La crisis dispara la desigualdad

La desigualdad en términos de renta se disparó durante los primeros años de la crisis en España, y el sistema de protección social tiene una baja capacidad para revertir esta tendencia en comparación con los países de nuestro entorno. Esta es la principal conclusión que se desprende del primer Informe sobre la desigualdad en España presentado este jueves por la Fundación Alternativas en Madrid.

De acuerdo con los datos del informe, la diferencia entre los más ricos y los más pobres aumentó un 10% entre los años 2007 y 2009. Se trata del mayor incremento desde que existen datos anuales sobre los ingresos de las familias. De esta forma, apuntan los investigadores, se ha frenado en seco la tendencia de los años anteriores al inicio de la crisis, cuando la desigualdad se reducía paulatinamente gracias al intenso aumento del empleo.

El documento desvela que el crecimiento de la separación entre ricos y pobres es también superior al que se ha registrado en otros países europeos. La medida para la comparación la ofrece el índice de Gini, un indicador que mide la desigualdad en la distribución de la renta. Según este índice, España está a la cabeza de la desigualdad entre los países de la Unión. Sólo Reino Unido, Italia y Portugal registraban un panorama peor que el español en 2008.

Entre las causas de la actual situación, los investigadores señalan la caída de las rentas más bajas, los cambios en la distribución salarial y el vertiginoso aumento del desempleo. Preocupa especialmente la pérdida del trabajo por parte de las personas que sustentan cada unidad familiar, un factor diferencial con respecto a anteriores crisis que incide directamente en que las clases con menos ingresos sean, al tiempo, las más perjudicadas por la evolución negativa del ciclo económico.

Elevada precariedad laboral

Los redactores del informe también han analizado el mercado laboral y lo han puesto en relación con el de los países del entorno. En este campo se señala la alta incidencia de puestos de trabajo con condiciones precarias, y se destaca especialmente la elevada tasa de empleo con bajos salarios. La consecuencia directa es que, en 2010, uno de cada ocho trabajadores estaba en situación de pobreza laboral. Es decir, tenía un empleo cuyo salario no le permitía superar el umbral de la pobreza. El porcentaje de personas en esta situación aumentó del 10,8% al 12,7% en el período comprendido entre 2007 y 2010. Por si fuera poco, los analistas predicen que esta tendencia se agravará como resultado de la descentralización de la negociación colectiva y de las medidas que favorecen la permanencia de los jóvenes en empleos de baja calidad.

Las consecuencias más negativas de la actual situación del mercado laboral las sufren tres grupos de población especialmente vulnerables: mujeres, jóvenes e inmigrantes. En lo referente a la incorporación de la mujer al mercado laboral, se han echado por tierra los tímidos logros conseguidos. A pesar de que España aún estaba lejos de la media europea, la situación actual ha convertido a las mujeres en un colectivo especialmente vulnerable. El informe señala además una tendencia que se considera preocupante: muchas de ellas están abandonando el mercado laboral para cuidar de mayores dependientes.

Por su parte, los jóvenes afrontan un alto riesgo de exclusión. Es la consecuencia de la gran volatilidad de los puestos de trabajo que ocupaban mayoritariamente antes del estallido de la crisis. A pesar de que no existen recetas mágicas, los investigadores recomiendan mejorar la eficacia de las políticas activas de empleo y ahondar en el reciclaje profesional de los jóvenes parados, que requieren de una orientación laboral efectiva.

Por último, dice el informe, los inmigrantes sufren las carencias del modelo de bienestar y la ausencia, en muchas ocasiones, de una red familiar que pueda socorrerlos. Tras su expulsión masiva del mercado laboral, afrontan una situación particularmente delicada. Por ello, la Fundación pide acabar por los recortes especialmente dirigidos a este colectivo.

Sanidad y educación, claves en la igualdad

En cuanto a la acción redistributiva del Estado, el documento señala que en España es inferior a la que se da en Alemania, Francia, Italia o Polonia, entre otros países europeos. La principal causa del escaso reequilibrio de las rentas es el bajo gasto social, inferior al de la media de la UE y sólo superior al de países como Bélgica y Grecia. De poco sirven, afirman los investigadores, reformas como la del IRPF en 2010 y 2011, que si bien contribuyen a la igualdad, no son especialmente significativas: más que la introducción de la progresividad en el sistema tributario, es el gasto sanitario, y en menor medida en Educación, el que reequilibra las rentas.

El gasto en sanidad es precisamente, afirma el informe, el que más iguales hace a los ciudadanos. De él se benefician especialmente las clases bajas y medias. Ahora, el Estado, endeudado por la crisis y por la socialización de las pérdidas de sectores como la banca, está recortando en Sanidad, y por ende, en igualdad, aseguran. Los recortes se están centrando, además, en las partidas que más contribuyen a la redistribución: el gasto farmacéutico y la atención primaria. Por último, cabe señalar que si bien el documento no constata un empeoramiento de la igualdad derivado de los recortes en sanidad, el período de análisis sólo llega hasta el año 2008.

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Con respecto al gasto educativo, sí redistribuye, pero menos. Las críticas del informe se centran en este ámbito en la financiación de centros privados con fondos públicos. “En términos globales, es una medida regresiva”, aseguran.

Un futuro poco prometedor

Los autores del informe no tienen demasiadas esperanzas en que a corto y medio plazo la situación vaya a cambiar significativamente. Más aún: creen que las tendencias observadas se acrecentarán como consecuencia de las políticas de recorte del gasto entre otros factores. Ante esta perspectiva, señalan lo urgente de debatir, diseñar y financiar las políticas de bienestar y los mecanismos de redistribución para después de la crisis, atendiendo a los desafíos presentes y futuros, como el progresivo e imparable envejecimiento de la población.