Gibraltar: un conflicto de ‘quita y pon’

El conflicto de Gibraltar, última cuestión colonial en Europa, se reaviva. En esta ocasión, el detonante ha sido el lanzamiento de unos 70 bloques de hormigón al fondo marino iniciado el pasado 24 de julio. Según las autoridades del Peñón, el objetivo es avanzar en la estrategia de protección marítima. Para el patrón mayor de la cofradía de pescadores de La Línea de la Concepción (Cádiz), Leoncio Fernández, se trata de algo bien distinto: "Intentan que no pesquemos y esto puede ser la ruina de muchas familias", asegura.

Por su parte, Elena Jiménez, responsable de la campaña de océanos de Greenpeace, admite que la creación de arrecifes artificiales puede contribuir a la biodiversidad y a la protección de los fondos marinos. Jiménez recuerda que en el litoral español son frecuentes este tipo de estructuras, y que la zona del estrecho tiene un importante valor ecológico que se ve amenazado por la intensa actididad industrial. Sin embargo, también apunta que los bloques de hormigón pueden resultar disuasivos para determinadas artes pesqueras, como los barcos de arrastre.

Casualidad o no, un día después del inicio de la construcción del arrecife, los agentes de la Guardia Civil que vigilan el paso de la verja –como comúnmente se conoce a la línea que separa España de Gibraltar– comenzaron a mostrar un especial celo en el registro de los vehículos que se disponían a cruzar.

¿Las consecuencias? La primera, las colas interminables de varias horas que provocaron el enfado de los habitantes del Peñón. La segunda, la protesta del Gobierno británico, que emitió una queja diplomática formal trasladada por el el ministro de Exteriores británico, William Hague, a su homólogo español, Jose Manuel García-Margallo. Y la última, la respuesta de Margallo: España tiene la "obligación" de hacer controles y se efectuarán siempre que se consideren "necesarios", dijo el ministro.

Días después, el titular de Exteriores del Ejecutivo de Rajoy lanzó otro mensaje a través de una entrevista publicada en el diario Abc: "Se ha acabado el recreo de la época de Moratinos", afirmó. García-Margallo anunció mano dura, más controles y la posibilidad de introducir una tasa de 50 euros para entrar y salir del Peñón.

Desde el otro lado de la verja que separa ambos territorios, el ministro principal del Gobierno de Gibraltar, Fabian Picardo, ha asegurado que las declaraciones de García-Margallo son propias "de Corea del Norte, no de un socio de la UE", y que la actitud del ministro, caracterizada por la "beligerancia", es propia de los años 50 y 60, período de la dictadura franquista.

Picardo ha recibido además el reitrado apoyo de Hague desde Londres. La última vez, en la noche de este lunes, cuando el ministro británico le comunicó que Reino Unido trabaja "codo con codo" con Gibraltar frente al incremento de la "retórica" española. "Llamo a España a respetar los acuerdos y a evitar acciones que puedan incrementar todavía más la tensión", ha advertido Hague. 

Hasta el momento, Bruselas ha reconocido el derecho de España a efectuar controles "racionales", más aún cuando el Peñón no forma parte del espacio europeo sin fronteras –Schengen–, ni tampoco de la unión de aduanas. La Comisión Europea ha anunciado, eso sí, que prevé mantener una reunión con las autoridades del país para abordar la cuestión de Gibraltar. El encuentro se producirá en "septiembre u octubre". 

Una piedra en el zapato

Gibraltar, un territorio de apenas 5,8 kilómetros y 30.000 habitantes cedido a Gran Bretaña en 1713, se ha convertido en uno de los temas recurrentes en los cruces de declaraciones entre España y Reino Unido. 

El conflicto que durante más tiempo se ha prolongado es el relacionado con la pesca. De hecho, todo lo relacionado con las aguas se ha excluido del Foro de Diálogo iniciado en 2004, ya que las partes son consientes de que se trata del capítulo más espinoso. España no reconoce ningún derecho a Gibraltar en materia de aguas territoriales, y considera que su vigilancia y control le compete. Frente a esta postura, Gibraltar reivindica su derecho a controlar ese espacio marítimo.

En reiteradas ocasiones, las autoridades y la Policía gibraltareñas han impedido faenar a pescadores gaditanos y han llegado a hostigar a las patrulleras de la Guardia Civil que han recibido el encargo de proteger la actividad pesquera. La última escalada de tensión se inició en marzo de 2012, por la prohibición de los dirigentes del Peñón de que las embarcaciones españolas se aproximasen a menos de cinco kilómetros de la costa.

