Sepultados en cunetas ante el olvido institucional

Los restos del abuelo de Eva y José María Martínez Movilla yacen en algún lugar del paraje de La Pedraja, al borde de la carretera N-120, en la provincia de Burgos. O, quizá, en una caja en el laboratorio del campus de Vitoria de la Universidad del País Vasco a donde fueron los trasladados para su posterior identificación los cuerpos del más de un centenar de represaliados del franquismo recuperados de varias fosas de esa zona desde 2011.

El verano de ese año, gracias al trabajo de un grupo de familiares y a la subvención de 37.500 euros otorgada por el Ministerio de la Presidencia en virtud de la Ley de Memoria Histórica, pudieron abrir la primera de las fosas. Aparecieron 104 cuerpos. Estos restos son reclamados por sesenta familias que ahora ven cómo el hachazo del Gobierno a estas ayudas –el PP ha liquidado la partida presupuestaria dedicada a las víctimas de la dictadura franquista y de la Guerra Civil en apenas dos años– puede acabar con su esperanza de dar un enterramiento digno a los suyos. La última ayuda pública llegó en 2012, en medio de las pruebas de identificación a través de ADN, uno de las fases más costosas del proceso de recuperación de restos.

Cuando se acabó el dinero, cuenta Eva, hubo que reunir a los familiares y plantearles la situación. Ese encuentro se produjo el pasado enero. "Estábamos a cero, teníamos que decidir qué hacer. Si dejarlo estar o continuar nosotros corriendo con los gastos de identificación y con la posterior inhumación", relata. Al final, las familias que pudieron acordaron poner 1.300 euros para, al menos, intentar poner nombres y apellidos a los cuerpos que yacen todavía en el laboratorio conscientes de que es posible que ninguno de ellos sea el del familiar que andan buscando.  "Llega un momento en el que sientes que todos los restos son los de tu abuelo. Que hay que llegar hasta el final cueste lo que cueste", dice Eva en conversación teléfonica con infoLibre mientras regresa con su hermano en coche desde Vitoria, a donde se han desplazado para examinar cómo discurre el proceso. Los cuerpos de esta fosa aparecieron muy deteriorados y, por el momento, sólo se han podido identificar los restos de cinco personas.

En la zona de La Pedraja, como en otros tantos puntos de España, hay otras fosas localizadas que, si no regresan los fondos públicos, nunca se abrirán. Además del trabajo de los arqueólogos, forenses o biólogos –que suelen trabajar de forma altruista– para localizar un enterramiento clandestino hace falta delimitarlo previamente con un georadar y, después, acudir con una excavadora para levantar la tierra. 

En 2013 el Estado no dedicará un solo euro a la reparación de la memoria de los represaliados. No hay dinero ni para exhumaciones ni para proyectos de recuperación de la memoria que, como en el caso de La Pedraja, se han quedado a medias. O que nunca se han llegado a empezar. Por el camino, además de la esperanza de centenares de familiares de represaliados, también se han quedado algunos empleos. Es el caso del equipo que trabajaba en la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) puesta en marcha por Emilio Silva en Ponferrada: un arqueólogo, un ayudante de arqueólogo y un coordinador de exhumaciones. 

"Ahora subsistimos a base de las cuotas de los socios, de aportaciones anónimas y del trabajo de los voluntarios", cuenta Marco González, vicepresidente de esta asociación que ha contribuido a la apertura de más de cuarenta fosas del franquismo. Comenzaron a trabajar en el año 2000, siete antes de que se pusiera en marcha la ley y, desde entonces, han recuperado entre treinta y cuarenta cuerpos de represaliados por año. Ahora temen que cierre del grifo de las ayudas públicas acabe por dar la puntilla a una labor de la que, insisten, tiene que encargarse el Estado. 

Francisco Etxeberria, médico forense, lleva 10 años abriendo fosas. En este tiempo, junto a su equipo, ha exhumado alrededor de 5.000 cuerpos de represaliados del franquismo. Cree que la liquidación de las ayudas dejará tocado, pero no hundido, al movimiento por la memoria histórica. "Es una pena porque los equipos existen y porque hay mucha gente esperando a que podamos identificar a sus familiares", asegura. Sin embargo, que siga habiendo o no exhumaciones dependerá de cuánta gente esté dispuesta a hacer este trabajo de forma altruista.

Familiares de represaliados en A Fonsagrada los entierran en el cementerio de la localidad. ARMH

Durante el pasado fin de semana alrededor de 20 personas –arequeólogos, biólogos y médicos forenses– participaron en la apertura de una fosa en Barcones (Soria). Ellos se han costeado el viaje, el alojamiento y la manutención. Cuando había subvenciones esa cantidad se utilizaba para pagar estos gastos, si bien los profesionales tampoco solían cobrar por su trabajo porque el dinero no daba para todo. "Hemos cenado bocadillos y algunos dormirán en el suelo, pero creo que siempre habrá gente dispuesta a hacer esto", comenta Etxeberria en conversación telefónica desde el albergue donde se aloja el grupo. 

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Sin embargo, este médico forense sí asume que es complicado que pueda cerrarse el círculo de la identificación de estas personas porque los análisis genéticos son caros. Este proceso ronda los 400 euros si el cotejo de la saliva del familiar vivo coincide a la primera con la muestra de ADN. Y eso no ocurre siempre. "Ahora nos limitamos a hacer el análisis sólo estamos muy seguros", señala.

La falta de fondos ha provocado también que se hayan reducido las investigaciones históricas previas, muy útiles a la hora de recabar datos que facilitaban las identificaciones. "Antes se podía indagar en archivos para rastrear posibles enfermedades o situaciones especiales de la vida del represaliado que simplicaba la búsqueda de la identidad de estas personas, pero eso cuesta dinero. Y ahora no hay", se lamenta González. 

No obstante, voluntarios, profesionales y familiares están convencidos de que el movimiento de recuperación de la memoria colectiva y de reparación de las víctimas que se inició con la llegada del nuevo siglo sobrevivirá a este ahogo financiero. "Las exhumaciones han traído otras cosas. Se reducirán, pero su efecto es ya imparable. Siempre habrá gente en la universidad dispuesta a seguir con esto, estudiantes que hagan tesinas, docentes que se interesen, familiares dispuestos a indagar... La apertura de fosas ha generado un debate que antes no existía en la sociedad española", concluye Etxeberria.