Pacto educativo, ¿un acuerdo imposible?

La séptima ley orgánica que regulará la educación en democracia, que encara ya los últimos pasos de su trámite parlamentario, ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la necesidad de establecer un gran pacto político que dé estabilidad legal al sistema. Es decir, un gran acuerdo de Estado que garantice la buena educación de las futuras generaciones y propicie que no haya grandes cambios legislativos cada vez que hay un nuevo Gobierno. Sin embargo, el pesimismo reina en este frente. Y la sensación es que el pacto educativo ni está, ni se le espera.

La dificultad para el acuerdo tiene su origen en la propia arquitectura constitucional y en las diferentes posturas desde las que derecha e izquierda han abordado tradicionalmente el tema educativo. De hecho, la ponencia de la Constitución llegó a romperse por este asunto. Finalmente, las posturas se acercaron y, tras cesiones de uno y otro bando, se firmó el artículo 27 de esta norma, el único acuerdo de fondo que deja muchos asuntos en el aire y que es el único logrado en toda la historia democrática en esta materia. 

La pelea entre escuela pública y privada, las divergencias en el modelo pedagógico y el protagonismo de la religión en las aulas fueron algunos de los factores de conflicto en aquel momento. Y aún hoy, 35 años después, son circunstancias que siguen lastrando la posibilidad de abordar un acuerdo de Estado por la Educación. Para el centro derecha, explica el diputado del PP Eugenio Nasarre y secretario general de Educación entre 2004 y 2008 cuando Esperanza Aguirre ocupó ese departamento, un pacto debe pasar por tratar temas como "la calidad, la vertebración del sistema y la libertad de las familias y de los proyectos educativos". Para la izquierda, explica Alejandro Tiana, actual rector de la UNED y secretario general de Educación entre 2004 y 2008, hay puntos irrenunciables como la participación en los centros o la programación general de la enseñanza. 

El exministro socialista Ángel Gabilondo intentó armar entre los años 2009 y 2010 un pacto centrado en solucionar los problemas educativos del país y en el que intentó pasar casi de puntillas por los asuntos que han provocado enfrentamientos ideológicos. Tampoco lo logró de esa forma. En mayo de 2010 el PP dio carpetazo al acuerdo bajo la argumentación de que el Gobierno no había querido apostar por cambiar un modelo "fracasado". La explicación del por qué de este fracaso depende de quién haga la interpretación.

"En Educación es casi imposible llegar a la unanimidad. Hay reflejos sociales, electorales... es difícil apartar del debate político la gestión de la educación. Aquel intento fracasó porque en un momento dado se cruzó por delante el Estatut y el PP vio que las cosas se le ponían bien de cara a las elecciones y que un acuerdo así podría condicionar sus políticas si llegaban a la Moncloa. Hay que separar lo que es un acuerdo social de un político", analiza Tiana. Cándida Martínez, consejera de Educación de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2008, cree el intento de Gabilondo fracasó porque "el PP no tenía voluntad de pacto".

En el otro lado, el catedrático José Luis García Garrido –que fue subdirector general de Univer­sidades entre 1972 y 1974 y años más tarde ocupó durante unos meses la presidencia del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid– considera que el "escollo vital" ha sido la creencia de los socialistas y de sus "sindicatos satélite" de que las "esencias" de la Educación les pertenecen por "derecho divino". "No dejo de culpabilizar al PP porque sus políticas no han sido ni hábiles ni buenas, pero es difícil dialogar con quien no quiere", amplía. En este sentido, García Garrido recuerda que otros partidos de tradición socialdemócrata en Europa sí aceptan la existencia de acuerdos de base en este ámbito para dar estabilidad al sistema. Es el caso, asegura, de Alemania, Francia o Reino Unido. 

Laicismo

La realidad es que en el intento de Gabilondo una histórica diferencia ideológica entre el PP y el PSOE como es el laicismo quedó fuera de la negociación. La derecha, espoleada por la Conferencia Episcopal, aboga por el mantenimiento del poder de la Iglesia católica en las aulas. De hecho, ahora, la reforma educativa del ministro Wert incluye viejas reivindicaciones de la jerarquía católica como que la calificación de la asignatura de Religión cuente para hacer media y para acceder a becas –esto no ocurría desde 1990– y que ésta tenga una alternativa fuerte. O que desaparezca Educación para la Ciudadanía, materia que se implantó en 2006 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que es considerada por los obispos como un instrumento que utiliza el Estado para adoctrinar ideológica y moralmente a los alumnos. 

