Manos sucias y ánimo de lucro

La corrupción ofende al contribuyente honrado en cualquiera de sus formas, pero resulta especialmente indignante cuando sus ejecutores se dedican a hacer negocio precisamente con la bandera de la lucha contra la corrupción o la defensa de los derechos de los más débiles, los consumidores, los estafados, aquellos que no tienen capacidad para reclamar contra los abusos de poder.

Un sistema tan descarado de extorsión y chantaje como el presuntamente perpetrado por Ausbanc y Manos Limpias no habría podido funcionar durante casi tres décadas si no fuera por la colaboración, complicidad, incapacidad, encubrimiento o silencio de grandes bancos y empresas, de instituciones de control, de responsables políticos y de medios de comunicación de todos los colores (ideológicos). No debemos conformarnos con ver entre rejas a Luis Pineda y a Miguel Bernad, cabezas de un monstruo alimentado por individuos muy poderosos y cuyas maneras mafiosas no se alejan tanto de lo que ha venido siendo costumbre extendida en este cenagal. Porque hay un grave riesgo añadido: que esos mismos poderes económicos, políticos y mediáticos aprovechen hipócritamente la investigación dirigida por el juez Santiago Pedraz para generalizar y criminalizar tanto las organizaciones civiles de defensa de ciudadanos, usuarios y consumidores como el valor de la acción popular en procesos judiciales contra la corrupción.

1) Todo el mundo lo sabía

Asistimos por enésima vez a esa clamorosa presunción de que “esto lo sabía todo el mundo”, primera trinchera de defensa de quienes en su día lo denunciaron, pero también excusa habitual de toda la tropa que ha preferido mayormente mirar para otro lado (cuando no utilizar munición parecida). Disculpen el breve relato de una vivencia personal. En abril de 2002, yo dirigía la revista Interviú, y mi compañero Manuel Rico (ahora director de infoLibre) investigó durante semanas las andanzas de Luis Pineda y Ausbanc con la supervisión de otro magnífico periodista, Ángel Ibáñez. La primera de las historias se tituló 'Ausbanc, el negocio de defender a los consumidores', y la entradilla decía literalmente: “Ausbanc es en teoría una asociación sin ánimo de lucro y dedicada a defender a los consumidores ante los abusos de los bancos. En la práctica, sin embargo, parte de su financiación procede de los propios bancos y cajas de ahorro”. Se denunciaba que la organización de Pineda “cobra a los bancos hasta cinco millones de pesetas por informes que a veces ni siquiera han encargado” y se alertaba del “importante incremento de sus ingresos durante los últimos tres años”, lo que había permitido a Pineda montar una agencia de viajes, un centro de empleo, una productora de televisión, una línea 906 y hasta un plan de pensiones.

Durante aquellos días previos a la publicación, Pineda intentó engañarnos, amenazarnos con acudir a los tribunales, presionarnos por todas las vías que se le ocurrieron, incluso probó con enviarnos regalos que fueron de inmediato devueltos al remitente. Este sujeto, exdirigente de la banda ultraderechista Frente de la Juventud, había fundado Ausbanc en 1986, y tenía ya muy engrasada su maquinaria, que incluía (por supuesto) el cobro de subvenciones públicas y la facturación de servicios a las dos partes de un mismo conflicto, ya fuera sobre servicios bancarios u operaciones inmobiliarias.

Una de las fuentes principales que engordan el emporio montado por Pineda ha consistido, como detalla el auto del juez Pedraz, en exigir a las entidades financieras que invirtieran un dineral en publicidad en las publicaciones periódicas de Ausbanc, “a cambio de no sufrir el acoso de los consumidores que Ausbanc representa (mediante publicidad negativa o como destino de sus demandas judiciales)”. Es decir, primero a través de la amenaza de hacer públicas en sus revistas las malas prácticas bancarias y, después, mediante la presentación de denuncias judiciales (aquí el invento de Manos Limpias) y la posterior disposición de retirarlas a cambio de pagos a las empresas de servicios del grupo Ausbanc o a través de disparatadas inversiones publicitarias, Pineda extorsionaba a los bancos y traicionaba a los consumidores que se afiliaban a Ausbanc creyendo en ese sello de “entidad sin ánimo de lucro”.

