PP y PSOE no se deciden a cerrar la puerta giratoria

¿Hay que combatir en lo posible la puerta giratoria, ese (controvertido) trasvase de altos cargos de la Administración que luego emigran a la empresa privada y viceversa? ¿Cómo? 

La pregunta se puso ayer jueves sobre la mesa en la Comisión Constitucional del Congreso, por la que desde el miércoles desfilan juristas y expertos para aportar sus ideas en la lucha contra la corrupción y la búsqueda de la regeneración democrática. El más explícito fue, tal vez, Agustín Cerrillo i Martínez, catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC): aconsejó a los partidos "intentar profundizar más en la regulación del fenómeno de la puerta giratoria y facilitar de este modo que se eviten los conflictos de intereses que con cierta frecuencia se dan" aún. A su juicio, se le da una solución incompleta en el proyecto de Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo en la Administración General del Estado, que el Gobierno ha remitido al Congreso con la voluntad de consensuar su tramitación con el resto de partidos. Es una de las piezas del pacto anticorrupción que está persiguiendo el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que quiere cerrar antes de que acabe el año, aunque formaciones como PSOE e Izquierda Plural mantienen sus reservas por la gestión que el PP está haciendo del caso Bárcenas. 

En la sesión de ayer, sin embargo, afloraron las reticencias de los dos grandes partidos respecto a una regulación exhaustiva de las puertas giratorias –las revolving doors, en inglés–. La diputada socialista Meritxell Batet, aunque reconoció que es un tema "socialmente sensible" y que "preocupa muchísimo" a su grupo, pidió abordarlo "con cierto rigor", sin "brocha gorda", siendo "realistas". Defendió que hay que plantearse en una ley cómo evitar el conflicto de intereses sin que "suponga la muerte civil de la persona" que se ha dedicado a la política provisionalmente durante una etapa de su vida. "Está bien que haya limitaciones", pero hay que hilar fino. "Lo que no puede ser es que después de haber ocupado un cargo de responsabilidad pública política no puedas hacer nada más, porque eso también es un problema a la hora de decir si queremos o no que las personas nos dediquemos eternamente a la política. La profesionalización de la política también es algo que no nos gusta".

"Mayor transparencia" o "compromiso ético"

"Compartimos la reflexión del Grupo Socialista sobre la puerta giratoria", alegó a continuación el diputado del PP José Alberto Martín-Toledano. "Es muy difícil precisa en qué casos se produce una incompatibilidad entre el ejercicio político o de alto cargo y en el futuro otra actividad profesional. Un límite excesivo puede hacer que lo que se critica, con justicia muchas veces, desde la sociedad, la profesionalización del político, quede incrustado", de forma que el que se dedique a la política se enfrente "casi a la muerte civil y a lo mejor también a la muerte económica y profesional". El parlamentario conservador se preguntó "quién va a querer ocupar altos cargos" si, además de exigir a los políticos "experiencia y conocimientos" luego ya "no los pueden ejercer".

Cerrillo y los otros dos catedráticos administrativistas invitados al Congreso, Andrés Betancor, de la Universitat Pompeu Fabra, y Marcos Vaquer, de la Carlos III de Madrid, ampliaron sus reflexiones en su segundo turno. El primero demandó una "mayor transparencia", para que los ciudadanos conozcan mejor la situación de los ex altos cargos que pasan a la privada, que las propias empresas adopten un código de conducta en el que quede claro "cuál es su compromiso para el cumplimiento de la normativa sobre prevención de los conflictos de intereses". La solución a las puertas giratorias, señaló, no pasa tanto por una "regulación más específica", que podría dar lugar a una "limitación excesiva del alto cargo y de su futuro" y una dificultad más para que los expertos se quieran implicar en la función pública, sino por incrementar su "compromiso ético" al desarrollar su actividad con posterioridad al cese. 

Betancor, que denunció la presencia de hasta un total de 43 antiguos altos cargos en empresas energéticas, enfatizó que el proyecto de ley del Gobierno es "claramente mejorable", porque el punto de partida, la legislación vigente, es "claramente defectuosa". Vaquer, mientras, reconoció no tener ninguna "solución" definitiva, porque es un tema "objetivamente muy difícil", salvo que se optara por un camino muy estricto, como que se prohibiera al cargo embarcarse en toda actividad privada y, a cambio, se le compensase más, lo que tendría un "coste político y económico evidente". Por tanto, concluyó, o se opta por un modelo en el que todos los altos cargos sean funcionarios o se prefiere un modelo mixto en el que pueda haber altos cargos funcionarios y otros procedentes del mundo privado. En este caso, o son unos "perfectos no cualificados" o no sabe cómo van a querer volver a la actividad privada 

Críticas de IU

El eco de las comparecencias en el Congreso llegó hasta el almuerzo protagonizado por la candidata del PSOE a las elecciones europeas, Elena Valenciano. "Seguro que se puede mejorar el sistema por el cual las personas pasan de la política a una actividad privada, pero tampoco es ningún escándalo en España, ni muchísimo menos", respondió, a las preguntas de los periodistas. 

