ONG y colectivos de mujeres temen cambios restrictivos en el derecho al aborto de las menores de edad

Cuando, en 2010, el PSOE impulsó la actual ley de plazos que permite el aborto libre hasta las 14 semanas el principal escollo para el consenso fue el referido a la interrupción voluntaria del embarazo de las menores de 16 y 17 años. Tras varias modificaciones durante su tramitación y desarrollo, esta norma estableció finalmente –a través de un real decreto– que las jóvenes de esa edad pueden decidir por sí mismas abortar aunque, para hacerlo, tienen que ir acompañadas por uno de sus padres. Sólo si la menor alega conflicto familiar el aborto se puede realizar sin consentimiento paterno, aunque para eso hace falta un informe médico por escrito que acredite que la decisión de no contarlo a los progenitores está fundada. 

Pues bien, este punto es el que el Gobierno del PP ha anunciado que quiere matizar tras haber anunciado que renuncia a seguir adelante con una contrarreforma que pretendía eliminar el aborto como derecho y que retrotraía a España a una legislación más restrictiva que la contemplada en la ley de supuestos de 1985. El presidente Rajoy dijo que se reformará la actual normativa para asegurar que las menores de 16 y 17 años necesiten del consentimiento paterno para interrumpir el embarazo. No obstante, Rajoy no dio más detalles así que por el momento es una incógnita saber en qué sentido irá esa modificación. 

Lo que parece más probable es que el Gobierno deje esta cuestión tal y como estaba prevista en el anteproyecto al que finalmente renunciará. Este texto establece que las chicas de 16 y 17 años precisarán para abortar del "consentimiento expreso de ella y el asentimiento de los titulares de la patria potestad" y que en el caso de que haya desacuerdo entre los tutores y la menor o ella alegue conflicto familiar será un juez el que "resolverá sobre la suficiencia y validez del consentimiento prestado por la mujer conforme al procedimiento legalmente establecido". De esta forma se obligaría a las jóvenes a hacer un auténtico periplo jurídico en el caso de que exista desacuerdo con sus progenitores. Teniendo en cuenta que el embarazo es un proceso gestacional creciente existe la duda de si los tiempos de la Justicia no son demasiado lentos para un proceso de tal calibre. 

La necesidad de cambiar la regulación de este punto es uno de los asuntos que más consenso aglutinó en las filas conservadoras. E incluso durante la elaboración de la norma en 2010 –antes del desarrollo que aportó concreción– tampoco entre los socialistas existía unanimidad en este punto. La Organización Médica Colegial también ha venido reclamando que se diera más seguridad jurídica a los facultativos. 

Es imposible determinar si la norma de 2010 ha influido de alguna manera en el número de chicas de 16 y 17 años que abortan o que lo hacen sin comunicarlo a sus progenitores porque no hay estadísticas oficiales que lo recojan. Los datos oficiales que publica el Ministerio de Sanidad no concretan este supuesto y tampoco ofrecen cifras desglosadas para esta franja de edad. No obstante, los colectivos de mujeres contrarios a la contrarreforma impulsada por el Gobierno de Rajoy y las clínicas abortistas aseguran que se trata de un supuesto excepcional porque la mayoría de adolescentes de esa edad que interrumpen sus embarazos lo hacen acompañadas de sus padres.

De hecho, según datos de un informe elaborado por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) sólo el 13% de las mujeres de 16 y 17 años que abortan lo hacen sin informar a sus tutores legales. Asimismo, este documento revela que el porcentaje de mujeres de 16 y 17 años que han realizado una interrupción de embarazo respecto al total del muestreo es del 3,23%. Estas cifras son fruto de un documento elaborado con los casos de 36.718 mujeres a las que se les realizaron abortos entre sus centros asociados entre julio de 2010 y octubre de 2011. La estimación que hace ACAI es que son alrededor de 500 las jóvenes que cada año abortan sin contarlo en casa. 

Críticas de ONG y colectivos de mujeres 

Lydia Vicente, abogada de la ONG Rights International Spain (RIS), considera que si se mantiene en este punto la redacción del anteproyecto afectará de forma negativa a los derechos de autonomía corporal y a la privacidad y confidencialidad de jóvenes menores de 18 años y de mujeres que se encuentran sometidas a un régimen de tutela legal. Cree que el texto "otorga a los jueces amplia discrecionalidad para autorizar o no el aborto cuando no se pueda obtener el consentimiento de los padres o tutores legales de la mujer o joven, con una clara inclinación hacia la opinión y los deseos de los padres y tutores legales". En este sentido, recuerda que el TEDH determinó en una sentencia reciente que no se puede considerar que la tutela legal confiere de forma automática a los padres de un menor el derecho a adoptar decisiones sobre los derechos reproductivos. 

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Desde la Plataforma Decidir Nos Hace Libres, la ginecóloga Isabel Serrano Fuster también apuesta por que la legislación respecto al aborto de las jóvenes de 16 y 17 años permanezca tal cual está reflejada en la ley de 2010 y sus desarrollos normativos. "Este anuncio revela una cierta obsesión en determinados sectores del PP por desacreditar a los jóvenes y hacerlos ver como personas alocadas, por desconfiar de su capacidad de decidir respecto a las relaciones sexuales, los métodos anticonceptivos o el propio aborto", señala. A su juicio, la norma que sigue en vigor "contempla perfectamente" el acompañamiento que requiere las jóvenes a la hora de tomar una decisión de este calado y no ha generado problemas destacables, no pone en peligro la salud ni la seguridad de las jóvenes y no afecta a sus vínculos familiares.

Serrano Fuster  cree que para ganarse a determinados sectores de su electorado el PP va a poner "en peligro" las vidas de jóvenes de casos extremos o familias de ideologías muy conservadoras que nunca tendrá en sus casas el apoyo necesario. "Consideramos que la ley debe tener un resquicio para esa minoría de chicas que no pueden informar ni contar con apoyo materno o paterno. Abocarlas por esa restricción a un aborto ilegal o peligroso va en contra de la protección que todo el mundo merece, más cuando están en situación de especial vulnerabilidad", subraya. Por otro lado, defiende que el anuncio es otro ejemplo más de la doble moral de los conservadores, pues considera que el anteproyecto del Gobierno del PP obviaba impulsar programas de educación sexual o acceso a métodos anticonceptivos. 

Por su parte, la presidenta de la asociación Mujeres Juristas Themis, Amalia Fernández, reclama al Ejecutivo que atienda a la "realidad social". Y añade que teniendo en cuenta que otras intervenciones como operaciones estéticas no precisan del permiso de los padres, en el caso del aborto debería ser la menor quien tome la decisión, "ya que es ella quien cargará con las consecuencias".