El Gobierno retira el recurso de Zapatero ante el TC que impedía ejecutar el Plan del Cabanyal

El Gobierno retirará el recurso de inconstitucionalidad que impide el derribo de 1.600 viviendas de alto valor patrimonial en El Cabanyal, antiguo barrio de pescadores de Valencia, para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar. Así lo ha anunciado esta mañana la alcaldesa, Rita Barberá, en rueda de prensa. "Ha empezado a deshacerse el nudo", ha explicado, aunque en verdad la retirada del recurso retuerce más la cuerda sobre el futuro social y político del barrio.

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En diciembre de 2009, una orden del Ministerio de Cultura declaró ilegales los derribos al considerar que se trataba de un expolio del patrimonio español. La zona, de alto valor artístico, fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 1993. El Partido Popular, haciendo uso de su mayoría absoluta en Les Corts, aprobó una ley en abril de 2010 y despojó al Cabanyal de la consideración de BIC. Con el camino libre a las excavadoras, el 6 y el 8 de abril se demolieron una decena de casas y la policía cargó con violencia contra los vecinos. Un semana después, el Tribunal Constitucional, a instancias del Gobierno, paralizó cautelarmente las obras.

Desde ese momento, el Ayuntamiento de Valencia buscó todo tipo de vericuetos legales en contra de la orden y presentó recursos en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Esta última falló a favor de Cultura y ratificó el expolio. La sentencia fue un batacazo para el PP, que sigue a la espera, sin demasiada fe, de la resolución del Supremo. De hecho, la doctrina de la Audiencia Nacional es clara y sería muy extraño que se diera una colisión de criterio entre ambos tribunales.

Por esta razón, la del Constitucional se había convertido en una vía muerta para el consistorio. “Únicamente podían aspirar a una resolución en contra y han querido ahorrarse el ridículo”, señaló Maribel Doménech, portavoz de Salvem El Cabanyal, plataforma que se opone a las demoliciones y apuesta por una rehabilitación integral del barrio. Según Doménech, el anuncio de Barberá es un “acto de cobardía, ya que no resuelve el conflicto, sino que lo alarga y añade nuevas dosis de degradación e incertidumbre para el barrio”.