"El PSOE, aunque utiliza el argumento algunas veces como guiño a parte de su electorado, nunca ha pretendido realmente sacar la Religión de los centros educativos", señala el diputado conservador Eugenio Nasarre. Ejemplos de ello es que nunca han tocado este asunto cuando han gobernado –lo ha hecho durante 22 años en toda la democracia– o que en su intento de llegar a un gran acuerdo los socialistas renunciaron a tratar este tema, lo que provocó la indignación de los sectores laicistas, que reclamaron al ministro Gabilondo que saldara una deuda histórica y sacara esta materia de las aulas. "Es algo que heredamos del franquismo. Y ahí la clave es ver en qué condiciones queda la Religión en las aulas", señala Alejandro Tiana. Cándida Martínez, que también fue portavoz de Educación del PSOE en la pasada legislatura, ve indispensable que la izquierda no renuncie a un modelo de escuela pública y laica. "Es el hegemónico en Europa y el que da resultado, no tiene sentido cuestionarlo", asevera. 

La pugna entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza –que se reconozca el derecho de los padres a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los principios constitucionales– ha sido otro de los puntos de conflicto tradicionales en el tema educativo. Y eso a pesar de que fueron los socialistas los que, a través de la LODE (Ley Reguladora del Derecho a la Educación) aprobada en 1985 por el ministro José María Maravall, formalizaron el sistema de la escuela concertada para universalizar la educación básica. Sus ideólogos sostienen que la escuela privada sostenida con fondos públicos fue creada "para llegar a aquellos lugares donde no alcanzaba la pública" y así prestar el mismo servicio a la sociedad.

Sin embargo, la concertada está siendo utilizada por algunas comunidades autónomas para cambiar el modelo. De hecho, el PP quiere –tal y como se plasma en la LOMCE– que la creación de centros concertados no sea una decisión del Gobierno de cada comunidad en función de su planificación y sus necesidades sino que por ley cualquier colegio privado, si tiene demanda, sea subvencionado. En este punto, la perspectiva socialdemócrata es más proclive a que la concertada sea subsidiaria de la pública, si bien Tiana considera que la ampliación o no del régimen de conciertos "no tendría impacto en el rendimiento, aunque sí podría tenerlo en términos de equidad". 

Otro de los asuntos que tradicionalmente han creado controversia en el tema educativo es la polémica por el peso que se da en algunas autonomías a su lengua oficial propia o qué porcentaje de los currículos son elaborados por las comunidades. La derecha, explica Nasarre, quiere que la enseñanza en castellano en las autonomías bilingües sea impartida "en pie de igualdad". Y este punto también es relevante la programación de la enseñanza que, según Tiana, también ha sido un punto de fricción "entre partidos nacionales y nacionalistas". 

El PP también apuesta por otros aspectos como el blindaje al profesor o la cultura del esfuerzo y la disciplina. Este último punto molesta especialmente en la izquierda, reacia a que los conservadores se apropien de un concepto que ellos también dicen compartir. "Es un tema manido. Claro que defendemos que la autoridad es necesaria, pero la autoridad no es el ordeno y mando, es el reconocimiento por su labor y eso tiene que transmitirse por el conjunto de la ciudadanía", añade Martínez. 

¿Una incidencia "relativa"?

El Congreso detalla los ejes del Pacto educativo, que incluirá conciertos, Religión y modelos de evaluación

Ver más

No obstante, entre las fuentes consultadas existe también la creencia de que la incidencia de un pacto sería sólo "relativa" y que lo verdaderamente urgente es resolver está relacionado con los cuestionables resultados de los alumnos al final de la ESO –el porcentaje de jóvenes de entre 18 y 24 años que no sigue estudiando después de la enseñanza obligatoria es del 23,9%–, la formación continua del profesorado, la mejora de la calidad o el hecho de que sean pocos los alumnos brillantes.

Sí coinciden en que sería positivo en términos de estabilidad, aunque también en la creencia de que es muy improbable que se lleve a cabo en un corto período de tiempo. "La realidad me ha hecho muy escéptico, pero con los actuales niveles de mediocridad jamás podremos competir con los países de nuestro entorno. Lo que necesitamos es un pacto real sin papel ni algaradas en contra de la mediocridad que elimine el menú único hasta los 16 años y un Bachillerato de dos años que es el hazmerreír de Europa", analiza García Garrido. 

Cándida Martínez tiene un análisis muy diferente: "Hay un error de base. No es posible alcanzar un pacto educativo si no hay un contexto global encaminado a afrontar de manera conjunta otros retos del país como son el encaje federal o incluso en el empleo. Tampoco lo habrá nunca si no se cuenta con las comunidades autónomas, que son las que están gestionando la educación, o con las fuerzas sociales. En todo caso hace falta mucha generosidad y voluntad política", concluye Martínez.