También en el mar, el del submarino Tireless fue uno de los episodios más controvertidos. El sumergible nuclear británico se quedó inmóvil en las aguas de la Bahía de Algeciras el 29 de mayo de 2000, y comenzó a provocar las quejas de los locales dos semanas después. Mientras Reino Unido aplazaba sine die la reparación de la avería que sufríasine die, los ciudadanos gibraltareños y de La Línea organizaron protestas conjuntas que llegaron a reunir a más de 50.000 personas.

Aunque en un primer momento el Gobierno español pidió explicaciones a la administración británica por el episodio, el entonces vicepresidente del Gobierno –Mariano Rajoy– asumió poco después que el Tireless debería permaneces exactamente donde estaba hasta ser reparado, e hizo propia la versión de Reino Unido: no había peligro alguno, a pesar del derrame de líquido radioactivo que se conoció septiembre y la negativa de Reino Unido a que técnicos españoles supervisaran las labores de reparación.

El Tireless abandonó las inmediaciones de Gibraltar casi un año después, el 7 de mayo de 2001. Desde entonces, el mismo submarino ha regresado en dos ocasiones. La primera, el 9 de julio de 2004, en un movimiento que Reino Unido justificó como "escala técnica", si bien surgieron tensiones por el precedente y por la coincidencia de la visita con el 300 aniversario de la toma de Gibraltar. La última hasta la hoy, el pasado 15 de julio. Entre una y otra fecha, más de 55 submarinos nucleares han efectuado paradas en el Peñón.

El pago de las pensiones a los españoles que han trabajado en Gibraltar ha sido otro de los tiras y aflojas recurrentes. Este punto de desencuentro no se resolvió de forma definitiva hasta septiembre de 2006, cuando tuvo lugar la primera reunión del Foro de Diálogo entre España, Reino Unido y Gibraltar. Anteriormente, en noviembre de 1993, Reino Unido anunció que Gibraltar dejaría de abonar esas prestaciones el 31 de diciembre de ese mismo año.

También el aeropuerto del Peñón ha constituido un punto de tensión. Según España, el aeródromo está situado en un espacio no cedido a Reino Unido. En consecuencia, Madrid ha reclamó con insistencia el derecho a la utilización conjunta para vuelos civiles, algo que finalmente se recogió en un acuerdo firmado en 1987. Sin embargo, Gibraltar nunca lo ha ratificado, y jamás se ha puesto en práctica. Por si fuera poco, el 26 de noviembre de 2011 entró en funcionamiento una nueva terminal, construida en una zona que España también considera ocupada ilegalmente.

Incluso el deporte y las visitas reales

Rajoy escenifica una reunión de 10 minutos con Margallo en el aeropuerto de Palma para hablar de Gibraltar

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A lo largo de los últimos años, también ha habido espacio para polémicas en otros ámbitos. España ha intentado por todos los medios que Gibraltar no sea reconocido por la UEFA. Así, en agosto de 2000 amenazó con no participar en los torneos organizados por la unión europea de clubes de fútbol si el organismo internacional permitía participar a la colonia británica, y consiguió postergar la decisión. Sin embargo, el Peñón ganó finalmente la batalla, al ser reconocido como miembro de pleno en mayo de 2013.

También las visitas de la familia real británica han causado malestar entre las autoridades españolas. En marzo de 2009, último episodio a día de hoy, el Gobierno español expresó su malestar por la tercera visita de la princesa Ana al territorio. Durante esos días, el entonces titular de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, expresó su queja su homólogo británico –David Millband– y aseguró que el acto había provocado "rechazo, consternación e indignación" en el Ejecutivo.

La mayoría de polémicas han ido surgiendo y desvaneciéndose poco después sin dejar rastro. De hecho, una de las últimas propuestas del ministro García-Margallo, la de introducir un impuesto que penalice a quienes quieren cruzar la verja no es nueva: en octubre de 1998, el entonces presidente del PP de Algeciras, Jorge Ramos, ya propuesto introducir una tasa similar para presionar en el contexto del conflicto pesquero. "Los vehículos gibraltareños están usando y gastando infraestructuras y no pagan por ello", defendió Ramos.