La OCDE acusa a España de no perseguir a las empresas que sobornan funcionarios

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha advertido este jueves sobre la necesidad de que España reforme su Código Penal a fin de "poner su legislación contra el soborno en consonancia con sus obligaciones internacionales". La OCDE exige que el Ejecutivo ponga medios para asegurar que quienes sobornen a funcionarios de terceros países puedan ser castigados por delito de corrupción de funcionarios públicos.

El grupo de trabajo de la OCDE ha subrayado que España "debe reforzar urgentemente su marco jurídico para la lucha contra la corrupción" y ha amenazado con enviar una Misión de Alto Nivel a España si para diciembre de 2014 no se toman "medidas oportunas" y se realizan "progresos significativos", como llevar a cabo acusaciones de soborno en el extranjero.

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En un comunicado, la organización llama la atención sobre los casos en los que individuos o empresas "incluidas las empresas de propiedad estatal en España" tratan de corromper trabajadores del sector público en otros países. De acuerdo con los criterios de la OCDE, la legislación actual presenta "graves deficiencias" –que fueron identificadas ya en 2006– en lo referente al soborno a funcionarios europeos en aspectos como el nivel y la duración de las sanciones.

El organismo también se queja de que la legislación española también establece una excepción a la responsabilidad penal de determinadas empresas de propiedad estatal. Además, y aunque reconoce "recientes esfuerzos" para investigar dos presuntos casos de soborno fuera de España, manifiesta "serias preocupaciones" sobre el "extremadamente bajo nivel de cumplimiento" del Convenio Anticorrupción de la OCDE, sin una sola acusación en 15 años.

No es la primera ocasión en la que la OCDE advierte a España sobre la necesidad de perseguir delitos de corrupción y de soborno, especialmente en el extranjero. Ya en enero del año pasado, el organismo internacional se dijo "seriamente preocupado" por la ausencia de convenciones para perseguir sobornos en el extranjero y emitió una serie de recomendaciones que, sin embargo, el Gobierno aún no ha desarrollado.