El Gobierno cede ante los obispos y pone la Religión a la altura de las Matemáticas

A partir del curso 2014/2015, la asignatura de Religión contará igual que Matemáticas. Será una materia más y computará para la media igual que lo hará su alternativa –que se llamará Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria, según Europa Press–. Esta es una de las sorpresas que reservaba la polémica ley Wert, cuyo proyecto aprobó este viernes el Consejo de Ministros. Con esta decisión, el sistema educativo español regresa al modelo franquista, vigente hasta la aprobación de la LOGSE en los noventa, y la Conferencia Episcopal se apunta uno de los tantos que llevaba tiempo reclamando. 

"Será evaluable pero no será objeto de evaluaciones nacionales", ha afirmado el titular de Educación, José Ignacio Wert, sobre una asignatura que hasta el momento sí era evaluable, si bien no era computable para la media que permite el acceso a la universidad o a becas y ayudas. Su calificación sí aparecía en el expediente y también contaba para repetir curso. A partir del curso 2014/2015, cuando está previsto que empiece a funcionar esta ley, y según ha afirmado el ministro, Religión no computará en las nuevas tres pruebas externas que recoge el proyecto de ley. No obstante, de esta forma, los obispos sí logran una de sus históricas reivindicaciones: que Religión tenga una asignatura alternativa fuerte que, además, no será excluyente como criticó el Consejo de Estado en un informe reciente. Es decir, los alumnos no estarán obligados a optar entre una u otra.

De esta forma, el Ejecutivo hace caso a medias al órgano consultivo del Estado que criticó la desaparición de cualquier traza de asignaturas "de formación ético-cívica" y pidió una materia "obligatoria" en este sentido al considerar que Valores no era suficiente para sustituirla porque los alumnos tendrían que elegir. Al hacer que ambas no sean excluyentes no hay tal disyuntiva. Sí desaparece definitivamente la asignatura Educación para la Ciudadanía que se implantó en 2006 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. 

Enseñanza en catalán 

La ley salda cuentas también con una de las obsesiones del ministro, la inmersión lingüística en la enseñanza catalana. Su ministerio adelantará el coste de escolarizar en castellano en colegios privados a los alumnos que hayan elegido esta lengua como vehicular cuando la comunidad autónoma no la oferte en el sistema público o el concertado, como han denunciado algunos padres que ocurre en Cataluña, aunque luego lo recuperará detrayéndolo de la financiación autonómica.

Para ello, la memoria económica de la LOMCE se reserva un presupuesto de cinco millones de euros, los que se estiman necesarios para garantizar este derecho si 1.000 alumnos solicitan ejercerlo. Se da la circunstancia de que en Cataluña el curso pasado solicitaron la enseñanza en castellano solo 17 familias. No obstante, se trata de un adelanto económico, pues Educación se cobrará la factura de los fondos que correspondan a Cataluña en el marco de la financiación autonómica.

De esta forma se introduce una modificación en la forma pero no en el fondo respecto al borrador que se conocía hasta el momento, que señalaba que las autonomías con lengua cooficial tenían que pagar un centro privado en el caso de que un alumno demandara clases en castellano. En un dictamen no vinculante en el que incluía varios cambios y matizaciones, el Consejo de Estado rechazó esta fórmula. 

El proyecto de ley de la séptima reforma educativa de la democracia se remitirá ahora al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria y su posterior aprobación y, después, al Senado. 

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La reforma cuenta con la oposición de varias comunidades autónomas –especialmente en las que no gobierna el PP– y de gran parte de la comunidad educativa, que lleva meses movilizándose contra este proyecto. 

Financiación 

El Consejo de Estado también cuestionó en su informe las garantías de financiación de la futura ley. Según ha explicado Wert, el Gobierno no tiene planeado presupuestar más dinero. Lo que hará será intentar que el Fondo Social Europeo financie la mitad del gasto de la reforma (unos 200 millones de los 400 previstos en tres años), especialmente para la puesta en marcha de la FP básica.