Disculpen que no me levante (por lo de Rato)

Tras el registro minucioso de casa y despacho y la retención policial de Rodrigo Rato, pretende el Gobierno instalar el mensaje de que “la justicia funciona”, “es igual para todos”, “no distingue a amigos de enemigos”… y patatín patatán. Como reza el falso epitafio de Marx (el otro Marx), “disculpen que no me levante”, en este caso a aplaudir, aunque reconozca la alegría cívica que uno comparte con todos aquellos compatriotas que han disfrutado al ver esa mano policial sobre el cogote del ilustre extodopoderoso Rato.

Hay unas cuantas razones por las que muchos desconfiamos (al menos por el momento) del sentido final de estos pasos político-jurídico-policiales tan celebrados.

1.- Porque nadie ha explicado de modo convincente el hecho de que la operación haya estado en manos del fiscal jefe del Tribunal Superior de Madrid, Manuel Moix, y no de la Fiscalía Anticorrupción, responsable de la investigación dirigida en la Audiencia Nacional por Fernando Andreu sobre la salida a bolsa de Bankia y sobre las tarjetas-black, los dos procesos en los que estaba imputado Rato antes de este 'sumario-exprés' por el que ya tiene todas sus cuentas (conocidas) bloqueadas.

2.- Porque la fiscalía de Madrid (la misma por cierto que en su día rechazó como prueba los correos electrónicos de Miguel Blesa con el argumento de que pertenecían a la intimidad del otro gran responsable de la ruina de Caja Madrid) solicitó al juez del juzgado número 35 de Madrid que pusiera en libertad a Rodrigo Rato cuando terminaran los registros sin esperar a que concluyeran los registros, con el doble argumento de que no había riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.

3.- Porque la fiscalía es un órgano unitario y jerárquico, y si se investiga a Rato por el delito de blanqueo de capitales, fraude fiscal y alzamiento de bienes no hay delitos más relacionados que esos tres con la corrupción, es decir con el ámbito para el que se creó y existe la fiscalía especializada en la lucha contra la corrupción.

4.- Porque si las órdenes de registro se han dictado en este momento ante la posibilidad de que Rato estuviera moviendo dinero y ocultando patrimonio (alzando bienes), será en relación con el hecho de que debe afrontar unos 130 millones de fianza ante el juzgado de la Audiencia Nacional que le investiga por su gestión en Bankia. No se entiende bien esta repentina urgencia cuando es sabido (y está publicado) que Rodrigo Rato ha viajado a Suiza al menos en tres ocasiones en los últimos seis meses, y no parece que fuera a esquiar.

5.- Porque, como sostiene el abogado Andrés Herzog (UPyD junto a la organización 15-MpaRato han conseguido llevar a los tribunales parte del gigantesco latrocinio) hay un “nexo” no suficientemente investigado acerca de la actividad de Rato y sobre el que infoLibre ha publicado varias entregas de interés: la relación del exvicepresidente de Aznar con su amigo y socio Jaime Castellanos y la Banca Lazard, de la que Rato recibió una transferencia de 6 millones de euros y a la que contrató para que le asesorara en la salida a bolsa de Bankia.

6.- Porque esta investigación del entramado de empresas familiares de Rato llega más bien tarde si alguien se toma la molestia de repasar las informaciones aparecidas sobre sociedades ligadas a ese apellido, alguna de ellas constituida en Panamá en el año 2011. Y se explica difícilmente la forma de abordarla a la luz de datos como los que hoy aporta Alicia Gutiérrez en infoLibre sobre la posible relación entre empresas familiares de Rato y la gestión de éste al frente de Bankia.

7.- Porque conocemos ya numerosos precedentes de casos de corrupción en los que el sospechoso número uno utiliza los entramados societarios y familiares no sólo para poner a buen recaudo lo sustraído, sino para poder culpar finalmente a un muerto, a un hermano despistado o a un cuñado listillo.

