El PP se niega en el Congreso a investigar negocios vinculados a Cañete

El Congreso de los Diputados ha rechazado este martes la petición del PSOE para investigar las conexiones del exministro de Agricultura Miguel Arias Cañete con varias empresas y los contratos que éstas han podido firmar con la Administración. La Comisión del Estatuto del Diputado ha alegado que este órgano carece de competencias para abrir una investigación de esas características y que las actividades en cuestión corresponden a legislaturas anteriores.

El encargado de defender esta línea argumental ha sido el el presidente de la Comisión del Estatuto del Diputado, el conservador Aurelio Romero, y finalmente la propuesta del PSOE ni siquiera ha llegado a ser sometida a votación. Los socialistas exigieron esa investigación en abril y acusaron a Cañete de haber mentido a la Cámara al no comunicar que algunas de las empresas de las que era accionista tenían vínculos con la administración, en contra de lo que establece la ley.

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El PSOE reclamó entonces que la Comisión del Estatuto de los Diputados –que recibe las declaraciones de bienes de sus señorías y autoriza sus actividades extraparlamentarias– examinase las relaciones de Cañete con un arco "variopinto" de empresas, que, para la portavoz del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, eran más propias de "un lobbista que de un diputado".

En concreto, el PSOE reclamaba que investigase el cumplimiento del régimen de incompatibilidades por parte de Cañete, que no precisó en su declaración de actividades la relación con la Administración de tres empresas, en dos de las cuales es presidente del Consejo de Administración y en una tercera a cuyo Consejo de Administración pertenece.

Según los socialistas, al margen de las participaciones que había declarado, entonces Cañete también figuraba como apoderado de sociedades dedicadas a la gestión de explotaciones agrícolas y ganaderas, como consejero de empresas que explotaban varios bingos en Ceuta, además de otras dedicadas a la importación de automóviles, y a una sociedad de cartera que controlaba otras seis firmas relacionadas con el sector ganadero y la explotación de fincas.