Defensores de la sanidad pública denuncian los intereses privados del comité de 'sabios' de Ana Mato

"Debilitar, descapitalizar y desmantelar el sistema de público de salud abriendo grandes oportunidades de negocio al sector privado". Esa es la idea que, según la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), subyace del documento que el Ministerio de Sanidad encargó el pasado enero a un grupo de expertos designados por el Ejecutivo al que encomendó la tarea de analizar la situación del Sistema Nacional de Salud.

Entre otros asuntos, los firmantes de este documento abren la puerta al copago –señalan que es necesario definir en qué prestaciones "es necesaria la participación del usuario"–; apuestan por generalizar el modelo Muface, que presta atención sanitaria a los empleados públicos mediante acuerdos con aseguradoras privadas; detallan que la colaboración público-privada está "contribuyendo a la sostenibilidad del sistema" o ponen en valor el uso compartido de recursos tecnológicos de los sistemas público y privado. 

En un infome hecho público este martes, miembros de la FADSP hacen un resumen crítico de las propuestas de un documento. Aseguran que pretende "sustentar desde el punto de vista ideológico la política de privatización y desmantelamiento del SNS". Asimismo, denuncian que las personas llamadas a elaborar en análisis y las propuestas que pueden servir de base para las futuras medidas del Ejecutivo en materia sanitaria "aunque son presentadas como independientes, tienen un claro sesgo neoliberal".

'Expertos' ligados al PP y la industria farmacéutica

"El texto está elaborado por profesionales que tienen vínculos con empresas, aseguradoras sanitarias, laboratorios farmacéuticos, grupos de ideología católica e incluso militantes destacados del PP. Eso es explica su naturaleza", analiza Manuel Martín García, médico especialista en medicina familiar y presidente de la FADSP. Lo cierto es que entre los componentes de este grupo no hay ningún representante de la FADSP, la asociación de facultativos Afem –impulsora de la 'marea blanca' contra la entrada de capital privado en la gestión de hospitales públicos madrileños– o los sindicatos CCOO y UGT. 

Los defensores de la sanidad pública creen que el texto, que se presentó el pasado junio, ofrece conclusiones sesgadas. Por ejemplo, en relación a "la posibilidad de extender el modelo de Mutualidades Generales del Estado con carácter voluntario" denuncian que "oculta la desigualdad y los sobrecostes económicos que llevan asociados y que es una burda manera de subvencionar a las aseguradoras privadas con dinero público". Sobre la colaboración con el sector privado señalan que "oculta las experiencias en el Reino Unido, Valencia, Madrid o Galicia, que demuestran que la colaboración privada multiplica por siete el coste de los centros".

En relación al uso compratido de recursos dicen que esta medida "ampliaría las oportunidades de negocio del sector privado que podría compaginar la atención a su clientela privada con la del sistema público, eliminando así los riesgos de las inversiones en tecnologías muy costosas". 

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Los expertos apuestan por desarrollar los sistemas necesarios para que "todos los profesionales sanitarios", también los del sector privado, dispongan de la información de la historia clínica de los pacientes. De esta forma. censura la FADSP, las empresas que pongan en marcha estas redes informáticas tendrían la oportunidad de hacer negocio con dinero público y, al tiempo, compartir con aseguradoras, laboratorios farmacéuticos o empresas de biotecnología información sobre la salud de los ciudadanos y sus circunstancias personales, económicas y sociales. "Algo fundamenrtal para poder planificar sus negocios y seleccionar clientes", señala Martín García. 

Según el presidente de la FADSP este informe, como otros que han ido surgiendo últimamente, es parte de la "ofensiva" que "las potentes fuerzas políticas y económicas que pretenden hacer negocio con la privatización de la sanidad" están poniendo en marcha para "ganar el espacio del debate público" frente a las movilizaciones sociales y profesionales surgidas al calor de los recortes y las privatizaciones sanitarias. 

Otro ejemplo de este objetivo, amplía Martín García, es la firma del Pacto por la Sostenibilidad y la Calidad del Sistema Nacional de Salud que presidió el pasado 30 de julio el presidente del Gobierno y a la que acudieron determinados representantes de las profesiones médicas y enfermera. "La intención de Mato es buscar apoyos en sectores con cierto prestigio aunque no cuenten con el respaldo social de buena parte de la profesión", sentencia.