Madrid consuma la privatización de seis hospitales durante 10 años

La gestión de otros seis hospitales madrileños construidos con dinero público ya está oficialmente en manos privadas. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, ha dado cuenta este jueves de la adjudicación para los próximos 10 años a las empresas HIMA San Pablo –compañía puertorriqueña experta en turismo sanitario–, Sanitas y el consorcio formado por Ribera Salud, El Corte Inglés y una filial de la constructora OHL. De esta forma se consuma el mayor proceso privatizador de la sanidad española. 

En concreto, Hima San Pablo gestionará el Infanta Sofía y el lote compuesto por el Infanta Cristina y el Hospital del Tajo, mientras Unión Temporal de Empresas en la que participa Ribera Salud hará lo propio con el Infanta Leonor y el Hospital del Sureste. Sanitas, por su parte, gestionara el Hospital del Henares. En rueda de prensa, el consejero de Sanidad ha remarcado la "transparencia" de un proceso muy contestado en la calle por un sector, el sanitario, tradicionalmente conservador y poco dado a la movilización. El Gobierno regional ha estado solo en este proceso. Ningún partido ni organización social, profesional o sindical le ha apoyado. 

Según ha explicado el consejero, y recoge Europa Press, las empresas gestoras de los seis hospitales se han comprometido a ampliar las consultas e intervenciones quirúrgicas en horario de tarde, al tiempo que, ha dicho, mantendrán e intensificarán las de la mañana.

Una sensación "agridulce"

Médicos, enfermeros, auxiliares, personal administrativo, cocineros... Todos han remado juntos durante los últimos meses en huelgas y manifestaciones. Y ahora, cuando el mayor plan privatizador de la sanidad pública desafía con hacerse irreversible, los profesionales no pueden evitar sentir una sensación "agridulce". 

Esa es la palabra con la que define el estado de ánimo de los trabajadores Patricia Alonso, geriatra y directiva de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), una de las principales organizaciones impulsoras de la marea blanca contra la privatización de la gestión sanitaria en Madrid. "Ha habido una falta de interés clara por buscar el consenso. La consejería ha pasado por encima de nuestras protestas como una apisonadora", denuncia. En este sentido, recuerda las decenas de manifestaciones, las jornadas de huelga y el millón de personas que firmaron contra este proceso en una consulta popular. No obstante, asegura que la reciente admisión a trámite de la querella presentada por su asociación contra la cúpula de la sanidad madrileña que impulsó la privatización les da fuerzas para continuar.

Además de esta querella, que avanza por la vía penal, y que está dirigida contra nueve personas, entre ellas los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, por presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación para la gestión sanitaria externalizada de los primeros hospitales de la Comunidad de Madrid (Infanta Elena, en Valdemoro; el Rey Juan Carlos, en Móstoles; y el Hospital de Torrejón de Ardoz), hay en marcha otros recursos por la vía contencioso administrativa contra los pliegos de este concurso. "Confiamos plenamente en la Justicia. Y esperamos que el proceso pueda suspenderse", dice Alonso.

El doctor Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), recuerda, además de estos recursos, el compromiso de los partidos de la oposición de revertir el proceso si llegan al Gobierno. "Definitivo no hay nada, pero este es un paso más en la línea que persiguen González [el presidente autonómico] y Lasquetty [consejero de Sanidad]", asegura. 

No obstante, la premura con la que el Ejecutivo regional parece querer concluir el proceso, responde para profesionales y usuarios a un objetivo concreto: ganar tiempo y condicionar la decisión de los tribunales. Según fuentes conocedoras del proceso, la firma de los contratos está prevista para el próximo 31 de julio. Y las empresas podrían instalarse en los hospitales a partir de septiembre y por un período de diez años. 

En las organizaciones sindicales también existe la esperanza de que la Justicia paralice las adjudicaciones. "Es llamativa la premura de los tiempos, casi los mínimos que acepta el concurso, aunque también lo que parece casi un empeño por ir a buscar a las empresas", dice Rosa Cuadrado, responsable de la Federación de Sanidad de CCOO de Madrid. Sindicatos, partidos de la oposición y otras organizaciones han criticado que este proceso ha sido más “un reparto” que una licitación "seria". Y han mostrado su extrañeza por el hecho de que no haya habido competencia, pues cada una de las tres empresas optó por hospitales diferentes. 

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Además, las modificaciones que la Consejería de Sanidad incluyó en el último momento a las condiciones del concurso fue interpretada por algunos sectores como intento de hacer más favorables los pliegos para evitar la falta de ofertas. 

Desfinanciación de lo público 

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid ha mantenido una actitud muy beligerante contra un proceso que, aseguran, viene acompañado por una "desfinanciación progresiva" de la sanidad pública. De hecho, denuncian que el presupuesto sanitario per cápita en Madrid ha permanecido sistemáticamente por debajo del promedio de todas las comunidades autónomas. Y señalan que si desde 2010 a 2013 el presupuesto per cápita hubiera sido el de la media de las comunidades, en Madrid se habrían destinado a la sanidad 2.569,29 millones de euros más. Para 2013, el presupuesto de la sanidad madrileña asciende a los 7.059 millones de euros, un 0,9% menos que el año anterior.