En la comisión, aparte de los expertos y los diputados de PSOE y PP, sólo Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) hizo referencia a este asunto, porque la parlamentaria de CiU, Montserrat Surroca, no se detuvo en él. El diputado de IU, Ricardo Sixto, fue, como era esperable, el más crítico, y citó expresamente los casos de los expresidentes del Gobierno que luego pasan a la empresa privada –caso de Felipe González, a Gas Natural Fenosa, y de José María Aznar, a Endesa–, amén de exministros y exsecretarios de Estado. "El hecho es escandaloso y es una de las cuestiones que la opinión pública echa más en cara a los responsables políticos", porque resulta "sumamente irregular". Sixto se preguntó en qué medida el proyecto de ley ayuda a solucionar el problema o, por el contrario, "va a poner algún palo en la rueda". 

En el PSOE consideran injusto que el foco se haya puesto más en sus reservas que en sus ganas de abrir el debate. "Estamos más bien en la línea de apurar las exigencias, aumentar las garantías para evitar que un cargo público se pueda privilegiar de su condición al pasar a la empresa privada", puntualiza Ramón Jáuregui, portavoz en la Comisión Constitucional y a quien Valenciano se remitió expresamente. "Ahora bien, no debemos llevarlo a tal extremo que sea un obstáculo para la asunción de responsabilidades. El debate está en una línea muy delgada, es cierto. La casuística es muy amplia y sí hay que vigilar que no se produzca eso que se ha llamado muerte civil, porque empobrecería la Administración si sólo pudieran ser altos cargos los funcionarios. Los propios expertos lo han advertido. Existe el riesgo de caer en una legislación que inhiba a los profesionales del salto a la Administración", completa, en declaraciones a infoLibre. 

Los casos de Rato, Guindos o Campa

Jáuregui, sin embargo, cree que sí hay que ser mucho más severos en la regulación del paso del Gobierno al sector financiero. "La banca es un poder en sí mismo. Aquí sí hace falta una normativa más exigente, y muy excluyente, porque ahí sí hay un montón de favores y de relaciones de ida y vuelta. Son casos más obscenos. Esa ecuación entre el poder financiero y el poder político debe estar mejor definida, porque si no el poder financiero manda antes y manda después". El exministro de la Presidencia cita los ejemplos de Rodrigo Rato, vicepresidente con Aznar que pasó después a Bankia –y está imputado por su gestión– y después fue fichado por Emilio Botín por el Santander, o de Luis de Guindos, que antes de ocupar la cartera de Economía en el Gobierno de Rajoy dirigió la filial española de Lehman Brothers, el banco de inversión que quebró en 2008, arrastrando a la economía mundial al pozo. Pero ese rasero también sería aplicable a José Manuel Campa, secretario de Estado de Economía en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, que acaba de entrar en el Santander. 

"La democracia tiene ahí un problema –sigue Jáuregui–. La gente ve que hay una enorme dependencia del poder político a los mercados, que la democracia se ha plegado, y por eso pide que la política sea la que gobierne al sector financiero". 

"Consensuar, no protagonizar"

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¿Y qué pasa con casos como los de Aznar y González? ¿Qué ocurre con el paso a las multinacionales energéticas? Jáuregui cree que pueden ser ejemplos "no estéticos", y el PSOE está "dispuesto a examinar" estos supuestos. Pero no cree que la situación sea tan clara como la del flujo "obsceno" entre la banca y el Gobierno. "No me atrevo a llegar tan lejos. Que estén determinadas personas en un consejo [de administración] por sus relaciones... Yo no creo que interfieran tanto en la política nacional. Se me hace duro llegar a casos como el de Elena Salgado", que se incorporó a Chilectra, filial chilena de la eléctrica Endesa (propiedad a su vez de la italiana Enel), poco después de salir del Gobierno. La Oficina de Conflicto de Intereses, que depende orgánicamente del Ministerio de Hacienda, no puso pegas a su fichaje. "Pero si hay irritación ciudadana, igual sí son necesarias medidas extras. Estudiémoslo". 

Los socialistas, de momento, no presentarán ninguna iniciativa propia. Van a esperar a los resultados de la negociación con el resto de partidos. "Queremos consensuar, no protagonizar", recalca Jáuregui. Este diario intentó recabar la opinión del PP, sin éxito.