El TSJ de Madrid pone la lupa en el cambio de reglas de última hora en la privatización de hospitales

La cesión a manos privadas de la gestión de seis hospitales construidos con fondos públicos en Madrid recibió este miércoles otra dura estocada de los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictó un auto en el que, entre otros asuntos, pone el foco sobre el cambio en las condiciones de acceso a la adjudicación de estos centros en pleno concurso. Esta modificación es el centro de la petición de suspensión cautelar del proceso de privatización de seis hospitales presentada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) a la que ahora da respuesta afirmativa el tribunal. Otros colectivos como el PSM –cuyo recurso fue desestimado por esta misma Sala al considerar que los seis diputados socialistas que pidieron la detención del proceso no representaban un “interés legítimo”– o el sindicato médico AMYTS también han presentado recursos con argumentaciones similares. 

En su escrito contra la "publicación" de los pliegos, entre otros motivos, los médicos argumentaron que la Consejería de Sanidad cambió las condiciones de la licitación a cuatro días de que se cerrase el plazo de presentación de documentación para las empresas que querían acceder a la gestión de los seis hospitales. Señalaron que había flexibilizado las condiciones al cambiar la cantidad económica que las empresas tenía que presentar a modo de aval de un 5% del total de la adjudicación del contrato al mismo porcentaje pero sólo sobre la cantidad correspondiente al primer año. 

Aunque no entra en consideraciones de fondo, la sala sí dice que esta es una "modificación sustancial de las condiciones" que "podría haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva al haber podido impedir licitaciones de empresas por el importe de la garantía definitiva" según la convocatoria posterior. La Consejería de Sanidad viene manteniendo que esta modificación es la consecuencia de la correción de un error. "El tribunal no entra en el fondo pero sí da un toque a la Consejería porque dice que este cambio afectó a la libre concurrencia y violó la Ley de Contratos Públicos de la Comunidad de Madrid", señala Miguel Muga, uno de los letrados de AFEM.

De hecho, desde que se conocieron cuáles serían las empresas que concurrirían, partidos, sindicatos y colectivos contrarios a la privatización han expresado su "extrañeza" por el hecho de que las tres compañías que se interesaron por el proceso no coincidieran en objetivos y cada una decidiera optar por un paquete diferente. Algunos han llegado incluso a hablar de "reparto deliberado y coordinado". 

La asociación de facultativos, impulsora de la marea blanca y de las movilizaciones a favor de la sanidad pública en Madrid, ha recibido con entusiamo este auto. En palabras de su presidente, Pedro González, la suspensión dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM arrea "un golpe definitivo" al consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández Lasquetty. "En el tema de la fianza el palo es brutal. La modificación hace que entren las empresas sin garantizar que se protege a la población, que para eso sirve la fianza", amplió. 

Tras la resolución del TSJM, la Comunidad de Madrid puede interponer un recurso de reposición ante la misma Sala u otro de apelación ante el Tribunal Supremo que, según cálculos de AFEM, tardaría meses en someter a estudio debido a la alta litigiosidad de este órgano. Los abogados de la asociación estiman en hasta dos años el tiempo que puede tardar el TSJ madrileño en resolver definitivamente el asunto y, por tanto, levantar la suspensión o darla como definitiva.

Situaciones "irreversibles"

Por otro lado, la Sala estima que si la privatización siguiera hacia adelante podrían darse situaciones "irreversibles" o "de difícil o costosa reversibilidad" si una futura sentencia la suspendiera definitivamente. De hecho, este es el mismo argumento que esgrimió hace una semana el tribunal de rango inferior. 

El auto también recoge los argumentos que esgrimió la Comunidad de Madrid para oponerse a la adopción de las medidas cautelares. Además de la falta de legitimación de AFEM –refrendada ahora por el tribunal–, niega que pudieran darse estas situaciones "irreversibles" y argumenta que si se anulase la convocatoria "fácilmente se podría restituir la situación de los contratos licitados a su status quo anterior" a través de "la anulación de las adjudicaciones efectuadas y la determinación , en su caso, de las indemnizaciones que fueran procedentes". Esta tesis de la consejería pone en duda, señala Muga, su propia argumentación de que privatizar la gestión supondrá un ahorro de gasto público.

El pasado jueves, un día después de que se conociera la suspensión cautelar de este proceso dictada por un juzgado de lo Contencioso-Administrativo, el consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández Lasquetty, cargó con dureza contra el juez que dictó el auto en el que se contenía esta resolución y dijo que esa instancia judicial no era "competente" para hacerlo. En ese momento tachó de "incomprensible" que un juzgado hubiese vuelto a tratar "exactamente lo mismo que trató el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), un órgano superior". Pues bien, ahora es un órgano superior es que, de nuevo, ordena la congelación de la privatización de la gestión de seis hospitales madrileños. 

Auto del TSJM sobre paralización de privatización de hospitales en Madrid [PDF]

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Un proceso muy contestado 

Este verano la comunidad entregó a las empresas HIMA San Pablo –compañía puertorriqueña experta en turismo sanitario e investigada por el quebranto económico causado a algunas entidades financieras de este país–, Sanitas y el consorcio formado por Ribera Salud, El Corte Inglés y una filial de la constructora OHL la gestión de seis hospitales construidos con fondos públicos. De esta forma Madrid pretendía consumar el mayor proceso privatizador de la sanidad española.

Si la Justicia no lo impide, el plan de la Consejería es que Hima San Pablo gestione el Infanta Sofía y el lote compuesto por el Infanta Cristina y el Hospital del Tajo, mientras Unión Temporal de Empresas en la que participa Ribera Salud haga lo propio con el Infanta Leonor y el Hospital del Sureste. Sanitas, por su parte, gestionaría el Hospital del Henares. Aunque, las adjudicaciones se produjeron en agosto, ninguna de las empresas ha firmado todavía el contrato. Sanitas y Ribera Salud deberían haberlo firmado el 23 de agosto e HIMA el 2 de septiembre.