8.- Porque resulta muy difícil no sospechar una intencionalidad electoralista en la sobreactuación del caso Rato cuando sabemos que su nombre es uno de los 705 cargos políticos, judiciales, diplomáticos, altos funcionarios y familiares directos investigados por blanqueo de capitales tras haberse acogido a la amnistía fiscal que el Gobierno de Rajoy decretó en 2012, a los pocos meses de llegar al poder. Como ya escribimos en este 'Buzón de voz' horas antes de la detención (provisional) de Rato, los “seres humanos normales”, en el lenguaje de Rajoy, sólo podremos creer que hay indicios de lucha sincera contra la corrupción si se toman de inmediato las medidas legales oportunas para garantizar el castigo y el sonrojo público de todos y cada uno de los nombres de esa lista de los 705. La transparencia no consiste en los juegos trileros de Montoro, cuya risa fácil parece decidir en cada momento a quién toca amedrentar (puede ser un actor, un cantante, un Monedero… o un exjefe del propio PP para poder sacar pecho). Decir que sólo puede hacerse público el nombre de un evasor fiscal que regularizó (tributando al 3%, no se olvide) y que es investigado por blanqueo cuando haya sentencia firme de un tribunal es una obviedad. Lo que se le está exigiendo al Gobierno no es que se salte las leyes, sino que las cambie para que sean verdaderamente disuasorias contra el fraude fiscal. 

9.- Porque tiene muchos bemoles que a estas alturas Cristóbal Montoro se declare en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros sorprendido de que el personal “no crea en las instituciones”. El ministro, salvo que no sea un ser humano normal, sabe perfectamente de dónde viene la desconfianza en las instituciones. Pero conviene poner un ejemplo concreto relacionado con el caso. Una de las sociedades de la familia Rato que ahora investigan Hacienda y la fiscalía con mucho brío se llama Muinmo, y ya protagonizó primeras páginas y debates parlamentarios hace ¡catorce años!. Si lo sabrá Montoro, que en 2001 era precisamente lo mismo que ahora, ministro de Hacienda. Estalló el escándalo Gescartera y se conoció que el HSBC, banco ya suficientemente retratado como “un paraíso fiscal en sí mismo”, había concedido un crédito millonario y en condiciones absurdas a esa empresa propiedad de “don Rodrigo” y sus hermanos. En cualquier democracia que respete a sus instituciones, en aquel momento habría terminado la carrera política de Rodrigo Rato. Aquí, sin embargo, él continuó como vicepresidente y festejado autor del “milagro económico español”, para después llegar a dirigir el Fondo Monetario Internacional o finalmente gobernar Bankia y dejarla a puntito para que entre todos los seres humanos normales, y por tanto contribuyentes, escotáramos para rescatarla y perder como mínimo el 72% de lo escotado.

El juez envía a la Audiencia Nacional la investigación sobre el patrimonio de Rato al ver conexión con el 'caso Bankia'

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10.- Porque el simple hecho de que la vicepresidenta del Gobierno y el ministro de Hacienda hayan empezado este mismo viernes a hablar de “ese señor”, “esa persona”… en lugar de pronunciar el apellido Rato vuelve a resultar una ofensa a la memoria de los ciudadanos. Al innombrable lo llevaron bajo palio todos ellos en la campaña electoral de 2011, en la que el PP logró mayoría absoluta presumiendo, antes que nada, de que iban a repetir la gestión económica que Rato dirigió entre 1996 y 2004. Tampoco hay analista político de peso que no sepa que Aznar descartó a Rato como sucesor no porque no lo considerara más capacitado o de más talla política que Rajoy, sino precisamente por eso. Y ya se sabe que el ego de Aznar no cabe en Brasil (no hay más que leer sus Memorias, en cuya segunda parte habla con un caballo) y no admitía tipos que le hicieran sombra.

Así que disculpen que uno no se levante a aplaudir y prefiera esperar el desarrollo de los acontecimientos y unas cuantas explicaciones, no vaya a ser que este impactante espectáculo justiciero desvíe la atención de causas de tanta o mayor enjundia, incluidas por supuesto las que se siguen sobre Bankia, las preferentes o las tarjetas.

P.D. Otro día habrá que escribir acerca de una obviedad indignante: ni Rato, ni Bárcenas, ni Granados ni ninguno de los 705 presuntos y desconocidos blanqueadores de capitales habrían podido esquivar al fisco sin la inestimable ayuda de bufetes jurídicos de prestigio y bancos de inmaculada imagen.