Era tan obvio el montaje del tal Pineda que en 2005 Ausbanc fue excluida del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios por no cumplir los requisitos legales, y seguimos a la espera de conocer las razones por las que fue admitido su reingreso en el mismo al llegar Ana Mato al ministerio de Sanidad. En mayo de 2014, Ausbanc fue de nuevo expulsada del registro oficial de entidades sin ánimo de lucro tras reiteradas denuncias desde el Consejo de Consumidores y Usuarios.

2) El ecosistema mediático

Cabe preguntarse por qué en treinta años no ha habido una presión mucho mayor de los grandes medios de comunicación para desnudar el verdadero carácter mafioso de Ausbanc, y por qué Luis Pineda ha seguido hasta hace un cuarto de hora pisando todo tipo de moquetas, protagonizando desayunos informativos en el Ritz o paseándose por los platós de televisión. Quizás la explicación tenga que ver con un hecho poco conocido por la opinión pública: muchos medios de comunicación, en papel y digitales, no sobrevivirían si no fuera por los acuerdos comerciales opacos que mantienen con grandes bancos y empresas. Consisten precisamente en la inversión de decenas o centenares de miles de euros en un medio aunque su difusión e influencia no sea proporcional al coste de esa inversión. Es decir, se busca fundamentalmente mantener una relación “fluida” o “positiva” entre la gran empresa y el medio en cuestión, que a su vez adquiere el compromiso, explícito o implícito, de trasladar una buena imagen de su “cliente”. Estos acuerdos son clave, como viene denunciando infoLibre desde su fundación, para entender el ecosistema mediático español, que se desenvuelve en una competencia desigual y desleal, y con una opacidad casi total hacia los lectores, que desconocen los compromisos y fuentes de financiación de los medios.

No hay corrupción ni soborno sin un mínimo de dos actores. ¿Qué hay de los paganos, sobornados o financiadores de esta trama? Si alguien quiere conocer un ejemplo meridiano, lea el auto del juez Pedraz entre los folios 13 y 18. Se relata con todo detalle el caso del banquero Braulio Medel, presidente de Unicaja, investigado por los ERE de Andalucía y contra el que Manos Limpias ejercía la acusación popular. Las conversaciones grabadas a Luis Pineda con el secretario general del banco y los mensajes intercambiados demuestran que Unicaja ha pagado una cantidad que “rondaría la cifra de un millón de euros” para lograr que Luis Pineda a través de Manos Limpias solicitase el archivo de la causa contra Medel. Como así ocurrió, efectivamente.

Y en este punto proceden unas cuantas preguntas elementales: si Braulio Medel no tiene nada que esconder sobre los ERE, ¿por qué se paga un millón de euros para retirar la acusación contra él? ¿Cómo es posible que se utilicen los recursos de un banco, antes caja de ahorros, para resolver sobornos que afectan a la persona de su presidente? ¿No tienen nada que decir el FROB o el Banco de España? ¿Va a mantenerse el plan anunciado por el propio Braulio Medel de dejar la presidencia del banco para continuar al frente de la Fundación Unicaja con derecho a pensión, asistentes y todo lujo de prebendas, como denunciaba hace unos días Fernando Vicente en eldiario.es de Andalucía?

