del vencedor en la noche del recuento electoral debería pasar a mejor vida. Suena a código cifrado aunque fácil de interpretar. Viene a ser algo así: si tú no sacas lo mío, yo me callo lo tuyo y asunto concluido. Este pacto no escrito puede saltar por los aires con la irrupción de grupos nuevos que no tienen obligaciones adquiridas, ni cuentas pendientes.

El paradigma del indulto en el relevo se produjo cuando Zapatero llegó a la Moncloa y se encontró con que todos los discos duros de los ordenadores de la casa, incluyendo los que contenían las actas de las reuniones que se produjeron después del atentado del 11-M, habían sido borrados. Para evitar posibles rescates de informáticos avezados que encuentran bytes donde no debieran, se contrató una empresa americana, creo recordar, que cobró un pastón a cambio de la garantía de que nadie hallaría resto alguno de lo que contenían esos aparatos. El nuevo Gobierno tuvo que pagar la factura del encargo de los salientes y aquí no ha pasado nada. Ya saben, esa manía que les ha dado a estos muchachos que llevan a gala en sus discursos ser abanderados de la transparencia mientras fulminan los discos duros que encuentran a su paso para que no quede rastro de sus gestiones, que de creernos su propaganda, son modélicas.

Bueno, en tal caso, no borren las huellas de la historia, dejen constancia de su buen hacer para que las generaciones venideras les veneren y rindan tributo a su altruismo dedicándoles calles y plazas en conmemoración de los beneficios que ha dejado la inteligencia que ponen al servicio del pueblo soberano. De siempre, la derecha española ha vendido una gran gestión. Vienen a decir, somos los dueños de todo, y si nos hemos forrado en la vida civil, haremos lo mismo con la gestión pública. Lo malo es que lo hacen literalmente, llevan adelante la administración de nuestras cosas con el mismo criterio, el de forrarse, y lo clavan.

La aspiración de los que sufrimos con este despropósito pasa por poner la cosa pública en manos de personal que no sea tan buen gestor en beneficio propio. Además, resulta que una vez superada la imagen inicial de pijo cortijero, que exhiben cual uniforme distintivo, uno se percata de que es sólo un disfraz y que la mayoría de estos señoritos de la nueva España no estaban boquerón, pero, vamos, que vivían de su curro como todo hijo de vecino. O sea, que ese argumento de votar al rico porque como ya tiene dinero no es tendente al robo, aquí no vale. A pesar de comportarse como si hubieran venido al mundo cual Moisés en una cestita flotando sobre riadas de Vega Sicilia, la mayoría de ellos ha hecho su agosto gracias a la política, no a pesar de ella, como insisten una y otra vez. El sonsonete de que pierden dinero con su paso por la Administración es más falso que un duro de plomo.

Recordemos a esos compañeros de oposición a Hacienda que han llegado a la Presidencia del Gobierno uno, y a la de Caja Madrid el otro, y han terminado con unos patrimonios impensables dentro de la legalidad en la vida normal, la de los administrados. Por no hablar de la gran cualificación que confiere el paso por un cargo público. De allí se sale asesorando a las empresas más variopintas, incluso varias a la vez, así, por lo sencillo. Las grandes empresas públicas de este país, como Telefónica, se pueblan de personajes que, proviniendo de la política, no habían entrado allí ni a poner una conferencia. Es curiosa la dotación que proveen los despachos en materia energética y de telecomunicaciones al ser humano.

Pues ya va siendo hora, si no es mucho pedir, que se tomen decisiones en favor de los administrados, y que salgan a la luz contratos que van en contra de los intereses de los ciudadanos para lucro exclusivo de empresas que se muestran generosas con las donaciones y en las que embarcan, también casualmente, los políticos cesantes, aunque la Justicia sea incapaz de ver una relación causa-efecto entre la donación y el contrato. Uno se pregunta, ¿cómo se justifica ante un consejo de administración una donación a un partido político si no es a cambio de un contrato? ¿Qué explicación le dan a los accionistas? ¿Pueden disponer los administradores de las empresas del capital para regalos y donaciones? Yo creo que no, que las cuentas deben cuadrar y todo lo que sale de la caja debe estar plenamente justificado, pero claro, yo no soy economista ni jurista y habrá argumentos suficientes como para permitir que estas cosas se hagan. Del mismo modo que se puede entrar a trabajar en una empresa a la que se ha beneficiado desde el cargo público. Sí, no se rían, es legal. Y los jueces se atienen a la ley.

Pues bien, me gustaría que empezaran a salir a la luz, después de las elecciones, como pasaría en cualquier país de nuestro entorno, contratos absurdos consecuencia de cacicadas del prócer anterior. Eso que llaman judicializar la política. Aunque no sirva de mucho, ya vemos la repercusión política que tiene un auto judicial que afirma que el partido del Gobierno lleva años y años financiándose ilegalmente: ninguna. Qué le vamos a hacer, pero urge poner sobre la mesa a quién beneficia la privatización de la Sanidad y de la Educación publicas. Lo de vender a precio irrisorio las viviendas de protección oficial a los fondos buitre para que desahucien al personal y las revendan por el triple lo tengo especialmente atravesado. Alguien tiene que pagar por semejante acto de descaro, latrocinio y crueldad. Y con respecto a la Sanidad, ya dicen los informes que aumenta la mortandad, es decir, que hay políticas que, al tiempo que generan beneficios para unos cuantos, también generan muerte. Sí, morirá gente que no lo haría en la situación anterior y, además, según han reconocido los tribunales, no está claro que sea un servicio más barato, más bien al contrario. Ya no estamos hablando de política ni de ideología, sino de decisiones que para generar pasta causan muerte. Combinación inaceptable.

Creo que son cosas serias y deberíamos llamar a los responsables de estas debacles para que expliquen delante de equipos técnicos cualificados cuál era la ventaja que obtenía el ciudadano con la destrucción o deterioro de servicios públicos, con qué intención se tomaron esas decisiones que sólo beneficiaron a unos pocos en eso que llaman colaboración público-privada y que consiste en abrir la caja pública para que entren emprendedores a pillar lo que puedan.

El desmán ha sido de tal calibre que exige una catarsis, nada de paños calientes.

¿Y qué dirán los mercados? Tal vez que se vota lo irresponsable. La pregunta que yo me hago es: ¿habrá alguna vez un mercado responsable? Parece que la economía liberal sólo ve estabilidad en la política delincuente. Y estamos en sus manos.