El franquismo que se resistía a morir

Han pasado cuarenta años de aquellos trágicos días entre el 23 y 28 de enero de 1977. España viajaba hacia un lugar desconocido, aunque muchos insistan ahora en que todo a partir de la muerte de Franco tenía un guión escrito.

La salida de la dictadura, como sabemos, resultó espinosa. Más de una generación de españoles había crecido y vivido sin ninguna experiencia directa de derechos o procesos democráticos. Al Ejército de Franco, unido en torno a él y que no había sufrido una derrota militar, como ocurrió en otras dictaduras, le costó asimilar los cambios. Los gobernantes, primero con Arias Navarro y después con Suárez, conservaban casi intacto el aparato político y represivo del Estado. Las amenazas de golpe por arriba y de terrorismo por abajo llenaron de dificultades aquellos primeros años tras la muerte del dictador. El armazón del régimen franquista que controlaba el poder no contenía el embrión de la democracia y tampoco el nuevo jefe del Estado ofrecía las mejores garantías.

Prescindamos de las dos lecturas básicas que se hacen desde el presente –transición feliz desde una dictadura a una democracia plena; o democracia impura legitimada por el régimen de 1978– y saquemos a la luz algunas de las tensiones de aquella época.

En 1976 había todavía en España más de un millar de presos políticos, los miembros de la Brigada de Investigación Político-Social actuaban de forma impune, el Tribunal de Orden Público (TOP), la jurisdicción especial creada en diciembre de 1963, abrió en ese año casi cinco mil causas con penas de cárcel, sanciones administrativas y elevadas multas, y la censura se recrudeció a través de las suspensiones gubernativas, las incautaciones de periódicos y los expedientes de la Dirección General de Prensa.

En realidad, desde los últimos años de la dictadura, el orden público fue una preocupación constante de sus dirigentes frente al comunismo y la masonería. Eran, como se había repetido machaconamente desde la victoria en la Guerra Civil, los grandes enemigos de España, infiltrados en los años setenta, tras el desarrollo y la modernización, en la Iglesia y en las universidades, en las clases trabajadoras y en los medios de información.

La conflictividad laboral se disparó a partir diciembre de 1975 no sólo por el número de huelgas y de obreros implicados sino también por la extensión de las protestas hacia todos los sectores productivos a lo largo y ancho del territorio nacional. Una movilización social desconocida desde hacia cuarenta años, vertebrada fundamentalmente en torno a Comisiones Obreras, la organización de combate más influyente, con bases sólidas dentro del sindicalismo vertical del régimen y una amplia red de enlaces y jurados en las grandes empresas.

A las autoridades políticas, los gobernadores civiles y los mandos policiales les preocupaba especialmente que, junto a las demandas laborales y las protestas por la carestía de la vida, aparecieran otras reivindicaciones de carácter claramente político como la reclamación de libertad sindical, los derechos de reunión y asociación, las peticiones de readmisión de despedidos o de libertad para los encarcelados, las huelgas de solidaridad, los paros simbólicos como protesta por acontecimientos de carácter nacional, las huelgas de hambre y los encierros en iglesias y polideportivos y la difusión de los métodos asamblearios, un caldo de cultivo para el surgimiento de líderes sindicales y para el ensayo de la cultura política democrática.

Desde julio de 1976, desde el nombramiento de Adolfo Suárez como jefe de Gobierno, las elites políticas procedentes del franquismo estaban llevando adelante una reforma legal de las instituciones de la dictadura, empujadas desde abajo por las fuerzas de la oposición democrática y por una amplia movilización social de muy diverso signo. El día 18 de noviembre 435 de los 531 procuradores votaron a favor de la Ley para la Reforma, aprobada después en referéndum el 15 de diciembre. Pero las cosas se complicaron, y mucho, en el mes que siguió a esa consulta popular y especialmente en los días que transcurrieron entre el 23 y el 28 de enero de 1977.

Los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), el brazo armado de una escisión comunista, que ya habían secuestrado al presidente del Consejo de Estado, Antonio de Oriol,  el 11 de diciembre, secuestraron también, el 24 de enero, al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, el teniente general Emilio Villaescusa, y asesinaron a tres policías. En las calles de Madrid se vivió la muerte de un estudiante a manos de un grupo de ultras, el fallecimiento posterior de una joven golpeada por un bote de humo en una manifestación de protesta y la irrupción de unos pistoleros de ultraderecha en un despacho de abogados laboralistas ligados a CCOO con el resultado de cinco muertos y cuatro heridos graves.

Aunque esos secuestros y los asesinatos en el despacho laboralista, perseguían una reacción violenta de las fuerzas armadas, no hubo movimientos en los cuarteles pidiendo el estado de excepción. El Gobierno mantuvo la calma y el Partido Comunista de España, todavía ilegal, recibió innumerables muestras de solidaridad por el orden y la disciplina que sus dirigentes y militantes exhibieron en la impresionante manifestación de duelo por los cinco asesinados, celebrada dos días después, el 26 de enero, en la que cientos de miles de asistentes recorrieron en silencio las calles de Madrid con claveles rojos y puños cerrados en alto.

El proceso de reforma legal continuó adelante y desembocó en la celebración de elecciones generales en junio de ese año, algo que contribuyó a la legitimación de la élite política y del monarca procedentes de la dictadura. En esos meses fue disuelto el TOP, y se desmantelaron las instituciones básicas de la dictadura. Entre abril y junio los 20.000 funcionarios de la Organización Sindical y los 7.000 adscritos a los organismos del Movimiento fueron absorbidos por la Administración conservando todos sus derechos, sin que se mencionara, en ningún momento, la posibilidad de purgas o de depuraciones.

Suele señalarse como una peculiaridad de la política actual en España, comparada con la de otros países europeos, la inexistencia de un partido/movimiento de ultraderecha potente, influyente en la sociedad. La forma en que se produjo la transición en aquellos años explica muchas cosas. Todo ese proyecto de reforma política, de transición de la dictadura a la democracia, tuvo que premiar con prebendas y cargos públicos a un sector de la elite franquista. Muchos procuradores franquistas que votaron la reforma en las Cortes volvieron después a la política activa, ya legitimados democráticamente, elegidos por sus provincias de origen en junio de 1977, beneficiados por el apoyo gubernamental o como senadores de designación real. Habían pasado más de cuatro décadas desde las últimas elecciones generales, las de febrero de 1936.

Homenaje a la UMD, los militares antifranquistas que se rebelaron contra el régimen

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El cuarenta aniversario de los asesinatos en el despacho del número 55 de la calle Atocha de Madrid es un buen momento para  recordar, al margen de lecturas políticas actuales, cómo y bajo qué circunstancias el largo pasado autoritario iba quedando atrás, borrando sus huellas  más incómodas, pese a que el bunker y la ultraderecha seguían resistiendo.

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Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, autor, junto a Carlos Gil Andrés, de 'Historia de España en el siglo XX' (Ariel)