Suena a broma macabra que la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, declare que no le sorprende en absoluto “lo que ha ocurrido con Ausbanc”. La máxima responsable de la supervisión bursátil, que antes fue ministra y muchas más cosas, dice que siempre se había preguntado “de qué vivían” tanto Ausbanc como Manos Limpias, pero aduce que no ha actuado porque nunca ha recibido “una denuncia al respecto de una entidad financiera”. Y en esto último tiene razón. La inmensa mayoría de los principales bancos y cajas han financiado a Ausbanc durante décadas, y las denuncias contra sus prácticas sólo han procedido de organizaciones como Adicae o Facua, que de hecho han sufrido, especialmente Rubén Sánchez, de Facua, los métodos mafiosos de Pineda.

La “organización criminal”, como la define el juez Pedraz, formada por los máximos dirigentes de Ausbanc y Manos Limpias, ha funcionado como una pinza con absoluto ánimo de lucro y dispuesta a llevarse por delante no a los grandes prebostes de las finanzas sino a quienes precisamente podían cruzarse en su ejercicio de delincuencia. Le ocurrió a Baltasar Garzón, perseguido reiteradamente por Manos Limpias hasta que fue apartado de la carrera judicial. Uno de los denunciantes de Ausbanc, el empresario Javier López, presidente de CreditServices, propone por cierto revisar las muy bien pagadas colaboraciones de determinados magistrados en las publicaciones de Ausbanc.

3) Los efectos nada secundarios

Los delitos cometidos están siendo, por fin, investigados, y sus responsables directos en prisión. Pero el aspecto ahora más precupante está en las consecuencias del escándalo. Sus efectos nada secundarios.

En primer lugar, se multiplican las voces interesadas que cargan de sospechas a todas las organizaciones civiles sin ánimo de lucro, cuando es bien sencillo separar el grano de la paja si funcionan los controles institucionales previstos o se incorporan cuantos sean necesarios. Que el exconsejero valenciano Rafael Blasco utilizara precisamente los fondos de cooperación para hacer negocio no sirve para ensuciar la imagen de decenas de ONG que trabajan en labores humanitarias sino para exigir responsabilidades a quienes permitieron que desde un cargo político se metiera la mano en la mermada caja de fondos para ayudar a los más débiles. ¿O acaso nadie recuerda lo de Luis Roldán con los fondos para huérfanos de la Guardia Civil?

En segundo término, se aprovecha la actuación presuntamente criminal de Manos Limpias para recuperar la intención de eliminar la figura de la acción popular, prevista por cierto en el artículo 125 de la Constitución. Vuelven múltiples voces a tirar de la llamada doctrina Botín para instalar la conclusión de que no hay caso si no hay acusación de la Fiscalía. Por culpa de la trama de Pineda, Bernad y compañía, la infanta Cristina podría haberse ido a casa sin ser juzgada, pese a la acumulación de indicios recogidos por el juez José Castro en la instrucción del caso Nóos. Pero nadie debería olvidar que si Cristina de Borbón no respondiera por sus responsabilidades en este asunto sería porque tanto la fiscalía como la abogacía del Estado han ejercido más como abogados de la infanta que como defensores de los contribuyentes. (Resulta más que simbólico que tanto Ausbanc como Nóos fueran “entidades sin ánimo de lucro”).

Conviene reivindicar el valor de la memoria y el de la hemeroteca. Quienes sostienen que la acción popular queda manchada por la actuación de Manos Limpias deberían repasar la condena de cárcel al juez Pascual Estevill y al abogado Juan Piqué Vidal. En los primeros años noventa, esta pareja mafiosa demostró que no se necesita acusación popular para corromper la acción de la justicia. El juez se dedicaba a abrir investigaciones a empresarios y el abogado a defenderlos. Las causas quedaban archivadas o los encarcelados salían libres previo pago de sobornos a la citada pareja.

Antes de proclamar el funeral de la acción popular o de ensuciar la impagable función de organizaciones civiles, de defensa de usuarios y consumidores, lo que resulta urgente es reconocer las lagunas en la labor de fiscalías, medios de comunicación y órganos de control. Que cada palo soporte su vela. Sin ánimo de lucro.