El Gobierno castigará fiscalmente a los despedidos

Una de cal y una de arena. Las rebajas en el IRPF y en el impuesto de sociedadesrebajas con las que el Gobierno trata de recuperar votos, van acompañadas de medidas para evitar el desplome de la recaudación. La medida más llamativa es la tributación en el IRPF de las indemnizaciones por despido a partir de 2.000 euros por año trabajado (la indemnización equivalente a un año de salario de 20.000 euros) . Pero hay más: se reducen las deducciones por alquileres, se elimina el mínimo exento por cobro de dividendos (1.500 euros) y se reduce de 10.000 euros 8.000 euros la cantidad exenta de tributar por aportaciones a fondos de pensiones.

En la letra pequeña del Anteproyecto que ahora entra en proceso de consulta pública hay nuevas buenas noticias para grandes empresas y para la banca. Los bancos seguirán pagando el 30% por impuesto de sociedades, pero a cambio, mantendrán vivos los créditos fiscales (40.000 millones) que tienen en la recámara y reconocidos como posibilidad de cobro.

Las grandes empresas, además de reducir el tipo del 30% al 25% en dos años y no tributar por el 10% de los beneficios que no repartan, podrán beneficiarse de una exención del 85% en el impuesto eléctricoimpuesto eléctrico siempre que la factura eléctrica suponga más del 50% de su proceso productivo. Hasta ahora, la exención se limitaba a empresas metalúrgicas, azulejeras y del aluminio.

Premio para la banca

La banca también obtiene premio. Además de mantener vivos los créditos fiscales, Hacienda ha aprobado un plan de ahorro a largo plazo (Ahorro 5) por el cual quien mantenga un depósito bancario a un plazo de más de cinco años, no pagará por los rendimientos de capital que genere. La medida, limiitada a una aportación de 5.000 euros anuales por contribuyente, animará la captación de ahorro por los bancos. A cambio, éstos tendrán que garantizar al menos 85% de la inversión a su vencimiento. 

Para compensar los regalos, el gobierno ha decidido que tributen las indemnizaciones por despido improcedente a partir de 2.000 euros por año trabajado (pagarán con efecto inmediato los despedidos a partir del día 20 de junio). La justificación de la medida corrió a cargo del secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferré. Ha habido, explicó "un abuso de la utilización de los despidos improcedentes". Por ese motivo "se incorpora un mínimo exento equivalente a 2.000 euros por año trabajado, que aproximadamente equivale a un mes de salario". Todo lo que supere este nivel, añadió, tendrá que tributar.

Una mala noticia para quien sea despedido. Agravada si vive de alquiler y tiene menos de 35 años. A partir del 1 de enero de 2015, el importe deducible del alquiler, del 60% para los propietarios, baja al 50%. Para los inquilinos, a partir del 1 de enero de 2015, la deducción, simplemente desaparece.

Un guiño al cine

Como parte de los guiños a sectores que han sido muy críticos con la gestión de los impuestos por el Gobierno del PP (IVA cultural), Montoro anunció una leve mejora en el tratamiento de la industria del cinero, que puede extenderse, señaló a actividades teatrales.

Así, según se recoge en el anteproyecto de la reforma, el porcentaje de deducción por inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales sube del 18% al 20%. Será sólo para el primer millón de euros, ya que el resto de la inversión solo permitirá deducirse un 18% en el impuesto de Sociedades.

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Con el cuidadoso juego de rebajas y eliminación de deducciones en marcha, el Gobierno confía sobre todo en la vigencia del teórico Laffer (a menos impuetsos, más actividad, más recaudación). La reforma, aseguró Montoro, tendrá un coste bruto de 9.000 millones de euros en dos años. Pero el coste neto, añadió, se ajustará a lo previsto en el Programa de Estabilidad enviado a Bruselas: alrededor de 7.300 millones de euros.

Son cuentas que no convencen a la Comisión Europea. Bruselas ha criticado  la reforma fiscal aprobada por el Gobierno español por no incluir una rebaja de las cotizaciones sociales y una subida del IVA y de los impuestos medioambientales para impulsar la creación de empleo, y por mantener y ampliar las deducciones en el impuesto sobre la renta.

El Ejecutivo comunitario ha expresado además su preocupación por la posibilidad de que la rebaja del IRPF provoque que España incumpla los objetivos de reducción de déficit pactados con la UE, que se sitúan en el 5,5% en 2014, el 4,2% en 2015 y el 2,8% en 2016.