Fraude fiscal: un crimen con muy poco castigo

"La familia Pujol se ha librado del delito fiscalfamilia Pujol sobre sus cuentas de Andorra". Así de rotundo se expresa José María Mollinedo, el secretario general de los técnicos de la Agencia Tributaria (Gestha).

Según esta versión, Jordi Pujol Ferrusola, que desde el pasado 29 de julio está imputado por un presunto delito contra la Hacienda Pública (delito fiscal), podría haber regularizado sus cuentas secretas con una simple declaración complementaria. Y solo con eso podría sortear la imputación del juez Pablo Ruz.

Para comprobar la veracidad de la opinión de Mollinedo basta con consultar el apartado cuatro del artículo 305 del Código Penal, que fue reformado en enero de 2013. Y ahí se constata que, si unos fondos se regularizan antes de que el investigado tenga constancia de las pesquisas tributarias o judiciales, esa normalización se considerará voluntaria, por lo que conseguirá evitar el delito.

'Caso Botín'

La modificación del Código Penal se produjo poco después del caso Botín. La Agencia Tributaria bajo el Gobierno socialista se puso en contacto con todos los integrantes de esta familia tras conocerse, gracias a la lista Falciani, que disponían de casi 200 millones de euros en Suiza.

La posibilidad de que Emilio Botín o cualquiera de sus familiares con cuentas en Suiza fuera condenado por un delito fiscal implicaría su salida de los consejos de administración de las entidades que encabezan, tal y como exige la Unión Europea. Al igual que el expresidente catalán, los Botín alegaron que el dinero que tenían fuera de España se debía a una herencia familiar. 

Fue entonces cuando la Agencia Tributaria se puso en contacto con la familia Botín, antes de que fueran imputados por el juez. Los banqueros aprovecharon el aviso para regularizar su situación y evitaron así la condena por fraude fiscal, que habría expulsado a Emilio Botín del consejo de administración del Santander: "El mismo trato de favor a los Botín lo recibieron en total 659 presuntos defraudadores", recuerda Mollinedo, quien sostiene que para evitar que se repita el caso Botín se incluyó el mencionado apartado cuatro del artículo 305 del Código Penal.

Guerra en BBVA

Precisamente, la imputación de Emilio Ybarra por delito fiscal fue uno de los detonantes de la guerra que se vivió en 2005 en el seno del BBVA. Tras la fusión del Bilbao-Vizcaya con Argentaria, se instauró en la entidad financiera una bicefalia en la presidencia: Francisco González y Emilio Ybarra. Pero la imputación de Ybarra por las cuentas en la isla de Jersey, en el Canal de La Mancha, provocó la salida de este último, dejando en manos de González la segunda entidad financiera española tras el Santander.

El secretario general de los técnicos de Hacienda compara el tratamiento que se hace a un defraudador con un ladrón arrepentido: "Si un delincuente comete un robo, reconoce su delito y devuelve lo robado, seguirá imputado por robo". Y como máximo se beneficiará de una atenuante, todo lo contrario que los defraudadores: si regularizan sus cuentas evitan el delito. 

Por eso la principal conclusión de los técnicos de Hacienda es que la normativa está hecha para que nadie acabe imputado por un delito contra la Hacienda Pública. Además, la legislación da otra posibilidad más a los defraudadores para sortear la cárcel si el imputado abona el dinero escondido al fisco.

Código Penal

La reforma del Código Penal del actual Gobierno incluyó un apartado sexto al mencionado artículo 305. En él se especifica que una persona imputada por delito fiscal podrá obtener una rebaja de uno e incluso dos grados si regulariza en dos meses su situación con Hacienda y reconoce los hechos. La rebaja de un grado implica la mitad de la pena mínima; dos grados, un cuarto de la pena mínima.

Este último punto aclara por qué los presuntos defraudadores descubiertos acaban reconociendo su delito y pagando importantes sumas de dinero. En el caso reciente del jugador de fútbol argentino Lionel Messi, lo primero que hizo éste tras ser descubierto fue presentar declaraciones complementarias por 53 millones de euros. No obstante, Messi no se ha librado de la imputación, aunque la Fiscalía sí ha solicitado exonerar al astro sudamericano, que difícilmente pisará la cárcel.

Ana Torroja

El caso de la cantante Ana Torroja tiene aspectos diferentes. La confesión se realizó durante el juicio. Pagó 1,4 millones de euros y fue condenada a un año y tres meses de cárcel. Sin antecedentes penales, la excantante de Mecano no ingresará en prisión. El Código Penal no establece la encarcelación cuando la pena es inferior a dos años de cárcel y no existen antecedentes penales.

Por su parte, la también cantante Montserrat Caballé, a los pocos días de que la Fiscalía presentara la querella contra la soprano, de 81 años, entregó a Hacienda 300.000 euros. Así, intentaba que la Fiscalía rebaje la petición de cárcel.

