Víctimas de primera, víctimas de segunda

"Los represalidados por el franquismo aportaron su trabajo por la democracia durante la dictadura y su silencio en la transición. La democracia tiene una deuda con ellos", dice Jordi Gordon, portavoz de la Plataforma por la Comisión de la Verdad. Gordon lamenta que esas víctimas no hayan sido reconocidas como tales y señala que a día de hoy se han consagrado dos tipos de víctimas: "Unas con todos los derechos, merecidísimos sin duda, y otras sin ningún tipo de derecho".

El pasado domingo, en un acto de la misma plataforma, el juez Baltasar Garzón instó al Gobierno a equiparar los derechos de los damnificados por el franquismo con los afectados por el terrorismo. Así, señaló que investigar los crímenes de la dictadura es ya "un clamor nacional e internacional" y recordó que España, por esa omisión, no es sino una "excepción" en Europa. Que el Ejecutivo acabe con las "víctimas de primera y víctimas de segunda", reclamó.

Más voces se han unido a esa demanda esta semana. "Los asesinados son asesinados: gente a la que se ha quitado la vida de manera injusta", denunció el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara. "Y el Estado tiene que tener la misma atención con unos y con otros", añadió. El líder de IU ha cifrado en 130.000 los represaliados que "están en las cunetas" y piden "a gritos" que se haga justicia, y ha pedido para los muertos por Franco el mismo trato que para los asesinados por ETA.

Doble moral

Pero, ¿qué es lo que reclaman las personas que fueron perseguidas durante cuatro décadas de dictadura y sus familiares? Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), lo resume en tres palabras: "Verdad, justicia, reparación". Silva denuncia la "doble moral" que, a su juicio, mantiene el Gobierno al desatiender a las víctimas y no garantizar los derechos humanos.

Silva señala que esto le resulta especialmente chocante cuando el partido en el Gobierno, el PP, declara en el artículo 3 de los estatutos salidos de su último congreso que se caracteriza por "la defensa y solidaridad con las víctimas de la violencia en todas sus manifestaciones". En la misma línea, José María Pedreño, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, lamenta que no todas las víctimas sean iguales.

En definitiva, estas víctimas se sienten desamparadas por el Estado, al que acusan de no investigar, no reconocer lo ocurrido y no reparar esos mismos hechos. "Queremos los mismos derechos que las víctimas de ETA", dice Pedreño, que recuerda declaraciones de Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT, en 2012: "Dijo que unas y otras víctimas no tenemos nada que ver, y efectivamente: unas están totalmente reconocidas y otras no lo estamos para nada", sentencia.

Tareas pendientes

Entre las cuestiones que están pendientes de resolver, Pedreño señala varias. En primer lugar, un entierro digno: mientras las víctimas del terrorismo de ETA han podido ser en su mayoría enterradas por sus familiares, en España aún hay miles de cuerpos en más de 2.000 fosas comunes. "Hay que sacar los muertos de las cunetas", añade a este respecto Gordon.

En segundo lugar, Pedreño alaba las "muy cuantiosas indemnizaciones" que reciben los afectados por el terrorismo. Contrapone en este punto las "irrisorias" ayudas otorgadas por el Estado a quienes sufrieron durante el franquismo. En 2014, y por segundo año consecutivo, el Gobierno del PP ha dejado a cero la partida presupuestaria para la aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

Hay más. "El rey se solidariza con las víctimas de ETA", señala. ¿Y las víctimas del franquismo? ¿Por qué no son reconocidas de igual forma por el jefe del Estado. En la misma línea, Pedreño recuerda que "la no condena de las acciones de ETA está perseguida, mientras que hacer lo propio con los crímenes franquistas no acarrea consecuencias".

Por tanto, las diferencias son abismales desde el primer momento, sostiene Pedreño: "En el caso de ETA, las acciones son investigadas y perseguidas por el Estado. En el caso del franquismo, son los familiares y las asociaciones los que, con la oposición en muchas ocasiones de los poderes del Estado, tienen que investigar sobre el paradero de las víctimas".

Jordi Gordon apunta más agravios comparativos: "La imposibilidad de buscar en los archivos datos sobre los niños robados, el cierre de la oficina de víctimas puesta en marcha a partir de la Ley de Memoria Histórica, la inexistencia de una oficina de desaparecidos durante la dictadura, el rechazo a una Comisión de la Verdad...".

Incluso en cuestiones que son aparentemente detalle, se sienten despreciadas en su condición de víctimas. Un ejemplo: los nombres del callejero. "Quedan muchos nombres franquistas por retirar", denuncia Gordon. Y a quien pudiera parecerle una tarea poco importante, le dirige esta pregunta: "¿Qué le parecería a usted una calle dedicada a un etarra?".

Saldar la deuda

Gordon afirma que como respuesta a sus demandas no se conformarán con un silencio por parte del Gobierno, al que los impulsores de la Comisión de la Verdad remitieron una carta a mediados de diciembre solicitando un encuentro con el presidente Rajoy y el cumplimiento de los dictámenes de la ONU que instan a España a esclarecer los crímenes del franquismo. "Hasta ahora –añade– no hemos tenido respuesta".

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"Cuando el Tribunal Europeo de Derecho Humanos falló sobre la doctrina Parot –señala Gordon–, se escuchó y se recibió a las víctimas de ETA. ¿Por qué a nosotros no?". Ante esta situación, los integrantes de la causa memorialista emprenderán en los próximos meses acciones con el objetivo de visibilizar su lucha. "Queremos que la gente pueda respirar tranquila, que obtengan reparación", concluye.

La agenda de la causa memorialista esta semana en Madrid ha estado marcada por los encuentros con el relator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff. Las víctimas también aguardan la publicación del informe definitivo del grupo de trabajo de Naciones Unidas que visitó España a finales de 2012, previsto para el mes de febrero.

Más adelante, a finales de febrero o principios de marzo, los impulsores de la Comisión de la Verdad sobre el franquismo visitarán el Parlamento Europeo. Allí presentarán una exposición en colaboración con el foro de la memoria de Bélgica, intervendrán en la Comisión de Peticiones para denunciar el desamparo al que, subrayan, los somete España, y presentarán la causa de las víctimas en audiencia pública.