Once años del Yak-42: “El Estado se ha convertido en nuestro mayor enemigo”

Este lunes se cumplen once años del accidente del Yak-42, que costó la vida a 62 militares españoles en 2003 y que es, hasta la fecha, el incidente más grave sufrido por las Fuerzas Armadas en tiempos de paz. Once años después, la familias siguen pidiendo justicia, que se conozca la verdad sobre lo ocurrido y siguen esperando a cobrar las indemnizaciones que les corresponden.

Además de por su gravedad, el accidente del Yak-42 es recordado por los errores en la identificación de los fallecidos. La aeronave se estrelló en Turquía el 26 de mayo de 2003 y el funeral se celebró apenas 48 horas más tarde en Torrejón (Madrid). Trece meses más tarde, se comprobaron al menos 22 identificaciones erróneas y en julio de 2004 la Audiencia Nacional inició una investigación que obligó a realizar una segunda identificación de los cadáveres.

En la mañana de este lunes, un homenaje en Zaragoza ha recordado a los fallecidos. El acto se ha celebrado con velas rojas y flores, se ha leido un manifiesto y se ha guardado un minuto de silencio. Habrá actos conmemorativos también en Burgos, Madrid, Maçka (Turquía), la localidad más cercana al punto exacto en el que ocurrió el accidente, y el monte Pilav, cercano a este punto y donado por la dueña del terreno a las familias de los militares muertos.

Cuestiones sin resolver

El declaraciones a infoLibre, la secretaria de la Asociación de Familias Víctimas del Accidente Yak-42, Curra Ripollés, hermana del fallecido comandante Ripollés, ha explicado que Zaragoza ha sido el lugar elegido por ser la ciudad de los cuarteles de la mayoría de los militares muertos y porque "desde el principio, es una ciudad que se volcó con las víctimas", a diferencias de otras, ha dicho, como Madrid.

Sobre la situación actual de las familias, Ripollés ha precisado que siguen reclamando una cuarentena de contratos en los que deberían figurar las cantidades destinadas a la contratación de los aviones empleados para el traslado de militares y "la cantidad de millones de euros que alguien se debió quedar". "Los hemos pedido con el PP y con los sucesivos ministros del PSOE: Bono, Chacón y Alonso. Siempre se nos dijo que no aparecían y nunca lo hemos creído", ha agregado Ripollés.

A este respecto, cabe recordar que la causa por las presuntas irregularidades en la contratación del vuelo ha sido archivada hasta en tres ocasiones. Por su parte, el informe de la Comisión Internacional de Investigación sobre estos hechos determinó que las causas del accidente fueron el cansancio de la tripulación y el deficiente estado de la aeronave, hechos que motivaron la condena a las empresas y subcontratas responsables del vuelo.

A la espera de los pagos

"Después de once años la herida está mejor, pero políticamente tenemos que seguir luchando", ha agregado Ripollés, que ha lamentado cómo los familiares se sintieron abandonados por los compañeros de los militares fallecidos y que ha agradecido a los medios de comunicación y a la sociedad española su apoyo en todo este tiempo. "El Estado tenía que ser quien nos amparara, pero se ha convertido en nuestro enemigo número uno", ha zanjado.

Por su parte, el abogado de la asociación, Leopolgo Gay, ha resumido a preguntas de infoLibre la situación de los tres frentes judiciales abiertos tras el accidente. En primer lugar, ha precisado, los procesos relacionados con los errores en las identificaciones se saldaron con condenas penales de entre año y medio y tres años de prisión para los tres responsables, indultados posteriormente por el Gobierno del PP.

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En segundo lugar, en el proceso civil relacionado con las indemnizaciones, ha señalado que "la empresa Chapman Freeborn, condenada por el Supremo en España al pago de indemnizaciones, se opuso en Alemania por dos veces a la ejecución de la sentencia, aunque en ambas ha perdido y ahora parece que no continuará recurriendo", por lo que es previsible que abone próximamente los 6,2 millones de euros que debe a las familias.

Finalmente, y por lo que respecta a las posibles irregularidades en la contratación del vuelo, el abogado ha precisado que la causa se archivó en tres ocasiones, por lo que, tras "agotar la vía judicial en España hay una demanda ante el Tribunal europeo de Derechos Humanos". Las víctimas argumentan que existió una vulneración del derecho a la vida y una falta de tutela judicial efectiva durante el proceso.

"Murieron 62 personas y hay indicios de graves negligencias en el funcionamiento de los aviones", indica Gay, quien llama además la atención sobre los contratos que no han sido nunca encontrados, algo que tilda de "inverosímil" en un "Estado de Derecho normal".