Con estos antecedentes se explica el escaso éxito de las sucesivas regularizaciones fiscales. Cuatro en total durante la democracia: en 1977, 1984, 1991 y la reciente de 2012. "Solo el 3% de los defraudadores se acoge a estas sucesivas amnistías: ¿Y por qué tan poca gente? Pues porque los paraísos fiscales les dan mucha seguridad. Solo si están a punto de ser descubiertos legalizan su situación", completa el técnico de Hacienda, quien sostiene que las amnistías salen "gratis".

Un chollo

Y eso que las regularizaciones son auténticos chollos para los defraudadores. Por ejemplo, un millón de euros en Suiza, que se ha ido formando a lo largo de 20 años con ingresos de 50.000 euros anuales en 20 años, se  legalizarían pagando tan solo 15.000 euros. ¿Por qué muy poca gente regulariza su situación fiscal? Porque están seguros de que no les van a detectar. Como, por ejemplo, ha pasado con la familia Pujol, en la que solo dos hijos del expresidente catalán regularizaron su situación fiscal: Oleguer y Josep.

Pero no solo la reciente amnistía fiscal es muy blanda con el defraudador. La de 1991 les obligaba a comprar deuda pública del Estado. Y esa inversión tenía que mantenerse al menos durante cinco años, aunque a un interés más bajo del mercado. La de 1984 se centró en Pagarés del Tesoro. Se hizo una retención del 45% de los intereses, pero el defraudador recibía todo su capital. Las amnistías son muy rentables.

Pese a ello, un informe del banco norteamericano Merril Lynch asegura que las caribeñas Islas Caimán, con menos de 60.000 habitantes, se ha convertido en la quinta plaza financiera del mundo. Sin necesidad de ir tan lejos, todavía hoy Suiza no facilita la información de forma automática a iniciativa propia. Solo lo hace en el caso de que exista una sospecha de que se haya cometido blanqueo de capitales.

Juan Carlos de Borbón

No obstante, la colaboración con los paraísos fiscales o con los gobiernos opacos ha aumentado tras el atentado de las Torres Gemelas. "Gracias a eso hemos conocido la herencia de Juan Carlos de Borbón en Suiza, las cuentas de Urdangarin y ahora hemos detectado las de la familia Pujol. Pero todavía la colaboración podría mejorar, pues solo suministran la información que solicitan los jueces. Y un ejemplo de ello es el caso Gürtel, en el que el magistrado solicitó datos sobre transferencias de unas cuentas a Suiza. Pero con la investigación ha detectado nuevas transferencias en otros bancos, que no habían sido comunicados por las autoridades helvéticas", completa Mollinedo.

Fuentes de la Agencia Tributaria resaltan a infoLibre que en el caso de los Pujol pudo haber un chivatazo del mismo banco al que el juez solicitó inicialmente la información de las cuentas offshore. Tras recibir el requirimiento judicial, el banco podría haberles avisado. Algo que podrían haber aprovechado los Pujol para regularizar su situación fiscal, evitando la imputación del delito.

Paraísos fiscales

Según el auto del pasado 29 de julio, el 18 de febrero el juez solicitó por primera vez información a las entidades bancarias BBVA, Credit Suisse, Banco de Finanzas e Inversiones, Banco Santander y Banca Privada Edmond de Rothschild Europe sobre 18 operaciones de casi 33 millones en divisas en varios países, entre los que se encuentran Andorra, Luxemburgo, Croacia, Suiza, Liechtenstein e Islas Caimán. Y gracias a eso los Pujol pudieron ser avisados, algo imposible de saber en este momento.

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Un aspecto del fraude fiscal que también llama la atención es la postura numantina de los diferentes gobiernos españoles de mantener el límite del delito fiscal en 120.000 euros. Si la cuota defraudada es menor a esa cantidad, no hay delito. Una prueba de ello es el caso de los papeles de Bárcenas. El juez Ruz solo ha podido investigar los movimientos de la contabilidad b del PP que implicaban un fraude superior a 120.000 euros.

Frente a esta decisión, el fraude laboral o fraude contra la Seguridad Social se ha bajado hasta los 50.000 euros. Idéntica al límite instaurado contra los delitos cometidos con fondos de la Unión Europea.

Ante esta situación, el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural presentó el pasado 30 de julio una iniciativa en el Congreso en la que solicitaba la creación de una comisión de investigación sobre el fraude fiscal en España, con la intención de implementar medidas para su erradicación. Según el escrito, al que ha tenido acceso infoLibre, la economía sumergida en países del entorno europeo no supera el 8%, un porcentaje muy bajo, en comparación con el de España, que supera el 20%.